La Fiscalía pide al Supremo que abra juicio oral contra Ponsatí por un delito de desobediencia

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que abra juicio oral contra la exconsejera de la Generalitat y actual eurodiputada de Junts Clara Ponsatí por un delito de desobediencia. La petición del ministerio público llega después de que, en julio pasado, el instructor del procés en el alto tribunal, Pablo Llarena, diera por terminada la instrucción con respecto a Ponsatí al estimar que existen indicios suficientes para que sea juzgada. Fuentes fiscales confirman que la petición, adelantada por OKdiario, se ha registrado este jueves.

Ponsatí ha sido una de las máximas beneficiarias de la reforma penal que eliminó la sedición del Código Penal. La exconsejera, que huyó de la justicia española en 2017, estaba procesada en rebeldía por ese delito —penado con entre 10 y 15 años de cárcel e inhabilitación—, pero, al desaparecer dicha figura penal, Llarena cambió su procesamiento por la de desobediencia, castigada solo con penas de inhabilitación y multa. La eurodiputada aprovechó ese cambio para volver a España y el instructor del procés la citó para el pasado abril, pero la eurodiputada de Junts le dio plantón, alegando que se encontraba en Bélgica por trabajo. Su abogado comunicó entonces al tribunal que no comparecería porque tenía obligaciones en la Eurocámara y porque había presentado una demanda de amparo en esa institución, reclamando que se encontraba protegida por la “inmunidad parlamentaria”. Ponsatí viajó de nuevo a Barcelona el 24 de julio, y ahí, tras ser detenida, fue llevada a un juzgado de guardia para comunicarle su procesamiento por desobediencia y poder seguir adelante con la causa. La exconsejera se acogió a su derecho a no declarar y, después de esa comparecencia, el magistrado consideró cerrada la instrucción.

Ese paso ha derivado en la petición que la Fiscalía ha presentado este jueves, el último trámite antes del juicio. El ministerio público la acusa de un delito de desobediencia grave (artículo 410.1 del Código Penal), por su papel durante el procés. Este delito establece: “Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”.

Aunque Ponsatí es eurodiputada, la inmunidad sobre la que tiene pendiente pronunciarse el Tribunal de Justicia de la UE no impide a Llarena actuar en su caso porque la exconsejera fue arrestada en España en virtud de la orden nacional de detención que tienen vigentes todos los fugados y que no está afectada por el blindaje que tienen los eurodiputados fuera del territorio español. Tras la eliminación del delito de sedición, Llarena no tenía previsto reactivar la euroorden contra Ponsatí, como sí pretende hacerlo contra el expresidente Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín, por lo que la posibilidad de juzgar a Ponsatí se fiaba al regreso voluntario de la eurodiputada, a sabiendas de que ya no se arriesgaba a entrar en prisión porque el delito por el que está procesada no está castigado con penas de cárcel.