El Gobierno de la Región de Murcia ha recurrido ante el Tribunal Supremo el plan hidrológico del Tajo, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de enero, por el recorte que supondrá en los envíos de agua del trasvase Tajo-Segura. El presidente murciano, Fernando López Miras, manifestó ese mismo día su intención de llevar el asunto a los tribunales, como también anunciaron sus homólogos de Andalucía y la Comunidad Valenciana. Este lunes, cuando finalizaba el plazo oficial para hacerlo, el dirigente popular ha corroborado que se ha formalizado el recurso, que incluye una petición de medidas cautelares para suspender “de forma inmediata” la aplicación del caudal ecológico que establece el plan de cuenca. Según el documento del Gobierno central, se subirá el mínimo de 6 hectómetros cúbicos por segundo que debe llevar el Tajo a su paso por Aranjuez para enviar agua al Segura hasta los 8,65 hectómetros cúbicos en 2027. Según los regantes, la medida recortará el trasvase a la mitad que actualmente.

El pasado 23 de marzo, cuando el Consejo de Gobierno murciano aprobó la presentación del recurso, su portavoz, Marcos Ortuño, explicó que centrarían sus alegaciones en la idea de que la normativa estatal y los caudales ecológicos se basan en criterios ideológicos y no científicos, y también en que el proyecto fue aprobado “de manera unilateral” por el Consejo de Ministros, modificando el acuerdo previo que se había adoptado en la Comisión Nacional del Agua. Otro de los argumentos, según dijo, es el de la incompatibilidad entre el plan de cuenca del Tajo y el del Segura.

Para López Miras, el recorte del trasvase parte de una “decisión política, ideológica y sectaria” ya que no se basa “en ningún dato objetivo ni informe científico o técnico” que justifique el impacto positivo de recortar el trasvase, ni en el plano social, ni medio ambiental ni económico. Sí hay en cambio estudios, ha defendido este lunes, que avalan el impacto negativo. Entre ellos, uno de la Confederación Hidrográfica del Segura, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que ha elaborado los planes de cuenca, de finales de marzo del año pasado, en el que el organismo calculaba una pérdida de 12.000 hectáreas de cultivos en Murcia, Alicante y Almería con el recorte del trasvase.

El Gobierno central apuesta por suplir esa reducción de agua procedente del trasvase con un aumento de la desalación, una solución que por el momento no ha convencido a las tres comunidades autónomas afectadas.

“Decisión unilateral”

Andalucía se sumó el pasado 21 de marzo a las reclamaciones interpuestas por los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y Murcia el plan hidrológico aprobado por el Ejecutivo central. En su recurso ante el Tribunal Supremo, la Junta de Andalucía ha alegado que la modificación del caudal se ordenó sin “contar con informes técnicos ni jurídicos que la respalden” y se tomó “de forma unilateral” por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, “modificando el acuerdo alcanzado por las comunidades autónomas en el Consejo Nacional del Agua, donde se consensuó un aumento hasta los seis metros cúbicos por segundo”, según explicó la consejera de Agricultura, Carmen Crespo. La administración regional rechaza “el recorte” de 105 hectómetros cúbicos, hasta los 8,6 metros cúbicos por segundo. La dirigente popular alegó asimismo que la decisión del Gobierno central “pone en riesgo la supervivencia de 23.000 hectáreas de cultivo; y los aportes que diversos municipios del levante de Almería reciben del trasvase Tajo-Segura para abastecer a alrededor de 150.000 personas”, informa Eva Sáiz.