El meteórico ascenso del general acusado de amañar obras en cuarteles de la Guardia Civil
Vázquez Jarava fue promocionado dos veces en solo ocho meses con Fernández Díaz como ministro del Interior
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![Caso Cuarteles](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/PDKYJV5FW5HWXJMLU7D4JLKAHE.jpg?auth=a87df576cf150625ebd867d6ec1dc1cd27ba812e87afac2112f8a1a0d6d66150&width=414)
El teniente general Pedro Vázquez Jarava, imputado como presunto cabecilla de la trama de amaños de contratos de obras de la Guardia Civil destapada por el caso Cuarteles, fue ascendido en dos ocasiones en tan solo ocho meses durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy, según consta en su historial profesional, al que ha tenido acceso este diario. La primera vez fue el 27 de abril de 2012, cuando pasó de general de Brigada a general de División por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el de Defensa, Pedro Morenés, los dos departamento de los que depende la Guardia Civil. No habían pasado ocho meses cuando volvió a ascender: el 14 de diciembre del mismo año era promovido a teniente general, el más alto rango dentro de la institución.
Fuentes del instituto armado señalan que un doble ascenso en solo ocho meses no es habitual, pero añaden que tampoco es un caso excepcional. De hecho, recuerdan que el pase de Vázquez Jarava a teniente general no provocó especial revuelo cuando se produjo, a pesar de que este tipo de movimientos en el generalato siempre es mirado con lupa. “Tenía una buena carrera profesional y es un tipo que caía bien”, apuntan las mismas fuentes, que ahora sienten decepción tras conocer sus presuntas actividades delictivas.
La promoción de Vázquez Jarava a teniente general supuso también un cambio de destino. Así, abandonó su puesto en la Jefatura de Asuntos Económicos para pasar a dirigir la Subdirección General de Personal. Allí estuvo hasta que, el 29 de septiembre de 2015, Fernández Díaz —que en 2014 le había concedido la medalla al mérito de la Guardia Civil— lo nombró máximo responsable de la Subdirección General de Apoyo, puesto en el que se mantuvo hasta su paso a retiro en enero de 2018, ya con Juan Ignacio Zoido como ministro. Fue durante los tres años en los que estuvo en este último cargo, uno de los puestos de mayor poder dentro de la Guardia Civil al gestionar los recursos financieros y patrimoniales de la institución, cuando presuntamente cometió las irregularidades que han supuesto su imputación. Vázquez Jarava está acusado de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental y malversación por el supuesto amaño de cerca de 200 contratos de obra en cuarteles de la Guardia Civil.
Pesquisas
Las pesquisas que han destapado el caso Cuarteles se iniciaron en mayo de 2018, cuando el general ya había pasado a retiro. En Interior se recibió un escrito anónimo en el que se denunciaban supuestas irregularidades en los contratos de obras de la Comandancia de Ávila. Desde entonces, la investigación se ha extendido a otras 12 provincias y afecta ya a 193 contratos con un valor estimado de 3,3 millones de euros. Junto al general están imputados el teniente coronel que estaba al frente de la Guardia Civil en Ávila y dos empresarios.
Uno es el constructor canario Ángel Ramón Tejera de León, Mon, tres de cuyas empresas resultaron adjudicatarias de los contratos bajo sospecha. Tejera de León también aparece citado en el sumario del caso Mediador, una trama de corrupción en la que está imputado otro general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, y el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni. El constructor canario reconoció en su declaración judicial su relación personal con Vázquez Jarava y otros altos mandos del cuerpo, a los que presuntamente agasajaba con estancias en hoteles y viajes.
Según informes recogidos en la causa, el general Vázquez Jarava, como subdirector General de Apoyo, procedió a la “descentralización del crédito” para que las comandancias tuvieran autonomía para adjudicar contratos menores de obra en sus instalaciones. Posteriormente, contactaba con los responsables de estas y les indicaba que contratasen con las empresas de Tejera de León trabajos de mejoras de los cuarteles, principalmente de pintura e impermeabilización. Los responsables de la Guardia Civil en Extremadura, Valencia, Albacete y A Coruña han confirmado que recibieron estas directrices directamente de Vázquez Jarava.
El general fue imputado el 14 de enero de 2022 —aunque no se ha sabido hasta ahora— y declaró ante el juez tres meses después, pero el contenido de su testimonio no ha transcendido. La Guardia Civil analiza ahora los datos fiscales, activos financieros y movimientos bancarios, tanto de él como de una mercantil a su nombre.
Caso Mediador
La noticia de la imputación de Vázquez Jarava se ha conocido semanas después de que otro general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, fuera detenido e ingresase en prisión provisional por su implicación en el caso Mediador. Espinosa Navas también ascendió en dos ocasiones durante los Gobiernos de Rajoy, aunque en su caso fue en un lapso de cuatro años. En 2012, los ministros Fernández Díaz y Morenés lo ascendieron a general de brigada y lo destinaron como segundo jefe del Estado Mayor del instituto armado. Sus sucesores —Zoido y María Dolores de Cospedal— lo volvieron a promocionar en diciembre de 2016 al nombrarlo general de división solo cinco días antes de que pasase a la reserva, una decisión que permitió a Espinosa seguir en activo, según fuentes del instituto armado.
El general permaneció en activo hasta 2021. En esos años ocupó, primero, la jefatura de Cooperación Internacional y, desde 2017, la dirección del Proyecto GAR-SI Sahel, un proyecto financiado por la Comisión Europea para reforzar la seguridad en los países de esta zona de África. Pese a que oficialmente pasó al retiro en enero de 2021, en este último destino permaneció operativo unos meses más, según refleja las nóminas que recibió y que obran en el sumario. Según la investigación, la supuesta implicación del general Espinosa en la trama de corrupción del caso Mediador coincide en el tiempo con su permanencia en este cargo. De hecho, la jueza investiga si desde ese cargo amañó cuatro contratos públicos valorados en más de 260.000 euros.
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