El Consejo de Ministros aprueba el nombramiento de Delgado para la Fiscalía de Memoria Democrática

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, el puesto de nueva creación para el que la propuso la semana pasada su sucesor al frente de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz. El acuerdo del Gobierno llega después de que dos de las tres asociaciones con representación en el Consejo Fiscal pidieran este lunes al Ejecutivo que frenara la designación al entender que hubo irregularidades en el proceso y debe considerarse nula. La aprobación del nombramiento por parte del Consejo de Ministros abre la puerta a que las asociaciones, como han anunciado, recurran la designación por la vía judicial.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha defendido que la designación de Delgado ―quien fue ministra de Justicia en el primer Gobierno de Pedro Sánchez― ha sido “absolutamente transparente” porque las bases y la concurrencia a esta convocatoria de plazas se han publicado Boletín Oficial del Estado (BOE). En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez ha subrayado también que el nombramiento “no supone un ascenso” para la ex fiscal general ―ya fue ascendida en septiembre pasado a fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera― y que “el Gobierno actúa en la potestad que le corresponde” conforme a la Ley de Memoria Democrática por la que se creó esa plaza. “Esta ley viene a atender y dar respuesta a esas víctimas (...).Y lo correcto es no privarlas de esa oportunidad”, ha señalado la portavoz del Gobierno.

Las asociaciones tendrán que decidir ahora si llevan el nombramiento de Delgado al Tribunal Supremo, que ya tiene pendiente pronunciarse sobre otro recurso interpuesto por un candidato que aspiraba a la plaza de fiscal de sala de lo Militar que fue asignada a la ex jefa del Ministerio Público. Las dos asociaciones que están planteándose impugnar el nuevo nombramiento ―la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF)― se negaron el pasado jueves a participar en la votación previa a la designación, y esta es la baza que pretenden jugar a su favor: el trámite de la votación es preceptivo, aunque no vinculante, y la negativa de estos vocales a participar no puede considerarse una abstención ni un voto negativo, por lo que el trámite, aseguran se ha incumplido.

Las asociaciones reprochan también que el fiscal general se negase a estudiar si existía una causa de incompatibilidad de Delgado para ejercer la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, como denuncian la AF y APIF, basándose en que su pareja, el exjuez Baltasar Garzón, dirige Figbar, una fundación dedicada a proteger los derechos humanos. Las asociaciones apoyan su queja en que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prohíbe el ejercicio de los fiscales “en las Fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función, a juicio del Consejo Fiscal”. La negativa de García Ortiz a que el Consejo Fiscal se pronunciara sobre el nombramiento de Delgado supone, según las asociaciones, orillar el procedimiento marcado en la norma que regula el funcionamiento de la Fiscalía.

La AF dirigió este lunes un escrito a la ministra de Justicia, Pilar Llop, reclamándole que no elevara la propuesta de nombramiento al Consejo de Ministros, pero Llop ha seguido adelante con el trámite tras consultar con la Abogacía del Estado, que concluyó que la ley no preveía la posibilidad de que el Ministerio dejara en suspenso una propuesta de nombramiento formulada por el fiscal general.