El Gobierno del PP archivó el ‘caso Cuarteles’ pese a que un segundo informe confirmaba irregularidades

José Manuel Holgado Merino, director general de la Guardia Civil durante la etapa de Juan Ignacio Zoido (PP) como ministro del Interior en el último Gobierno de Mariano Rajoy, ordenó por escrito el 27 de diciembre de 2017 que el Servicio de Asuntos Internos dejara de investigar la supuesta adjudicación irregular de decenas de obras del instituto armado al constructor canario Ángel Ramón Tejera de León, Mon, uno de los ahora imputados en el caso Cuarteles de corrupción junto al teniente general Pedro Vázquez Jarava. Holgado dio la orden a pesar de que un informe encargado a la Jefatura de Asuntos Económicos había confirmado las sospechas de Asuntos Internos de que hubo supuestas irregularidades en aquellas licitaciones, según recogen documentos incorporados al sumario a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

En el escrito por el que ordenaba el archivo, Holgado, juez de carrera, señalaba que, tras diversas comprobaciones internas sobre los hechos que Asuntos Internos recogía en un “borrador de informe” que había planteado llevar a la Fiscalía, “se concluye que no existen […] acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley, ni conductas contrarias a la ética profesional en las que se haya visto involucrado personal destinado en la Dirección General del Cuerpo”. En la orden, el máximo responsable político del instituto armado esgrimía para justificar su decisión tres estudios realizados por diferentes órganos de la Guardia Civil sobre el contenido de aquel borrador. Entre ellos citaba un informe de la Jefatura de Asuntos Económicos que, en realidad, enumeraba diversas irregularidades y que ahora ha sido incorporado al sumario que instruye la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Madrid, María Isabel Durántez.

En concreto, este documento detallaba supuestas anomalías en las adjudicaciones de nueve comandancias a las empresas de Tejera de León en el período 2015-2017. Entre ellas, las realizadas en cuarteles de la provincia de Ávila, foco donde arrancaría un año después la investigación que ha desembocado en la actual causa judicial en la que está imputado el empresario y alto mando del instituto armado, ya retirado. El documento está fechado el 31 de agosto de 2017 y consta de 24 folios y 29 anexos en los que se acumulan más de 270 facturas, presupuestos y correos electrónicos de aquellas obras. Lo firman dos tenientes coroneles interventores.

En el capítulo de “conclusiones y recomendaciones”, el informe señala que, en buena parte de los expedientes de licitación examinados, no consta como es preceptivo una memoria “u otro documento análogo” que justifique el gasto. La investigación judicial ha revelado ahora que el constructor recibió encargos de trabajos que ni siquiera habían pedido los responsables de los cuarteles donde se hicieron. Además, el documento de Asuntos Internos detalla que, si bien en general en todas las adjudicaciones se solicitaron presupuestos a tres empresas para hacer una “prospección de mercado”, al final este requisito quedó “viciado por el hecho de que las empresas o empresarios que concurren están controladas por las mismas personas”.

Los interventores, que calificaban de “anómala y bastante reiterada” esta circunstancia, destacaban que las cuatro sociedades beneficiadas (Angrasurcor, Solocorcho, Canarycork e Impermekork) “cuentan con las mismas personas como administradores y apoderados”, en referencia a Tejera de León. El quinto licitador era un empleado del propio empresario canario. Y añadían un detalle: “Incluso los formatos de documentos presentados [por estas mercantiles] cuando concurren a las licitaciones son prácticamente idénticos”. Estas empresas se hicieron finalmente con cerca del 50% de los importes de las obras analizadas en el informe.

El informe también alertaba de que las sociedades de Tejera de León no tenían “personal ni infraestructura específica para el desarrollo de los trabajos de construcción, reparación y conservación” que se le adjudicaron. En este sentido, destacaba que en ocasiones se había visto obligado a subcontratar a otras compañías. La actual investigación judicial ha constatado que el constructor se hizo con el concurso para demoler el cuartel de Garachico, en la isla de Tenerife, por 168.524 euros. Sin embargo, los trabajos nunca los hicieron trabajadores de sus compañías, sino dos empresas de la isla, a las que pagó 62.000 euros. Tejera de León se embolsó un beneficio superior a los 100.000 euros.

Asuntos Económicos también ponía el foco en la “lejanía del domicilio social de las empresas respecto a buena parte del lugar de ejecución de las obras”, dado que la mayoría de las empresas de Tejera de León tenían su sede en Canarias, pese a lo cual se le adjudicaron concursos para hacer pequeñas reparaciones en cuarteles de toda la Península. El documento señalaba que en tres comandancias ―las de A Coruña, Badajoz y Castellón― el ofrecimiento a contratar a estas empresas “había sido gestionado desde órganos centrales” de la propia Dirección General de la Guardia Civil, sin mayor concreción. La actual investigación judicial ha concretado que era el propio general Vázquez Jarava quien presuntamente indicaba a los responsables de las comandancias que tenían que contratar al constructor.

Pese a todo ello, el ex director general aludía en su orden a este documento como uno de los tres que habían propiciado su decisión de archivar la investigación de Asuntos Internos. Los otros dos eran uno elaborado por la Jefatura de Servicios de Apoyo-Servicio de Acuartelamiento para verificar “la calidad de los trabajos” realizados por las empresas de Tejera de León y el informe que elaboró el propio Vázquez Jarava, que entonces estaba al frente de la Subdirección General de Apoyo, uno de los puestos de mayor poder dentro de la Guardia Civil al gestionar sus recursos financieros y patrimoniales. En este, el alto mando concluía que “en las actuaciones informadas [en el documentos de Asuntos Internos] no existe indicio de delito”. Según detallan ahora informes incorporados al caso Cuarteles, para entonces el general ya había recibido supuestamente dádivas del empresario en forma de viajes para ver en Milán y Cardiff (Reino Unido) sendas finales de la Champions League y estancias de hotel para él y su familia.

Con todo ello, Holgado ordenó a finales de diciembre de aquel año “el archivo del expediente incoado por el Servicio de Asuntos Internos” y “el cese en las actuaciones” al considerar que no eran “necesarios nuevos elementos de juicio en que basar esta decisión”, según recoge el documento. Ocho días después de la orden, el 4 de enero de 2018, el propio Vázquez Jaraba remitía un oficio al coronel jefe de Asuntos Internos con copia del documento firmado por Holgado “para conocimiento y constancia de esa unidad”. En el escrito, el general le indicaba al otro alto mando que el máximo responsable político de la Guardia Civil había ordenado “el archivo del expediente” sobre las adjudicaciones al constructor y, por tanto, que no iba a ser enviado a Fiscalía. La orden muestra el recibí manuscrito del coronel de la unidad. Once días más tarde, el general pasaba a la condición de retirado por edad y abandonaba la cúpula de la Guardia Civil.

Ahora, más de cinco años después, las supuestas irregularidades denunciadas son investigadas por un juzgado de Madrid, que mantiene como imputadas a cuatro personas por las supuestas irregularidades en la adjudicación de 193 obras en cuarteles de 13 comandancias (cuatro más de las que revelaba aquel documento) por un valor superior a los 3 millones de euros. Entre los imputados está Tejera de León y Vázquez Jarava, este último acusado de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental y malversación. Hay un segundo alto mando de la Guardia Civil imputado y Asuntos Internos ha planteado a la jueza que instruye la causa que tome declaración como investigados a otros responsables del instituto armado y a una arquitecta, aunque la magistrada ha rechazado citarlos por el momento.