Facturas falsas, presupuestos fraccionados y pagos exprés para desviar fondos de la Guardia Civil

La investigación sobre la trama de corrupción destapada por el llamado caso Cuarteles ha revelado que los presuntos implicados se valieron de varias tretas para desviar fondos públicos inicialmente destinados a la mejora de las instalaciones de la Guardia Civil en 13 comandancias. Las pesquisas han constatado hasta ahora una larga lista de supuestas irregularidades cometidas por el grupo, cuyo presunto cabecilla era el teniente general Pedro Vázquez Jarava. Entre ellas, la emisión de facturas falsas por trabajos que nunca se ejecutaron, el fraccionamiento injustificado de los presupuestos de las obras en cantidades que no superaran los 5.000 euros para eludir controles y la tramitación exprés de los pagos al constructor presuntamente beneficiado por las irregularidades, según detalla un auto dictado el pasado 20 de febrero por la Audiencia Provincial de Madrid al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Vázquez Jarava, en situación de retiro desde enero de 2018, está acusado de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental y malversación. El otro alto mando imputado, el teniente coronel Carlos Alonso, que era el jefe de la comandancia de Ávila, solo de estos dos últimos delitos, según detallan fuentes del instituto armado. Un tercer mando del instituto armado, el coronel José María Tienda, fue cesado el pasado miércoles por Interior como jefe de la Guardia Civil en Tenerife también por estos hechos. Hay también dos empresarios implicados.

Las pesquisas que han destapado el supuesto fraude se iniciaron en mayo de 2018, después de que el Ministerio del Interior recibiera un escrito anónimo en el que se denunciaban supuestas irregularidades en los contratos de obras de la comandancia de Ávila. Desde entonces, la investigación se ha extendido a otras 12 provincias y afecta ya a 193 contratos con un valor estimado de 3,3 millones de euros. En el epicentro de la supuesta trama se sitúa el general Vázquez Jarava, que en el momento en el que se hicieron las obras era el responsable de la Subdirección General de Apoyo, uno de los puestos de mayor poder dentro de la Guardia Civil al gestionar los recursos financieros y patrimoniales de la institución. Junto a él, los investigadores sitúan el constructor canario Ángel Ramón Tejera de León, Mon, adjudicatario de los contratos bajo sospecha. Este empresario aparece citado en otro sumario de corrupción, el caso mediador, aunque fuentes de la investigación descartan por ahora una conexión entre ambas causas.

Las pesquisas más avanzadas son las que afectan a los cuarteles en Ávila, provincia que cuenta con 27 instalaciones de la Guardia Civil. El juez cuenta ya con dos informes, uno del interventor de la Guardia Civil en Castilla y León y otro de una perita, sobre las supuestas irregularidades en, al menos, tres de los puestos del instituto armado en esta provincia. En concreto, los de Navarredonda de Gredos, Arévalo y Hoyo de Pinares. Los documentos periciales apuntan a elevadas diferencias entre el coste real de las obras y las cantidades finalmente abonadas. Según uno de estos informes, en una de estas adjudicaciones se gastaron 99.173 euros de dinero público cuando en realidad lo ejecutado tenía un valor de 19.938 euros. El resto, 79.938 euros, que supone un 80% del valor del contrato, fue presuntamente desviado por la trama.

Por estos hechos está investigado entre otros el que entonces era jefe de la comandancia de Ávila, el teniente coronel Carlos Alonso. Ha sido un recurso de este alto mando a su imputación el que ha motivado el auto de la audiencia provincial en el que se detalla parte del modus operandi de la trama. Siempre según este documento judicial, que cita las declaraciones como testigos de cuatro guardias civiles destinados en cuarteles en la provincia y del propio constructor canario, las supuestas irregularidades abarcaban todo el proceso de la obra, desde los pasos previos a la adjudicación al pago.

Así, los magistrados destacan que las tres empresas de Tejera de León ―Angrasurcor, Solochorcho y Canarycork, todas ellas domiciliadas en Lanzarote― se hicieron con las adjudicaciones con presupuestos elaborados “sin visitar los cuarteles”. Uno de los guardias civiles que testificó mostró al juez su extrañeza por el hecho de que “viniesen las obras adjudicadas a un empresario [el constructor canario]”. La resolución judicial añade que, en ocasiones, se licitaron contratos para edificios sin que hubiera un estudio previo que constatara que eran necesarias esas obras.

El auto también hace hincapié en el escaso tiempo que transcurría ―habla expresamente de “inmediatez”― entre la presentación de las facturas, su visado por un responsable de la Guardia Civil y su presentación para el cobro. En este sentido, una de las agentes que testificó aseguró que el constructor “a veces traía al mismo tiempo los presupuestos y las facturas”. La Audiencia Provincial pone el ejemplo de 12 facturas por trabajos de pintura en cinco cuarteles de Ávila que aparecen fechadas entre el 8 y el 9 de noviembre de 2016, y que recibieron el visto bueno del responsable del cuartel y entraron en el Registro de la Delegación de Economía y Hacienda de Ávila para su cobro en menos de 24 horas.

A ello, los magistrados añaden otras supuestas irregularidades detectadas. En concreto, “la discordancia entre los trabajos realizados [en su mayoría de pintura e impermeabilización] y el contenido de las facturas”. Y añaden que, en algunos casos, los pagos se hicieron a pesar de que los trabajos se habían realizado de manera parcial o, incluso, ni se habían llegado a hacer. Una de las agentes declaró que “se pagaron facturas sin que se hubiesen realizado las obras”. El propio constructor canario admitió en su declaración en el juzgado la “existencia de importes en facturas que no se correspondían con lo realmente ejecutado”, aunque lo intentó justificar asegurando que lo compensaba con trabajos extras en otros cuarteles. Según aseguró hizo esto con unos trabajos en la provincia de Badajoz, que terminó cargando en las facturas por obras en Ávila.

El auto destaca también que algunas facturas fueron expedidas a nombres de un segundo empresario también imputado ―este aseguró que facilitó sus datos fiscales a Tejera de León a petición de este para asegurarse el cobro de una deuda que este tenía con él―; el fraccionamiento de facturas y el pago de los importes sin la comprobación previa de que los trabajos contratados se habían realizado ni siquiera por el propio constructor, que admitió que “no supervisaba los trabajos que realizaban los trabajadores”.

Dos agentes mostraron durante sus declaraciones su sorpresa por la elevada cantidad de dinero (120.000 euros) que, al final de 2016, liberó la Dirección General de la Guardia Civil para hacer obras en los cuarteles de Ávila. La investigación apunta a que el general Vázquez Jarava se valió de su puesto de subdirector general de Apoyo para proceder a la “descentralización del crédito” (lo que suponía que las comandancias tenían más dinero para adjudicar contratos menores) y, posteriormente, les indicaba a sus responsables que contratasen con las empresas de Tejera de León. El juez está a la espera de recibir un nuevo informe pericial, este referido a las cerca de 200 obras bajo sospecha, para comprobar si estas prácticas presuntamente irregulares se repitieron en otras comandancias.