El Congreso investiga nuevas pruebas de la ‘policía política’ del PP y debate si citar a Rajoy

La comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la llamada policía política del Gobierno de Mariano Rajoy comienza sus trabajos este martes, nueve meses después de ser aprobada. Desde entonces, EL PAÍS y otros medios han destapado nuevas evidencias —grabaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo o mensajes telefónicos del ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez— sobre la presunta utilización de los medios del Ministerio del Interior para numerosas operaciones ilegales contra los adversarios políticos del PP. Ningún tribunal ha castigado hasta la fecha estas actuaciones llevadas a cabo sin respaldo judicial.

El PSOE no quiere, de momento, que comparezca el expresidente del PP —a quién también persigue la justicia andorrana por la caída del banco BPA, supuestamente extorsionado por la policía española para revelar las cuentas del expresidente Jordi Pujol—. Los socialistas tienen que convencer ahora a sus socios de Unidas Podemos, quienes todavía no han tomado una decisión sobre la citación de Rajoy, y a sus aliados nacionalistas, que sí pretenden que comparezca el expresidente para explicar quién tomó la decisión desde la cúpula del Ministerio del Interior de espiar y atacar con informes falsos a dirigentes de partidos independentistas catalanes. Las sesiones más comprometidas de esta comisión de investigación podrían coincidir en el calendario con la próxima campaña electoral, que comienza el 12 de mayo.

La presidenta de la Cámara baja, Meritxell Batet, ha fijado el comienzo de los trabajos parlamentarios para este martes con la denominación de “comisión de investigación sobre las actuaciones del Ministerio del Interior durante el Gobierno del PP en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial”.

El Congreso ya dictaminó en julio de 2017, tras meses de funcionamiento de otra comisión similar, que el Ejecutivo del PP y el Ministerio del Interior que encabezaba entonces Jorge Fernández Díaz hicieron un “uso partidista” de la policía para “obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban” a ese partido y para perseguir a los “adversarios políticos”.

La investigación judicial acreditó muchos de estos hechos denunciados por el Congreso, y el juez instructor, Manuel García-Castellón, procesó al exministro Fernández Díaz y a su número dos, Francisco Martínez, para quienes la Fiscalía pide 15 años de cárcel. Además, en los últimos meses, EL PAÍS ha sacado a la luz nuevas grabaciones del comisario Villarejo y mensajes telefónicos del ex secretario de Estado de Seguridad, que ya obran en el sumario y que apuntan a la existencia de maniobras políticas y policiales durante cuatro años para destruir a los adversarios políticos del PP y para tapar las corruptelas del partido en el Gobierno.

El pasado 28 de junio, la Mesa del Congreso, con los votos del PSOE y Unidas Podemos frente a los del PP y Vox, aceptó activar otra versión de esa comisión de investigación para profundizar en lo que se denominó Operación Cataluña, el supuesto montaje de escándalos y noticias falsas contra partidos separatistas durante el Gobierno de Rajoy. Operaciones similares del Ministerio del Interior se pusieron presuntamente en marcha desde finales de 2015 contra Podemos, que había irrumpido como tercera fuerza política en las elecciones generales de aquel año.

El PSOE no quiere citar en la nueva comisión de investigación al expresidente Rajoy, que sí compareció en la denominada comisión Kitchen, en ese caso fijada para establecer cómo se espió al extesorero del PP Luis Bárcenas y se le robaron documentos que podían incriminar al Gobierno popular. Los socialistas han perfilado ya una primera lista provisional de personas a los que quieren llamar y en ella no está Rajoy, pero sí tres de sus exministros: Fernández Díaz (Interior), Cristóbal Montoro (Hacienda) y María Dolores de Cospedal (Defensa y ex secretaria general del PP). También citarán al ex secretario de Estado Francisco Martínez y a media docena de comisarios policiales de aquella época.

El listado del PSOE no está negociado aún con Unidas Podemos ni con otros aliados parlamentarios y, por tanto, puede variar. El martes se fijará un primer plazo para presentar propuestas de nombres, que podría cerrarse ya después de Semana Santa. Las primeras sesiones podrían celebrarse a finales de abril o primeros de mayo, en vísperas de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del 28-M. Esa es la intención que dirigentes socialistas han trasladado en privado a portavoces de distintos grupos, en previsión de que el PP quiera airear al máximo durante la campaña electoral, como está haciendo ahora, el escándalo del caso Mediador o también llamado del Tito Berni, en alusión al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo.

Grupos nacionalistas

Unidas Podemos ha designado para esa comisión a los diputados Enrique Santiago e Ismael Cortés, pero todavía no tiene definido su plan de trabajo. Otros aliados habituales del Gobierno, como ERC o EH Bildu, reconocen que tienen interés en mirar más allá de las implicaciones de esa supuesta policía política del PP contra el nacionalismo. ERC, EH Bildu y Junts defienden la necesidad de que acuda Rajoy, algunos de sus ministros y muchos mandos policiales, como ya hicieron en su día para la comisión de investigación del caso Kitchen.

Esos partidos nacionalistas entienden que los implicados en la policía política o policía patriótica están muy conectados con los responsables de la Operación Kitchen, la Operación Tándem, la Operación Pisa contra Unidas Podemos o incluso con el caso del cierre de la Banca Privada de Andorra (BPA). Un juzgado de Andorra llegó a imputar al expresidente Rajoy, quien consiguió paralizar en los tribunales españoles su declaración como investigado en el país vecino. El PSOE ha transmitido a alguno de sus socios que no quiere aprovechar esta comisión para profundizar en ese escándalo.

ERC y Junts, sin embargo, sí pretenden conectar a la policía política con todas las ramificaciones de la Operación Cataluña, incluida la de Andorra, según fuentes de sus grupos parlamentarios. Y se plantean reclamar comparecientes de todo tipo en esa línea, como ya hicieron en la comisión idéntica que se impulsó en el Parlament catalán y que acabó bastante mermada ante el abandono final de la misma de toda la oposición.

ERC, que tendrá ahora en la comisión del Congreso como portavoces a Gabriel Rufián y Pilar Vallugera, pedirá que vuelva a comparecer Villarejo, y no descarta solicitar también comparecencias de ministros del Interior del PP y del PSOE, porque el polémico comisario trabajó durante varios mandatos. En Junts avisan de que pretenden “acreditar intencionalidad política al margen de la ley por parte del Estado español” e “identificar a los responsables sin límites y sin censura”, según adelanta su portavoz, Míriam Nogueras.