Vivir en un barrio de Málaga donde abundan las armas de fuego: La Palmilla se planta ante los tiroteos

La semana pasada un conductor intentó atropellar a un policía nacional durante un control en la barriada de La Palmilla, al norte de la ciudad de Málaga. En su persecución, otro de los agentes disparó al aire. Tres personas acabaron arrestadas en un incidente que no es novedad en la zona, donde ya hubo tiroteos en enero y mayo, cuando se recogieron 60 casquillos del suelo. Los vecinos denuncian que las armas son comunes y se utilizan ya sea para celebrar un cumpleaños o durante una riña familiar. En 2020 una bala perdida de un kalashnikov mató a un hombre que se asomó a la ventana al escuchar ruidos y en 2008 otra acabó con la vida de una mujer. Hartos, los residentes piden “más contundencia” a la Policía Nacional y “más recursos”. Dicen sentirse inseguros, como explican en un comunicado —el enésimo— en el que solicitan apoyo de las administraciones.

La Palmilla es un área que incluye seis barriadas donde residen unas 15.000 personas, la mitad de todo el distrito que lleva el nombre Palma-Palmilla. Su base son las viviendas sociales construidas en los años sesenta del siglo pasado. Desde entonces, arrastra “carencias estructurales no solo en los inmuebles, sino también en equipamientos, tejido comercial y servicios públicos”, denuncia el Observatorio de Desigualdad de Andalucía de 2023. El desempleo supera el 70% y la renta media anual por habitante ronda los 7.640 euros, según el informe de indicadores urbanos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que lo sitúa entre los diez barrios más pobres de España. El absentismo escolar es habitual entre una infancia que no encuentra referentes ni facilidades para estudiar y rara vez llega a la educación no obligatoria. La vivienda también trae cola. Muchas mantienen su titularidad pública, pero han pasado por las manos de diferentes propietarios y la especulación se dispara. Todo ello en un contexto donde clanes rivales mantienen un enfrentamiento que acumula decenas de detenidos.

“Los tiroteos son solo la punta del iceberg. Hay otras muchas cuestiones detrás. Entre ellas, saber qué lleva a medio barrio a portar armas de fuego”, afirma Juanma García, representante municipal en un distrito que suele ser noticia por actuaciones policiales a pesar de que “la inmensa mayoría de la población es gente buena, trabajadora, hospitalaria”. Más allá de las cifras de desempleo o pobreza hay una realidad de falta de oportunidades, prejuicios y una mirada ajena que prefiere no profundizar en las miles de realidades diferentes existentes en el barrio, una por persona. “A veces tenemos que ocultar que somos de aquí para encontrar un empleo”, subraya Rafi Virella, de 60 años, que ha criado a sus cuatro hijos en el barrio y que, como el resto de los residentes, sabe que hay sitios que es mejor evitar.

Sin embargo, este territorio está más marcado por la ausencia de servicios que por la peligrosidad. Un paseo por sus calles muestra falta de recursos, pero también mucha dignidad entre quienes sacan adelante a sus familias, como se ve cualquier mañana a la hora del desayuno en el bar Ferna. “Somos gente normal. Llevo aquí toda la vida y nunca me ha pasado nada”, señala Carmen Castillo, de 58 años. Se queja de que tras comprar en una gran superficie los empleados consultan con la dirección si el pedido se puede entregar en este barrio. Varias empresas de paquetería se niegan a entrar en él porque lo consideran “zona especial” y piden a sus clientes que recojan los paquetes en puntos externos. Hay taxistas que no suben a clientes si el destino es La Palmilla y empresas adjudicatarias de contratos municipales que intentan no pasar por la zona. “Cuando se rompe algo en una comunidad, llegamos a tardar semanas o meses en encontrar a quien venga a repararlo aunque tengamos dinero”, añade otro vecino, Antonio Jiménez de 46 años.

“Un problema social”

Los incidentes relacionados con armas de fuego se han hecho frecuentes en el distrito y eso ha cansado a los vecinos. Este año ya van tres, el último en mayo, al que siguió una paliza, horas después, a un hombre, que fue ingresado en la UCI muy grave con contusiones y cortes tras ser golpeado por varias personas. En los últimos años, dos personas han perdido la vida en el barrio —Mateo, de 74 años y Yolanda, de 32— y ahora, cada vez que suenan detonaciones, los vecinos se tiran al suelo en sus casas. Las operaciones policiales en Palma-Palmilla son frecuentes. La mayoría tienen detrás el tráfico de drogas y el cultivo de marihuana, que genera cortes de luz y problemas con los pisos, más rentables como viveros.

Tras los disparos de mayo y ante las quejas vecinales, el entonces subdelegado del Gobierno, Javier Salas, subrayó que se habían hecho más de un millar de actuaciones en La Palmilla en lo que iba de 2023 y que la raíz es “un problema social”. “Todos los malagueños sabemos lo que es Palma-Palmilla”, afirmó al tiempo que pedía al Ayuntamiento de Málaga que se implicara. El alcalde, Francisco de la Torre, le afeó sus palabras “impresentables” y dijo que era la Policía Nacional al que debía “ocuparse de este tema”. “No hagan de Palma-Palmilla un territorio comanche desde la política”, pedía José Miguel Santos, docente en uno de los colegios del barrio, en su blog, donde se refería a una realidad “compleja” que se debe abordar desde muchas perspectivas.

En medio de los reproches quedan los vecinos. Se sienten estigmatizados, encasillados entre prejuicios y estereotipos causados por una minoría y replicados por medios de comunicación y youtubers que buscan atención. Incluso han elaborado una guía con consejos sobre cómo informar de zonas desfavorecidas. García, Virella, Castillo o Jiménez forman parte del plan comunitario Proyecto Hogar, que nació en 2005 para realizar un diagnóstico, impulsar mesas de trabajo en distintos ámbitos y dar voz a los residentes. Primero recogieron los que aquí denominan los dolores del barrio, aquello que les duele a los vecinos, lo que falla y puede mejorar. Desde entonces mantienen un arduo trabajo con la implicación de dinamizadores, entidades sociales y todo el que quiera arrimar el hombro para revertir la situación mediante propuestas. Más de 300 personas participan en él.

“La idea es que no venga alguien a decirnos lo que necesitamos, sino que seamos nosotros quienes lo digamos”, explica Carlos Torres, otro de los responsables municipales de la iniciativa. Pone un ejemplo: “No queremos que venga el político de turno, haga una pirámide por pasar a la historia como el que la levantó si aquí no hace falta una pirámide”. Hace extensiva su reflexión a organizaciones sociales que trabajan con proyectos que no siempre son los idóneos para la zona. “Aquí no valen políticas generalistas, se necesitan soluciones muy específicas. Pero ni pedimos ni queremos más recursos, solo que los existentes tengan la capacidad de ser realmente significativos para el barrio”, insiste Juanma García.

No siempre llegan. Los vecinos aseguran que el Ayuntamiento de Málaga hace esfuerzos incluso en campos que no son de su competencia —como la rehabilitación de viviendas, en la que también participa la administración regional— pero que son insuficientes. Y que la Junta de Andalucía les ha olvidado. En 2011, con el socialista José Antonio Griñán como presidente, se aprobaron 80 millones de inversión en Palma-Palmilla. “No ha llegado nada”, dicen al unísono desde Proyecto Hogar, al tiempo que levantan la mano para pedir atención de la actual administración autonómica, liderada por el popular Juan Manuel Moreno. Dicen que su labor busca, “simplemente”, que este sea “un barrio normal”. “Solo quiero sentirme segura y tranquila en mi casa”, añade Rafi Virella, que ejerce de presidenta de la radio Color Comunitaria, proyecto pionero galardonado en numerosas ocasiones. Hasta tienen un premio Ondas.