La comisión del ‘caso Cuarteles’ deriva en un cruce de acusaciones sobre corrupción entre el PP y el PSOE

La segunda y última sesión de la comisión parlamentaria para abordar el caso Cuarteles, en la que este jueves han comparecido el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y el general de la Guardia Civil Arturo Espejo, ha derivado en un nuevo cruce de acusaciones sobre corrupción entre el PSOE y el PP. Mientras los socialistas insistían en que la trama de amaño de adjudicaciones en las obras de 13 comandancias de la Guardia Civil que era el objeto de la comisión era responsabilidad del último gobierno de Mariano Rajoy y abogaba por cambiarle el nombre por el de caso Zoido, en referencia al que era el ministro del Interior cuando se produjeron las supuestas irregularidades, los populares insistían en hablar del que han bautizado como caso tito Berni, en referencia al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo salpicado por el caso Mediador, y poner en duda el patrimonio inmobiliario de la recientemente dimitida directora general del instituto armado, María Gámez. Entre medias, alusiones a la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, al espionaje ilegal al extesorero Luis Bárcenas, al patrimonio de la senadora y alcaldesa de Marbella, la popular Ángeles Muñoz; a la muerte de 23 inmigrantes cuando intentaban entrar en Melilla e, incluso, al acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco y Navarra. Eso sí, con un tono menos bronco que el pasado lunes, cuando compareció en la comisión el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La sesión comenzó con la intervención del Rafael Pérez, número dos de Interior, quien, como hizo el lunes Grande-Marlaska en el mismo escenario, responsabilizó a los populares de intentar “tapar” la existencia de la trama destapada por el caso Cuarteles, en el que está investigado el teniente general Pedro Vázquez Jarava. “Con los gobiernos del PP las investigaciones se cierran y se impide su envío a los órganos judiciales. Con el Gobierno actual las investigaciones prosiguen”, ha afirmado en referencia al archivo de las pesquisas de estas irregularidades hizo en diciembre de 2017 el que fue el último director general del instituto armado con Rajoy, José Manuel Holgado. No obstante, Pérez ha recalcado que la supuesta red de corrupción destapada se compone de “hechos puntuales, de personas aisladas”.

El secretario de Estado, en una intervención muy técnica en la que ha detallado las funciones del Servicio de Asuntos Internos, responsable de la investigación del caso Cuarteles, también ha hecho una defensa a ultranza de la gestión al frente de la Guardia Civil, María Gámez, quien dimitió la semana pasada tras la imputación de su marido en un caso de corrupción. Pérez ha recalcado que muchas de las mejoras en el instituto armado que había detallado en su intervención habían sido posibles “gracias a la iniciativa, decisión e impulso” de la dimitida directora general. “Es un ejemplo para todos que no podrá ser ensombrecido nunca por ninguna falsedad disfrazada de tinta y voceada por aquellos que temen que la comparativa engrandezca sus miserias”, añadió en referencia a recientes informaciones periodísticas que hablan de un supuesto incremento del patrimonio inmobiliario de Gámez en los últimos años y que el PP ha aireado en sus últimas intervenciones parlamentarias.

De hecho, el diputado popular Eloy Suárez lo ha vuelto a hacer este jueves para acusar a Interior de intentar “tapar la corrupción del PSOE” con la comisión del caso Cuárteles. El diputado, que ha intervenido cuando aún no era público el contenido de la sentencia que anulaba el cese del coronel Pérez de los Cobos, ha aludido también a la reciente sentencia del Supremo que ha anulado el cese del coronel Pérez de los Cobos, que ha calificado de “bofetón” a Grande-Marlaska. También se ha referido a este fallo la portavoz de Vox en la comisión, Teresa López, quien ha reclamado la dimisión tanto del ministro como del propio secretario de Estado tras la resolución judicial. López ha acusado al Gobierno de “corrupción del honor y la memoria de las víctimas del terrorismo” por haber puesto punto y final la semana pasada a la política de dispersión de los presos de ETA.

La respuesta la ha dado la diputada socialista Sonia Ferrer, que acusó al PP de utilizar “noticias falsas y hacer acusaciones a la ligera”, en referencia a las alusiones al patrimonio de la exdirectora de la Guardia Civil, para que “hoy [por este jueves] no se hable de un caso de corrupción del PP”. Ferrer, que ha propuesto utilizar la denominación caso Zoido en lugar de caso Cuarteles, ha destacado los “oscuros años” que vivió Interior con “tropelías y excesos” durante el Gobierno de Rajoy en referencia al caso Kitchen, el espionaje ilegal a Bárcenas. “Sus intervenciones perjudican gravemente la vida política”, ha concluido la diputada socialista.

Más conciliadora ha sido la réplica del número dos de Interior, quien, sin embargo no ha pasado por alto la alusión que el diputado del PP ha hecho a la tragedia de Melilla. Pérez ha recordado que las diligencias que abrió la Fiscalía sobre aquel suceso habían sido finalmente archivadas y lo ha comparado, sin citarlo expresamente, con el caso Tarajal, en el que murieron 15 inmigrantes en Ceuta durante el Gobierno de Rajoy y en el que llegaron a estar imputado 16 agentes, aunque finalmente se archivó. Sobre la sentencia de Pérez de los Cobos, el secretario de Estado ha insistido en que “las razones” que llevaron a Interior a cesarle en mayo de 2020 “se mantienen”, en línea con lo que Grande-Marlaska ha defendido en los últimos días.