El plan para el fomento de la natalidad en Castilla y León se centra en evitar los abortos

Las polémicas medidas impulsadas por PP y Vox en Castilla y León para “fomentar la natalidad” se centran en evitar los abortos. El anuncio de hace una semana sobre ofrecer a las embarazadas atención psicológica preferente, una ecografía temprana en 4D y escuchar el latido fetal se adscribe a una de las líneas del acuerdo de legislatura. “Apoyo a las familias, a la natalidad y a la lucha contra la despoblación como centro de las políticas públicas”, decía el punto 10 de sus 11 ejes de gobierno. La única decisión política tomada a este respecto, más allá de la bajada de impuestos que pregona la coalición, son estos nuevos recursos que siguen sin llegar a las gerencias de la comunidad a falta de resolverse el entuerto.

Unos y otros remiten al comunicado del área de Sanidad del jueves pasado tras el Consejo de Gobierno. “La Junta promoverá medidas sanitarias relacionadas con el fomento a la natalidad y el apoyo a las familias”, se titula la nota de prensa, que explica que se promoverá “una serie de medidas relacionadas con el ámbito sanitario y asistencial para el fomento de la natalidad y el apoyo integral a las familias, [...] en consonancia con las acciones recogidas en el acuerdo suscrito entre PP y Vox”. Las iniciativas se lanzaban para “ayudar a las mujeres que lo precisen a superar las dificultades para ser madre”.

El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha reiterado en sus dos únicos pronunciamientos estos días que el propósito es “ayudar a las mujeres” mientras la ultraderecha, por medio de su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, exhibió ese comunicado oficial exigiendo su cumplimiento para no tener que “revisar” la alianza con el PP. Las instrucciones aún no han llegado a los hospitales, según fuentes sanitarias, pero el líder de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo, sentencia: “No va a haber ningún cambio en ningún protocolo de seguimiento de las mujeres embarazadas”.

Las medidas han sido tachadas de “antiabortistas” porque a efectos clínicos, como reconoció a EL PAÍS el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, “no tienen mucho sentido” por lo prematuro de los plazos en los que estarían disponibles. Estas vías para “fomentar la natalidad” mediante esas posibilidades para todas las embarazadas, incluyendo las que quieren abortar, se ponen a disposición de los facultativos, “sin obligar”, en un territorio con muchos objetores de conciencia.

El ofrecimiento de estos nuevos recursos dependerá del “criterio clínico”. El punto 12 y 13 de las 32 “acciones” pactadas por PP y Vox expresan el compromiso en el ámbito de la familia y los nacimientos en una comunidad que padece mucha despoblación: “Impulsaremos una política de apoyo a las familias. Apoyaremos la natalidad mediante ayudas directas e incentivos fiscales y fortaleceremos la conciliación”. El 29 avala esta estrategia: “Consideraremos la despoblación y las políticas de demografía una cuestión prioritaria”.

Los nueve meses de acuerdo entre Mañueco y su vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), no han traído grandes políticas a este respecto. La consejería de Familia, que ostenta Isabel Blanco (PP), cuenta con el Plan Familias con servicios y recursos para las familias. Yolanda Martín, responsable de Igualdad en Comisiones Obreras Castilla y León, asegura que estas prestaciones “estaban negociadas antes de llegar Vox, ellos no han sacado nada” e incluso han bloqueado contratar agentes de igualdad en corporaciones de más de 20.000 habitantes.

El Plan Familias presenta “apoyos e incentivos para facilitar la crianza, la conciliación y para que perciban que su aportación a la sociedad se reconoce”, pero este respaldo con servicios y dinero como la gratuidad de la escuela para niños de cero a tres años o subvenciones para excedencias o reducciones de jornadas no se acompaña de medidas para “fomentar la natalidad” aparte de las presentadas hace una semana.

Este jueves se celebra el primer Consejo de Gobierno tras la crisis sin saberse si junto al portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, hablará Gallardo, como la semana pasada. Entonces Carriedo lo presentó así: “Me acompaña el vicepresidente, que luego intervendrá para algunos asuntos que han sido objeto de análisis y estudio por parte del Consejo de Gobierno”. Allí el líder de Vox se desmarcó diciendo que sería “imperativo” que los médicos ofrecieran las nuevas medidas, pero pronto el PP lo desmintió.

El secretario general del PSOE autonómico, Luis Tudanca, critica una “confusión” sobre un “protocolo fantasma que se aprobó en un Consejo de Gobierno, se anunció después y el consejero de Sanidad lo ratificó”. Para él, “Mañueco siempre traga todo, pero ha pinchado en hueso por la reacción social, política, sanitaria y del PP”. El exvicepresidente autonómico y ahora procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, censura que “Mañueco desaparece, como siempre” y el PP se escuda en un “es que mis socios son unos locos”. Al médico de profesión le extraña que la extrema derecha no haya sacado “un papel o un WhatsApp” que refrende el compromiso, cuyo cumplimiento exigen una semana después de abrirse el conflicto.

A la reacción parlamentaria se suman las quejas de asociaciones feministas, que reprochan que la Junta pueda atentar contra un “derecho que recoge la ley”, como censura Victoria Zumalacárregui, responsable de igualdad del sindicato UGT. “Es inadmisible que esta coalición vuelva a quitar derechos a las mujeres poniendo trabas a la libertad para el aborto”, exclama la sindicalista, que pide esperar “a que se aclare el lío” y saber si las medidas entrarán en vigor para determinar si convocan manifestaciones. Yolanda Martín, de Comisiones, ve lo ocurrido como una “amenaza a los derechos conseguidos con el esfuerzo de muchas feministas” y define las políticas como “fascistas, aunque ellos las llaman de natalidad, para tutelar a las mujeres”.