El resultado de las elecciones generales del domingo dejó en el aire la formación de Gobierno, al no alcanzar ni el bloque de izquierdas ni el de derechas una mayoría suficiente en el Congreso para investir a Pedro Sánchez o a Alberto Núñez Feijóo, ganador de los comicios. En el caso del Senado, las urnas del 23-J sí dieron la mayoría absoluta a los populares. El sistema de elección directa de tres senadores por lista tiende a primar al partido más votado —el PP—, que obtuvo 120 de los 208 escaños en juego, y a los que sumarán otra veintena de asientos por designación autonómica. Dirigentes populares han avanzado que utilizarán la Cámara alta de muro de contención frente a la acción del Gobierno y de sus socios de investidura si el presidente en funciones logra los apoyos necesarios para repetir en el cargo. En esa hipótesis, el Partido Popular podría ralentizar la actividad legislativa y activar comisiones de investigación en la Cámara alta. Pero, ¿cuál sería su margen de maniobra?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una comparecencia en la que cargó contra el “sanchismo” —este miércoles, y en la que dio por hecho que Sánchez gobernará con los partidos nacionalistas—, incidió en que Feijóo tiene mayoría absoluta en el Senado, “que servirá para intentar frenar cualquier modificación del estatuto de Cataluña” y “del País Vasco”. La Constitución concibe al Senado como una cámara legislativa de segunda lectura y de representación territorial, pero su utilidad se ha puesto en cuestión durante décadas. El sistema de bicameralismo en España está diseñado de manera asimétrica, de forma que el Senado está subordinado al Congreso, y cuyas principales funciones son: control al Gobierno, legislativa, electiva y constitucional.

En lo que respecta a la actividad legislativa, la situación cambiaría si Sánchez es investido. Para lo que necesita del voto a favor de las fuerzas nacionalistas de ERC y Bildu, además de la abstención de Junts. En ese supuesto, y como en todas las legislaturas, las leyes aprobadas en el Congreso tendrán que ser ratificadas en el Senado. Aunque el PP no podría echarlas abajo. Lo que sí podría provocar el grupo parlamentario popular, con su mayoría absoluta, es alargar los trámites para su publicación definitiva en el BOE. La Cámara alta debe deliberar sobre textos ya aprobados por el Congreso en un tiempo acotado y breve: dos meses normalmente y 20 días en el caso de que se haya declarado urgente la tramitación. Es en ese momento cuando podría actuar el PP para ralentizar el proceso, mediante veto o enmiendas parciales.

Para rechazar por completo una ley, se requiere de mayoría absoluta, de la que gozan los populares. Mientras que para las enmiendas, basta la mayoría simple. En ambos casos, el texto vuelve luego al Congreso. Los diputados podrán levantar el veto, en una primera votación, por mayoría absoluta. Sánchez solo contaría con mayoría absoluta si suma los votos a favor de todo el arco parlamentario excluyendo a PP y Vox. Es decir, Junts también tendría que dar su sí, no valdría la abstención. De lo contrario, habría que celebrar otra votación, que deberá fecharse al menos dos meses después del veto otorgado por el Senado, y rechazarlo en esa segunda vuelta ya por mayoría simple. Para las enmiendas solo es necesaria la mayoría simple de la Cámara baja, por lo que afectaría mínimamente.

En cuanto a los estatutos de autonomía, la Constitución establece, en su artículo 152.2., que “una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes”. Luego, la reforma ha de ratificarse en las Cortes Generales mediante el mismo procedimiento que el descrito anteriormente, con el Senado subordinado al Congreso. Cuestión distinta sería reformar la Constitución.

En el caso de los Presupuestos Generales del Estado, se sigue un camino similar aunque con particularidades que no afectan a su visto bueno definitivo en el Congreso. Solo hay un caso en el que interviene el Senado antes que la Cámara baja, y es en la tramitación del Fondo de Compensación Interterritorial, como respuesta al espíritu por el que fue concebida la cámara.

Las comisiones como arma

Durante la rueda de prensa del miércoles, Ayuso amenazó además con activar, desde el Senado, comisiones de investigación que “den información real” sobre muchas “cuestiones que han estado ocultas” a los españoles, “porque el sanchismo ha utilizado las Cortes a su antojo”. También para “conocer qué pactos tiene con [Arnaldo] Otegui y con los golpistas catalanes”. Según el Reglamento del Senado, las comisiones de investigación se impulsan a instancia del Gobierno o con el apoyo de 25 senadores de grupos parlamentarios distintos. El PP podría pedirlas sumando a un parlamentario de otra formación, como el senador de UPN. Su contenido puede ser “cualquier asunto de interés público” y sus conclusiones serán expuestas a libro abierto. También, si se estima oportuno, se dará traslado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones que correspondan.

No sería la primera vez que un Gobierno está liderado por un partido político mientras en el Senado hay mayoría absoluta de otro. Cuando Sánchez fue investido tras la moción de censura a Mariano Rajoy, en junio de 2018, el PP también tenía mayoría absoluta. En la Cámara alta, precisamente, estaba en marcha una comisión de investigación impulsada por los populares sobre la financiación de los partidos políticos. Entre otros dirigentes, fueron llamados a comparecer el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, cuando Rajoy ya no era presidente. El mayor peso en la Cámara alta provoca a su vez mayor margen de actuación tanto para la composición de las comisiones como para marcar las reglas del juego de las mismas. Pero sus conclusiones no tienen efectos jurídicos directos. Durante aquella comisión, los grupos del PSOE, Podemos y Ciudadanos protestaron y llegaron a ausentarse en una sesión al considerar que se estaba haciendo un uso torticero de esta herramienta parlamentaria para desviar la atención sobre el proceso judicial de la caja b del PP.