La corrupción de un segundo general sacude a la Guardia Civil

El general Francisco Espinosa Navas, uno de los presuntos cabecillas de la trama del caso Mediador, junto al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, no es el único con este rango en la Guardia Civil al que la justicia investiga por corrupción. Otro alto mando del instituto armado, el teniente general Pedro Vázquez Jarava, lleva desde enero del año pasado imputado por supuestos amaños en la adjudicación de cerca de 200 obras de mantenimiento en cuarteles de 13 comandancias.

Este general fue, hasta su retiro a principios de 2018, el responsable de la Subdirección General de Apoyo, uno de los puestos de mayor poder dentro de la Guardia Civil al gestionar los recursos financieros y patrimoniales de la institución. Por estos hechos también está imputado un segundo alto mando, el teniente coronel Carlos Alonso, de la comandancia de Ávila. Además, el Ministerio del Interior cesó este miércoles a un tercero, el coronel José María Tienda, jefe de la Guardia Civil en Tenerife, ante las sospechas de su implicación en los hechos.

La investigación que ha provocado la imputación de Vázquez Jarava por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental y malversación ha puesto bajo sospecha 193 contratos, principalmente de pintura e impermeabilización por un valor de 3,3 millones de euros adjudicados entre 2014 y 2019. Las pesquisas apuntan que en un conjunto de estas obras, en las que se invirtieron 99.173 euros, se produjo un desvío de 79.938 euros, el 80% de su valor. Los informes de la Guardia Civil sitúan como pieza clave del fraude al constructor canario Ángel Ramón Tejera de León, alias Mon, adjudicatario de los contratos a través de varias mercantiles domiciliadas en el archipiélago.

Este empresario también aparece citado en el sumario del caso Mediador por su participación en una reunión de varios de los implicados de esta otra trama, aunque fuentes de la investigación descartan por ahora una conexión entre ambos casos. Tejera de León reconoció en su declaración judicial su relación personal con el general y otros altos mandos del cuerpo, a los que presuntamente agasajaba con estancias en hoteles, viajes y entradas para ver partidos de fútbol del Real Madrid. También admitió que a veces no hizo en los cuarteles los trabajos que le contrataban, aunque aseguraba que los compensaba en otras adjudicaciones. Un segundo empresario, cuyos datos utilizó el empresario canario para hacer facturas, también está imputado.

Las pesquisas que han destapado la presunta corrupción del general Vázquez Jarava se iniciaron en mayo de 2018, después de que la Secretaría de Estado de Seguridad, del Ministerio del Interior, recibiera un escrito anónimo en que se denunciaban supuestas irregularidades en los contratos de obras de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila. Aquella delación fue remitida al Servicio de Asuntos Internos, responsable de investigar los presuntos delitos cometidos por los agentes del instituto armado. Las primeras pesquisas, que incluyeron un informe del interventor de la Guardia Civil en Castilla y León, ya reveló supuestas irregularidades en tres obras realizadas, entre abril de 2015 y noviembre de 2017, en sendos cuarteles de la provincia.

En concreto, las referidas a la rehabilitación de la fachada y un patio de la casa cuartel en Navarredonda de Gredos, donde únicamente se había ejecutado el 50% de la obra pagada; la rehabilitación y cambios de persianas en la de Hoyo de Pinar, donde no constaba que se hubiera hecho realmente un 12% de la obra; y en el acondicionamiento de las dependencias en Arévalo, en los que no había constancia de trabajos por un valor superior a los 10.000 euros. Las empresas que se habían hecho con aquellos contratos eran Angrasurcor, Solocorcho y Canarycork, tres mercantiles con sede en Canarias que, cuando se realizaron las obras, tenían como administrador a Tejera de León. El jefe de la Guardia Civil en Ávila, el teniente coronel Alonso, fue imputado por haber validado con su firma el pago de esas facturas, aunque él señaló que lo hizo por indicación de Vázquez Jarava.

Ante los indicios, Asuntos Internos puso los hechos en conocimiento de un juzgado de Ávila en enero de 2019. Poco después, este se inhibió en el Juzgado de Instrucción 3 de Madrid al constatar que las supuestas irregularidades no se ceñían exclusivamente a la provincia castellano y leonesa, sino que abarcaban otras comunidades y que, además, el principal implicado era el general, cuyo destino cuando ocurrieron los hechos estaba en la Dirección General de la Guardia Civil, en la capital. Para entonces, la investigación se había extendido tanto en el tiempo (se amplió el periodo de las pesquisas de 2014 a 2019) como en el espacio, alcanzando, además de la provincia de Ávila, cuarteles de la Guardia Civil en las comandancias de Albacete, Algeciras, Alicante, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, A Coruña, Tenerife, Toledo, Murcia y Valladolid.

Las pesquisas apuntan a que, al menos, en cinco de ellas ―Ávila, Castellón, Alicante, A Coruña y Albacete― el general presuntamente utilizó la misma maniobra para amañar los contratos. Según recogen informes presentes en la causa, Vázquez Jarava procedió desde su puesto de subdirector General de Apoyo a la “descentralización del crédito” (lo que suponía que las comandancias tenían autonomía para adjudicar contratos menores) y, posteriormente, les indicaba a sus responsables que contratasen con las empresas de Tejera de León. Los responsables de las zonas de la Guardia Civil en Extremadura, Valencia, Albacete y A Coruña han confirmado que sufrieron este modus operandi. Tras su imputación el 14 de enero de 2022, Vázquez Jarava declaró ante el juez tres meses después. La Guardia Civil analiza ahora los datos fiscales, activos financieros y movimientos bancarios, tanto de él como de una mercantil a su nombre, en busca de indicios de sus supuestas irregularidades.