Subsidios e indemnizaciones para políticos en paro

Decenas de diputados autonómicos finalizan estos días su actividad parlamentaria a dos meses de la cita en las urnas del próximo 28 de mayo. Algunos no repetirán en las listas. Otros pueden perder su escaño. En uno u otro caso, el cese en su actividad genera en la mitad de las comunidades autónomas opción a percibir una retribución económica: una especie de subsidio por desempleo similar al de los trabajadores por cuenta ajena y al previsto en el Congreso para los diputados nacionales, según los datos recabados por este diario, pues los parlamentarios no gozan del derecho a paro. Otras regiones han incorporado en las últimas semanas esta figura a su normativa, poco antes de la disolución de las Cámaras por la convocatoria de las elecciones en los 12 territorios que celebran comicios autonómicos.

Tres comunidades prevén remuneraciones superiores para los presidentes de sus Cortes cuando no continúan en el cargo, como la presidenta suspendida del Parlament Laura Borràs, condenada a cuatro años y medio de cárcel y a 16 de inhabilitación.

Congreso y Senado. El reglamento establece que “quienes hayan sido miembros de las Cortes Generales y cesen en dicha condición tendrán derecho a una indemnización” que se cargará al presupuesto de las mismas. Una cuantía que equivale a la asignación constitucional mensual, algo así como el sueldo bruto al mes sin complementos. El número de mensualidades corresponde con el de los años de mandato ejercidos o fracción superior a seis meses —con un máximo de 24—. El importe es de 3.126,89 euros al mes por exdiputado nacional.

Tres diputados han dicho adiós en las últimas semanas. Bernardo Fuentes Curbelo (PSOE)—Tito Berni, que dejó el escaño instado por el PSOE tras ser imputado en la trama corrupta del caso Mediador—, Alberto Casero (PP) —renunció al acta después de que el Tribunal Supremo le abriera juicio oral acusado de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos cuando era alcalde de Trujillo— y Teodoro García Egea (PP) —dejó atrás su vida política un año después de la caída de Pablo Casado—. Fuentes Curbelo y Casero solicitaron ejercer sus derechos económicos tras abandonar el hemiciclo. Al exdiputado socialista le correspondían unos 10.000 euros por unos tres años de ejercicio y, al popular, 12.500 euros por más de cuatro.

Las cantidades fueron aprobadas por los servicios de la Cámara baja al poco de cursar la petición, confirman fuentes oficiales del Congreso, ya que el reglamento no recoge incompatibilidad alguna con el eventual procesamiento o investigación judicial de los diputados. Tampoco había referencias previas a un caso similar, reconocen desde la Cámara baja. Por contra, García Egea, de vuelta en el sector privado, renunció al dinero, pues el derecho a ingresar estas mensualidades sí es incompatible con la percepción de otras retribuciones, ya sean públicas o privadas.

Según los datos del portal de Transparencia, ningún diputado disfrutaba ahora de la indemnización por cese. Lo que sí se abona en este momento desde el Congreso son las pensiones de un centenar de exdiputados jubilados. Un complemento eliminado en 2011 e instaurado en la Transición para aquellos parlamentarios que con su trabajo no llegasen a la pensión mínima. Aunque el precepto fue derogado, hay quienes lo siguen percibiendo al haber adquirido el derecho con anterioridad. Unos 125.000 euros se consignaron en total en febrero para estas jubilaciones. En el caso del Senado, se destinó en marzo una partida de 129.000 euros para pagar las pensiones a 118 exsenadores que aún tienen derecho a ella, a los que hay que añadir otros 91.000 euros en concepto de complementos de ingresos para exsenadores y cónyuges viudos. En cuanto a la indemnización por cese, solo la percibe ahora una senadora, la socialista Patricia Abascal, durante cuatro meses.

Diputados autonómicos. En las comunidades autónomas, las Cámaras se han disuelto la pasada semana por las elecciones de mayo —en los territorios que celebran comicios—, debido a la convocatoria formal de la cita en las urnas. EL PAÍS ha examinado todas las comunidades (17) y las dos ciudades autónomas para constatar qué parlamentos regionales ofrecen algún tipo de retribución a sus diputados similar al que facilita el Congreso tras dejar el escaño. Las Cámaras que sí contemplan algún derecho económico parecido son: Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Murcia, País Vasco y Navarra, según los datos aportados por fuentes parlamentarias regionales. La cuantía, forma, duración y requisitos varían mucho según el territorio. Eso sí, la mayoría están sujetos a incompatibilidades, como percibir ingresos de otro tipo. Los diputados no tienen derecho a paro, por lo que esta medida está ideada “para cubrir el tiempo hasta que se incorporen a otra actividad”.

El Parlamento de Canarias incluyó en el último pleno de la legislatura la indemnización por cesantía para sus diputados, una figura no regulada hasta la fecha. También en su último debate parlamentario, Asturias aprobó el nuevo Reglamento de su Asamblea regional después de dos años de negociaciones. El futuro texto contempla precisamente una “indemnización de transición” para los diputados al abandonar el cargo. Pero no tendrá aplicación inmediata, sino que será la Mesa de la próxima legislatura la que, “previo parecer favorable de la Junta de Portavoces”, decida si explora su regulación. En Galicia no está recogido expresamente, pero la Mesa de la Cámara puede acordar el abono de un determinado importe a sus parlamentarios al finalizar el mandato.

Presidentes de parlamentos autonómicos. Además de la remuneración como exdiputado, hay tres Cámaras regionales que recogen otras compensaciones económicas añadidas: Cataluña, Galicia y Navarra. Los presidentes de cada uno de estos tres parlamentos pueden gozar de una retribución superior tras el fin de su ejercicio como máxima autoridad en las Cortes. En Navarra, el derecho al disfrute es de dos años de cesantía por un importe del 80% del ingreso que venía percibiendo como presidente del Parlamento (unos 78.500 euros brutos). En Galicia, la norma prevé una compensación al mes equivalente al 80% de la retribución mensual y por un periodo equivalente a la mitad del tiempo que hayan permanecido en el cargo —con 24 mensualidades como máximo—. En total, el presidente del Parlamento gallego cobra unos 108.500 brutos al año.

Respecto a Cataluña, la normativa vigente fija una retribución temporal del 80% del salario y una pensión de jubilación vitalicia equivalente al 60% del sueldo (para quienes hayan ostentado el cargo al menos dos años). Este salario vitalicio no es compatible con la primera asignación y es hereditaria, se puede transferir a los viudos o hijos menores en un 50% de su cuantía. En 2022, tres expresidentes del Parlament percibieron esta pensión vitalicia: Joan Rigol, Carme Forcadell y Núria de Gispert (79.999 euros cada uno). Además de la viuda de Joan Raventós (39.999 euros).

Condenada a cuatro años y medio de cárcel y a 16 de inhabilitación por fraccionar facturas, a la presidenta suspendida del Parlament Laura Borràs le corresponde en principio ejercer sus derechos económicos por su cargo. A raíz de su imputación, las formaciones En Comú Podem y PSC se movilizaron para que, si finalmente había una condena, Borràs no pudiera acceder a la remuneración como expresidenta. Una sentencia que llegó el 30 de marzo. Pero para evitar que aspire a esas cantidades hay que reformar la normativa, y los votos de ERC serían necesarios. Los exsocios de Junts anunciaron que no se moverían hasta que no llegase la sentencia.

Ahora, tras el pronunciamiento del Tribunal Superior de Catalunya, la pelota queda en el tejado de ERC. Si la reforma no saliese adelante, a Borràs le correspondería cobrar una indemnización total de 496.000 euros como expresidenta, en el caso de confirmarse su suspensión. En cualquier caso, Borràs podría percibir las cantidades correspondientes a diputada autonómica rasa. Antes de ser suspendida, cobraba unos 155.000 euros anuales, informa Camilo S. Baquero.

Pero no todo es dinero. Hay otras comunidades, como Extremadura, en las que los expresidentes del Parlamento regional disfrutan de otras prerrogativas: disponen de la “oficina de expresidente” para su disfrute y se les facilitan tres personas de confianza más un coche.

Las regalías de eurodiputados y en otros países

Los eurodiputados pueden comenzar a recibir una pensión cuando cumplen los 63 años. La cuantía asciende un 3,5% del sueldo que se percibe como parlamentario por cada año completo. Es decir, quien haya sido parlamentario durante 10 años cobra un 35% de la nómina de un eurodiputado en ejercicio, que este año asciende a 9.800 euros brutos al mes. Hay un límite: la pensión no podrá superar el 70%. Informa Manuel V. Gómez.

En Alemania, los diputados del Bundestag, que no tienen derecho a paro, también gozan de una “indemnización transitoria” cuando dejan el escaño, equivalente a su sueldo mensual (actualmente 10.323 euros brutos, en 12 pagas). Tienen derecho a percibir un mes por cada año de mandato, con un máximo de 18 meses. A partir del segundo mes, se les descuenta cualquier otro ingreso que reciban, público o privado. Informa Elena Sevillano.

En Italia, los parlamentarios tiene derecho a una pensión vitalicia a partir del décimo año de mandato. Ese es el motivo por el que, en muchas ocasiones, algunos diputados y senadores se oponen a hacer caer un gobierno anticipadamente, informa Daniel Verdú.

En Portugal, en 2022 había antiguos altos cargos con derecho a recibir una pensión mensual vitalicia, aunque una veintena las habían suspendido por decisión propia o por realizar una actividad incompatible con ellas (casi siempre, otro cargo público). El importe mensual oscilaba entre 900 y 13.000 euros. En 2005 se revocó la ley de 1985 que concedía pensiones mensuales vitalicias a los diputados, además de al primer ministro, el presidente de la Asamblea de la República, los miembros del Gobierno, los representantes del Gobierno en las comunidades autónomas, los miembros del Consejo de Estado, los alcaldes y los jueces del Tribunal Constitucional que no fuesen magistrados de carrera, informa Tereixa Constenla.

En el Reino Unido, dependiendo de los años servidos en la Cámara de los Comunes, la indemnización puede ser de entre el 50% y el 100% del salario anual (que supone unos 95.000 euros al año), y los primeros 34.000 euros están libres de impuestos. Informa Rafa de Miguel.