La Fiscalía archiva la investigación sobre la tragedia de Melilla en la que murieron 23 personas

La Fiscalía ha decidido archivar las diligencias sobre lo ocurrido el pasado 24 de junio en la frontera de Melilla que separa España de Marruecos. Seis meses después de los hechos, el ministerio público no aprecia indicios de delito en la actuación de las fuerzas de seguridad españolas en aquella jornada, en la que murieron, al menos, 23 personas. “Del total de las diligencias de investigación practicadas, no puede concluirse que la actuación de los agentes intervinientes incrementara el riesgo para la vida e integridad física de los migrantes, por lo que no se les puede imputar un delito de homicidio imprudente”, concluye el escrito fiscal. Asimismo, añade, “ninguno de los agentes actuantes en el operativo en tierra tuvo conocimiento de la avalancha producida y de sus fatídicas consecuencias”. Aunque la cámara del helicóptero grabó la avalancha y el aplastamiento de decenas de de migrantes y refugiados, la Fiscalía asume que los agentes que sobrevolaron el lugar no supieron “en ningún momento que había personas en situación de riesgo que necesitaban su auxilio”. De haberlo sabido, abunda, tampoco podrían haber prestado auxilio sin riesgo propio. La Fiscalía también avala los 470 rechazos en frontera (devoluciones en caliente) realizados “con la decisión necesaria, y sin demora”, por la Guardia Civil.

En su informe, por otro lado, la Fiscalía recuerda la obligación de poner en marcha mecanismos “reales” para garantizar que se pueda pedir asilo sin arriesgar la vida en las fronteras y señala la actuación de algunos agentes que lanzaron “decenas” de piedras contra los migrantes y refugiados durante la operación policial por si fuesen causa de una infracción disciplinaria. El archivo de las diligencias, una hipótesis con la que contaba el Ministerio del Interior, da oxígeno al ministro Fernando Grande-Marlaska, que ha mantenido una férrea defensa de la actuación española y ha evitado cualquier crítica a las fuerzas de seguridad marroquíes.

La mañana de aquel 24 de junio, cerca de 1.700 personas, según fuentes oficiales, llegaron a la frontera de Nador con Melilla. Esta vez la intención no era saltar la valla, sino forzar las puertas del puesto fronterizo de Barrio Chino que dan acceso a España. El recinto se convirtió en una ratonera, sin vía de escape. Los migrantes y refugiados lanzaron piedras y palos contra las fuerzas de seguridad, mientras que los agentes de ambos países dispararon durante más de 40 minutos decenas de botes de humo y gas lacrimógeno. No consta, recoge el decreto, que el empleo de botes de humo lanzados por los agentes españoles “produjera invisibilidad total ni supuestos de asfixia entre las personas allí congregadas, toda vez que se trataba de un patio totalmente abierto en su parte superior y rodeado por vallas metálicas, por lo que la entrada y salida de aire y otros gases era completamente fluida”.

Cuando el grupo logró forzar las puertas del puesto fronterizo, se produjo una avalancha que dejó a decenas de personas aplastadas tanto en la zona de control operacional marroquí como en la española. Los tres agentes que volaban en el helicóptero y vieron ese momento coincidieron en manifestar ante la fiscal que, “a pesar de haber visto la aglomeración de personas e incluso que unas saltaban por encima de otras, no pensaron que existiera riesgo para la integridad de los que allí se hallaban”. De hecho, mantiene el escrito, en los audios grabados a partir de las 8.41 horas “en ningún momento se aprecia urgencia o sensación de sorpresa, más allá de la mera información de que la puerta había sido fracturada y los migrantes estaban entrando en territorio nacional”.

Tras el amontonamiento, la Guardia Civil se concentró en contener a los cientos de personas que lograron entrar en Melilla, mientras que las fuerzas de seguridad marroquíes despejaron el lugar de muertos y heridos. Las víctimas fueron golpeadas y amontonadas por los agentes marroquíes en una explanada en la que permanecieron al menos tres horas sin asistencia médica. En este sentido la Fiscalía mantiene: “Resulta evidente la falta de jurisdicción española para conocer de la actuación desplegada por los agentes del orden público de Marruecos en su país, antes, durante y con posterioridad a la avalancha mortal, así como en relación con el trato dispensado a los migrantes, sanos o heridos, o a los cadáveres y respecto a los trámites seguidos para la identificación de estos y entrega de los cuerpos a los familiares”.

El hecho de que la Fiscalía no vea delito no significa que se hayan despejado todas las dudas que aún sobrevuelan sobre la forma de actuar de ambos países durante el incidente. Entre ellas, la tajante afirmación de Grande-Marlaska de que no hubo muertos en el lado español. La última investigación periodística sobre lo ocurrido, una colaboración de Lighthouse Reports con EL PAÍS y otros tres medios internacionales, aportó, de hecho, nuevas evidencias (la declaración de un testigo y una conversación entre agentes marroquíes cuando arrastraban cuerpos) que apuntan a que al menos una persona murió en la zona española del recinto. La Fiscalía no entra en esta cuestión. Por su parte, varias organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos están estudiando el escrito para estudiar la posibilidad de llevar el caso ante un juez.

La Fiscalía abrió diligencias el 28 de junio ante “la trascendencia y gravedad” de lo ocurrido, conocido gracias a las imágenes divulgadas en redes sociales. Los hechos podían afectar a los derechos humanos y los derechos fundamentales, según explicó la entonces fiscal general, Dolores Delgado. La investigación, por otro lado, era compleja porque parte de los hechos sucedieron en Marruecos, un país que, según se ha sabido estos meses, no ha colaborado demasiado en la investigación y no ha facilitado, por ejemplo, las autopsias de los fallecidos. Los únicos datos oficiales sobre las muertes y sus causas, recuerda la Fiscalía en su escrito, son los facilitados por las autoridades marroquíes en el informe emitido a requerimiento del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Tras leer ese documento, la fiscal decidió incluirlo en el procedimiento porque “ningún otro dato distinto de los allí reflejados se iba a obtener por parte de las autoridades del país vecino con independencia de la herramienta de cooperación judicial internacional que se empleara”. El escrito de la fiscal da credibilidad a la versión marroquí de que los migrantes y refugiados murieron por asfixia mecánica compatible con una presión torácica externa en el momento de la estampida y que no presentaban hemorragias externas.

Sobre los cuestionamientos sobre la asistencia que se prestó a los heridos que entraron en Melilla la fiscal detalla que se produjeron al menos cinco desvanecimientos y que, conforme a las declaraciones de los agentes, estos fueron atendidos por miembros de la Guardia Civil con titulación sanitaria, al menos en primeros auxilios y soporte vital básico. Los agentes aseguraron que no requirieron asistencia médica “al margen de esa primera atención”, por lo que fueron posteriormente entregados a las autoridades marroquíes. 134 personas lograron quedarse en España.

Las diligencias han estado coordinadas por la fiscal de sala de Extranjería, Beatriz Sánchez, que viajó a Melilla en julio. Allí se entrevistó con cuatro supervivientes, tres agentes de la Policía Nacional y 14 de la Guardia Civil, responsables de la vigilancia de la frontera. También se estudiaron diversos informes entregados por las fuerzas de seguridad del Estado y se analizaron las comunicaciones entre el Centro Operativo Complejo (COC), los pilotos del helicóptero y del dron y los operativos de la Guardia Civil que se hallaban en el lugar de los hechos. Entre sus conclusiones, la Fiscalía señala que la actuación de los migrantes, entre 700 y 800 personas [que entraron en el puesto fronterizo], “fue en todo momento hostil y violenta, tanto hacia los agentes marroquíes como hacia los españoles”.

Un elemento clave de la investigación han sido las imágenes grabadas por un dron y un helicóptero de la Guardia Civil. Esos vídeos, a los que tuvo acceso EL PAÍS, permiten reconstruir parte de los hechos porque muestran momentos clave, como la llegada del grupo descendiendo el monte hacia la frontera, la avalancha que se produjo cuando lograron forzar las puertas que dan acceso a España y la posterior contención de los agentes españoles de las cientos de personas que consiguieron entrar en Melilla. Las imágenes fueron motivo de cuestionamiento al Ministerio del Interior, ya que presentaban grandes lapsos temporales de los que no hay registro. El Ministerio del Interior mantuvo siempre que facilitó todas las grabaciones disponibles y que los cortes se deben a motivos operacionales como el repostaje del helicóptero o la necesidad de cambiar las baterías al dron. En ese sentido, se interrogó al piloto y copiloto del helicóptero que sobrevoló la frontera durante los sucesos y al teniente coronel Arturo Ortega, jefe accidental de la Comandancia de Melilla, que confirmó esa cuestión.

Cuando trascendió la gravedad del episodio en la frontera, tanto el Defensor del Pueblo como la Fiscalía abrieron sendas investigaciones. A lo largo de estos meses, el Defensor, que no investiga delitos, ha hecho públicas sus conclusiones, que difieren de las de la Fiscalía. Entre ellas, la institución ha señalado que la devolución de 470 personas a Marruecos no se ajustó a la legalidad y ha pedido explicaciones sobre la falta de asistencia médica a los heridos, no solo aquellos atrapados en el amontonamiento, sino también a aquellos que entraron en Melilla.