Exteriores espera que ningún país vete este martes la elevación del catalán, euskera y gallego a idiomas oficiales de la UE

El Gobierno español confía en que ninguno de los socios comunitarios vete este martes la propuesta de convertir al catalán, el euskera y el gallego en idiomas oficiales de la UE y que el expediente pueda seguir adelante, según fuentes diplomáticas. No espera, sin embargo, que la propuesta sea aprobada en la reunión prevista en Bruselas, para lo que se requiere la unanimidad de los Veintisiete, ya que varios países han mostrado dudas sobre las implicaciones financieras, legales, administrativas e incluso operativas de la medida.

La elevación del catalán, el euskera y el gallego a la categoría de lenguas oficiales de la UE fue una de las condiciones que los dos grupos independentistas catalanes, Junts per Catalunya (JuntsxCat) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), pusieron para apoyar la elección de la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso, el pasado 17 de agosto, y ahora se ha convertido en la piedra de toque de la voluntad del PSOE de cumplir los acuerdos que alcance de cara a la investidura de Pedro Sánchez.

El mismo día 17, antes de la votación, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Alberes, remitió una carta a la Presidencia del Consejo de la UE en la que solicitaba el inicio del procedimiento para incorporar dichos idiomas al Reglamento 1/1958, que fija el régimen lingüístico de las instituciones europeas. Además, pedía que este punto se incluyera en el orden del día de la primera reunión del Consejo de Asuntos Generales, prevista para este martes.

El ministro, según fuentes diplomáticas, presentará la propuesta ante sus colegas e intentará despejar las múltiples dudas que ha suscitado, subrayando que España se hará cargo del coste de las traducciones, sobre cuyo importe no se ha avanzado ninguna estimación.

Las fuentes consultadas admiten que muy probablemente la propuesta no se aprobará este martes, pero subrayan que lo importante es que ningún socio la vete y pueda seguir su tramitación. “No hay que contar los votos, sino los vetos”, subrayan. El hecho de que España presida durante este semestre el Consejo de la UE y el ministro Albares sea el encargado de conducir el debate amplía su margen de maniobra.

En Exteriores no quieren poner plazo a la aprobación definitiva. Aunque el Gobierno ha pisado el acelerador, fuentes diplomáticas subrayan que “temas de este calado nunca se aprueban a la primera” y requieren un periodo de maduración. Recuerdan que la última vez que se elevó un idioma a la categoría de lengua oficial, el gaélico en 2007, el proceso duró dos años, a pesar de que figuraba en el tratado de la UE desde la incorporación de Irlanda, en 1973.

Ahora el problema es más peliagudo porque, por vez primera, se plantea convertir en lenguas oficiales de la UE idiomas que no lo son en todo el territorio de un país miembro y eso podría abrir la puerta a las alrededor de 60 lenguas minoritarias que se hablan en los Veintisiete, ampliando enormemente la lista de 24 idiomas oficiales de las instituciones europeas.

Finlandia y Suecia, de manera pública, y otros países de forma reservada han expresado su temor a que la medida aumente la carga burocrática y ralentice la aplicación de las decisiones de la UE. Para intentar disipar los reparos, el escrito presentado por la representación española ante la UE recuerda que el Tratado de Lisboa de 2007 ya reconocía el derecho de los Estados a realizar traducciones oficiales del mismo a los idiomas que determinaran y que España lo hizo al catalán, el euskera y el gallego, según avanzó La Vanguardia. Este hecho es posterior al intento fallido de 2004, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intentó hacer oficiales las tres citadas lenguas en la UE y se quedó a medio camino, con rango administrativo, pero no jurídico.

Aunque Exteriores asegura no tener ninguna duda sobre el encaje de la decisión, “comprende” que otros países quieran pedir informes jurídicos a los servicios del Consejo como ya han insinuado.

Unanimidad

Fuentes europeas indican que la propuesta española se someterá a las mismas normas que otras iniciativas que requieren unanimidad, como las sanciones contra Rusia, cuyas discusiones a veces se prolongaron semanas y hasta meses. “Se trabaja hasta que goza de la unanimidad, y entones es cuando se aprueba formalmente”, han indicado, dando a entender que la iniciativa está apenas en sus primeros pasos. Como han corroborado otras fuentes diplomáticas, aunque los socios no se oponen a examinar el asunto, la idea no es en ningún caso someterla de inmediato a un voto que no está maduro, pues siguen persistiendo múltiples dudas de tipo legal, práctico y político, más allá de los costes que está dispuesta a asumir España.

Mientras, las plataformas por la normalización lingüística del catalán, el euskera y el gallego han instado a la UE a aprovechar esta “oportunidad histórica” para demostrar el compromiso de los Veintisiete con la diversidad y el respeto a los derechos lingüísticos que, subrayan, son “derechos humanos”.