Los presidentes autonómicos socialistas rechazan acudir al debate contra la amnistía impulsado por el PP en el Senado

El Partido Popular avanza en su estrategia de usar al Senado como muro de contención frente al Gobierno en funciones y al equilibrio de fuerzas del Congreso valiéndose de la mayoría absoluta lograda el 23-J en la Cámara alta. Gracias a sus 143 senadores, y a ostentar la mayoría de la Mesa, el PP puede ralentizar la tramitación de leyes, impulsar mociones y activar comisiones, tanto de investigación como referidas a otros asuntos. Este miércoles, el grupo parlamentario popular ha dado un paso más en esa ofensiva al fijar el próximo día 19 de octubre una sesión de la Comisión General de Comunidades Autónomas. Los populares han citado a esa jornada a los presidentes autonómicos para que “expliquen su postura” sobre la amnistía a los encausados en el procés catalán, objeto de las negociaciones en la carrera a la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez. La intención de los populares es azuzar una eventual división dentro del PSOE invitando a los dirigentes territoriales a pronunciarse sobre la medida de gracia y la de mostrar músculo con la resistencia de sus presidentes autonómicos, más numerosos tras el 28-M, alzando la voz desde el Senado. Los barones socialistas con poder —Adrián Barbón, en Asturias; María Chivite, en Navarra, y Emiliano García-Page, en Castilla-La Mancha— no entrarán al juego.

El PP ha emitido un comunicado anunciando que la Mesa de la comisión —presidida por la popular Luisa Fernanda Rubi—, ha convocado la sesión a las 11 del próximo día 19. En dicho texto, afirma que “los presidentes de las comunidades autónomas comparecerán para debatir sobre la aplicación efectiva de los principios de igualdad ante la ley de todos los españoles, y de solidaridad entre las comunidades autónomas”. Pero, ¿están obligados a acudir a la reunión? ¿Qué cuestiones se dirimen?

Regulación. La Comisión General de Comunidades Autónomas viene regulada en el artículo 56 del Reglamento del Senado. Integrada por el doble de senadores que el resto de comisiones (60 miembros), es un órgano en el que puede haber “representantes de las comunidades autónomas”, pero no es obligatoria la presencia de los presidentes autonómicos: tienen la facultad de acudir o no, así como de delegar su asistencia en otros representantes —como consejeros—, explican fuentes parlamentarias.

Esa prerrogativa implica que el esfuerzo del PP caerá en saco roto, pues los presidentes autonómicos del PSOE no tienen por qué acudir a la cita del 19, y no lo harán. García-Page ya se ha manifestado abiertamente en contra de la amnistía, pero fuentes de su gabinete descartan su asistencia. Califican el cónclave de “maniobra partidista” y acusan al PP de “instrumentalizar el Senado”. Además, recuerdan que las Cortes de Castilla-La Mancha celebran justo el mismo día un pleno que García-Page no quiere eludir. La navarra Chivite también alega que en esa jornada hay previsto pleno en el Parlamento de Navarra, según fuentes de su entorno. Tampoco enviarán representantes en su nombre. En el caso de Barbón, el presidente asturiano se ha descartado ya a través de la red social X (antigua Twitter): “Esos días son los Premios Princesa de Asturias y mi compromiso está en mi tierra”.

El PP ya fracasó la semana pasada en su intento de dividir a los senadores del PSOE con una moción que pedía la reprobación de la amnistía en la Cámara alta. La iniciativa fue aprobada con los votos a favor del PP, Vox y UPN. Los socialistas votaron en contra en bloque. También los de Castilla-La Mancha.

Al margen de los barones populares —que se espera respondan a la llamada— y de la resistencia de los socialistas, hay otros tres dirigentes de partidos distintos: el presidente de Canarias, Fernando Clavijo —de Coalición Canaria, que gobierna con el PP—; el lehendakari Iñigo Urkullu —del PNV, cuyo portavoz parlamentario, Aitor Esteban, manifestó que prefería la amnistía a que gobernase Alberto Núñez Feijóo—y el presidente catalán, Pere Aragonès —de ERC, a favor de la medida de gracia—.

Qué se discute. En el seno de esta Comisión se discuten asuntos relacionados con las comunidades autónomas, tales como informar a los senadores sobre el Fondo de Compensación Interterritorial, la reforma de leyes que atañan a competencias de los territorios o la modificación de los Estatutos de Autonomía. En esta ocasión, el PP ha centrado la discusión sobre una amnistía aún no desarrollada ni desgranada, y lo hace al ostentar la presidencia y mayoría de la Mesa de la comisión. El presidente del Senado, el también popular Pedro Rollán, ya reconoció en la mañana de este miércoles que el PP pretende “buscarle las cosquillas al Gobierno” con su mayoría absoluta en la Cámara alta, en una entrevista en Cadena Cope.

En la pasada legislatura, la Comisión celebró tres citas, una en 2022 y otras dos en 2020. En noviembre de 2022, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, compareció para explicar los progresos relativos al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española. En noviembre de 2020, la sesión se centró en la reforma del Estatuto de la Región de Murcia. En abril de 2020, el debate giró en torno a la situación generada por el estado de alarma en las diferentes comunidades autónomas.

Origen. La Constitución concibe al Senado como una cámara legislativa de segunda lectura y de representación territorial, pero su utilidad se ha puesto en cuestión durante décadas. La Comisión General de Comunidades Autónomas se introdujo en el Reglamento del Senado en 1994 con la idea de potenciar su carácter territorial. La letrada María López Moreno de la Cala advirtió en la Revista de las Cortes Generales de abril de 2018 que “la tendencia a una actividad muy reducida en los trabajos” hasta entonces evidenciaba “la desconfianza en esta vía para llevar a cabo el control parlamentario al Gobierno en cuestiones territoriales, que se siguen reconduciendo preferentemente a las Comisiones específicas competentes por razón de la materia”.