Salamanca abre otro frente en Castilla y León al nuevo PP de Feijóo

Los conflictos internos del PP de Salamanca han salpicado a Madrid. El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, está citado a declarar en la vista convocada para el viernes 20 de enero en el Juzgado de Instrucción 5 de la ciudad tras la denuncia de un sector de afiliados críticos con la tardanza en convocar el congreso provincial para elegir a los líderes de la formación en Salamanca. Feijóo está convocado en calidad de representante legal del PP para explicar por qué la sección salmantina de su formación lleva casi dos años aplazando dicho congreso. Además, el PP nacional, como persona jurídica, está imputado por el caso Primarias, en relación con la presunta financiación ilegal en las primarias salmantinas de 2017, que ganó el hoy presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco.

El ala crítica del PP que ha propiciado este proceso considera que se han vulnerado los estatutos que guían a este grupo político, ahora regido en Salamanca por una gestora coordinada por el mismo liderazgo anterior. Estos 147 afiliados de los aproximadamente 1.000 que tiene el PP en la provincia exigen en su demanda que el juez adopte medidas cautelares que implicarían la celebración del congreso, que podría alterar la estructura actual de la dirección. El presidente del PP salmantino, Francisco Javier Iglesias, dimitió hace algo más de un mes aunque mantuvo su puesto al frente de la Diputación. Iglesias es hombre de confianza de Mañueco, que tiene en Salamanca su principal bastión, pues allí fue alcalde entre 2011 y 2018, antes de dar el salto autonómico para gobernar en 2019 en coalición con Ciudadanos y desde abril de 2022, entre múltiples polémicas como la actual sobre el protocolo antiabortista, con Vox.

Fuentes de ese sector crítico explican que para ellos no es “plato de buen gusto” que Feijóo llegue a acudir a sede judicial, aunque sospechan que de alguna forma u otra el exdirigente gallego evitará la imagen de entrar en unos juzgados. La vista sería pública, según fuentes judiciales, al tratarse de un asunto civil. Una vía para que el jefe de la oposición no acuda a declarar pasa por que el PP, sorpresivamente, convoque el congreso y los demandantes retiren su demanda, algo que estos ven improbable por la proximidad de las elecciones municipales: “Con congreso no hay demanda, pero la orden tiene que venir de Madrid porque se les hinchen las narices, está haciendo daño al partido”, apunta la misma fuente. Otra opción es que el PP salmantino impugne el proceso y dilate los tiempos. Feijóo recibió la citación el pasado 5 de enero.

“Es un caso civil y el juez no impondría pena si Feijóo no viene o manda a su abogado, pero socialmente sería feo”, aprecia esta fuente, que lamenta que el caso se ha convertido en “la comidilla” de la ciudad. Aun así, insisten en que la vulneración de la norma interna del partido requiere tal reacción. “El PP está trabajando con mucha urgencia, con actitud de ‘por si acaso’, están acelerando reuniones y hablando con candidatos”, detallan estos afiliados, que ven cómo el mando actual aborda con “ansiedad” quedar hipotéticamente descabalgado del poder. Todo esto, aseguran, no hubiera ocurrido “si Mañueco fuese humilde” y hubiese aceptado “un cambio de ciclo con caras nuevas para trabajar conjuntamente en la misma dirección” en lugar de enrocarse con su gente afín.

Ecos del ‘caso Primarias’

Salamanca se ha convertido en un territorio desfavorable para el PP por sus procesos judiciales abiertos. Al asunto del congreso se une la investigación abierta por presunta financiación irregular en las primarias de 2017 que encumbraron a Mañueco. El juez del caso Primarias observa posible financiación irregular porque hay unos 24.000 euros, de los más de 60.000 recaudados, de origen desconocido y que se recopilaron para abonar deudas de afiliados en situación de impago para que recuperaran su derecho al voto en este proceso interno que acabó ganando Mañueco. El magistrado imputó a Francisco Javier Iglesias como presidente provincial del partido; a la gerente, Isabel Sánchez; y al PP como persona jurídica.

La semana pasada el juez que trabaja en este presunto episodio de financiación ilegal ha requerido de nuevo al Tribunal de Cuentas que aporte un informe que descartaba el delito, un documento que no llegó a la Fiscalía pese a que esta lo solicitó. El magistrado ha apreciado que “supuestamente” se envió ese escrito desde el Tribunal y ha señalado que “no consta firma alguna en referido documento, ni manuscrita ni digital ni encriptada”. Por tanto, ruega que se le remita “debidamente legalizada y firmada, o certifique la autenticidad de la copia aportada, o bien informe lo que proceda en relación con la veracidad de la misma”.