Un juzgado de Salamanca cita como testigo a Feijóo para declarar por el retraso en el congreso provincial del PP

El juzgado de instrucción número 5 de Salamanca ha citado a declarar como testigo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El presidente de la formación deberá acudir el 20 de enero en calidad de representante legal de su partido para ayudar a dilucidar por qué el PP de Salamanca lleva casi dos años aplazando la convocatoria de un congreso provincial. Una facción crítica del PP salmantino denunció a la directiva del partido en Salamanca por la tardanza. Hace unas semanas dimitió Francisco Javier Iglesias, presidente del PP en la provincia, aunque mantuvo su cargo al frente de la Diputación. La formación lleva desde entonces a cargo de una gestora.

El juzgado ha tenido en cuenta la solicitud de una parte de los afiliados del grupo conservador en Salamanca, donde existen múltiples críticas hacia la gestión del mando actual y el retraso de la convocatoria del congreso. Los estatutos del partido establecen que este proceso de selección interna debería hacerse celebrado hace más de año y medio. La medida cautelar que reclaman los denunciantes consiste en que se convoque el congreso provincial antes de las elecciones locales de la próxima primavera. Salamanca es el bastión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), que fue alcalde en la ciudad. Sin embargo, existe una importante división y fuentes internas de la formación conservadora aseguran que el partido ha tratado de retrasar ese proceso interno para evitar posibles candidaturas alternativas que rompan con la línea establecida en la provincia en apoyo a Mañueco.

La disputa lleva muchos meses fraguándose en la zona, uno de los principales graneros de votos del PP en Castilla y León. La decisión del juzgado de llamar a Feijóo obedece a que en primavera 147 afiliados, dentro del millar que tiene el PP —según fuentes internas, porque el partido no ofrece la cifra oficialmente—, escribieron a la dirección nacional ante el “flagrante incumplimiento de los estatutos” y el “ninguneo y falta de respeto a los afiliados”, según el documento remitido a Madrid. “Se está hurtando el derecho a elegir y ser elegidos”, decía la misiva. Este grupo reclamaba la intervención del comité de derechos y garantías de Génova y alertaba de que se estaba fraguando “un profundo malestar”. El comité respondió meses después informando asépticamente de que derivaban la cuestión al área de Derechos y Garantías de Castilla y León, cuya presidenta, Rocío Lucas, contestó: “Se comenzarán las actuaciones que procedan mediante la realización de la información oportuna”. Han pasado casi cinco meses desde entonces sin que consten avances.

Este proceso hace aún más complicada la situación del PP de Salamanca ante los tribunales, pues aún está abierta la causa del conocido como caso primarias. Un juzgado salmantino estudia si el PP incurrió en financiación ilegal en 2017 para apoyar a Mañueco, a la postre ganador de las primarias y presidente de la Junta, pagando deudas a afiliados en situación de impago para ponerlos al día y que dieran su voto al entonces alcalde charro. El juez ha admitido indicios de “financiación irregular” porque hay unos 24.000 euros recabados por el PP cuya procedencia se desconoce. Este proceso judicial ha conllevado la imputación de Francisco Javier Iglesias como líder provincial del partido, de la gerente del PP salmantino, Raquel Sánchez, y del propio PP como persona jurídica.