Mañueco reitera a Sánchez que no aprobará el plan sobre el aborto en Castilla y León

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dirigido una carta al presidente Pedro Sánchez, en la que acusa al Gobierno central de aprobar un requerimiento “sobre un asunto inexistente”. “No habrá ninguna modificación en el protocolo de atención a la interrupción del embarazo, que está ajustado a la legislación nacional vigente y al criterio clínico”, asegura Mañueco en la misiva. El presidente autonómico del PP añade que Sánchez está haciendo mera “propaganda” sobre una “cuestión irreal” y le pide que “abandone los esfuerzos de su Gobierno en cuestiones ficticias”. Mañueco ha hecho pública la carta tras coincidir en un acto público en Salamanca con el Rey y con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien ha insistido: “El Gobierno reclama información oficial, fidedigna. Seguimos sin saber el alcance de las medidas”. Darias asegura que “se ha traspasado una serie de líneas rojas”. Fuentes del Ejecutivo recalcan que la respuesta de Castilla y León tiene que remitirse por conducto oficial y por lo tanto la misiva de Mañueco resulta insuficiente.

Este martes, el Gobierno ha dado el primer paso para llevar al Tribunal Constitucional a la Junta de Castilla y León a fin de evitar que PP y Vox adopten en esta comunidad cualquier actuación que limite la ley del aborto. El Consejo de Ministros ha aprobado durante la mañana de hoy un acuerdo por el que “se requiere de incompetencia” al Ejecutivo autonómico para que se abstenga de adoptar “cualesquiera actuaciones que vulneren o menoscaben la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”. El Gobierno de Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo tiene un mes para contestar. En caso de no hacerlo, lo habitual tras este requerimiento es la presentación de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, cuya sola admisión supone la suspensión automática durante seis meses de la norma recurrida.

Sin embargo, el requerimiento del Gobierno parece tener un carácter preventivo, pues no existe de momento sobre el papel el protocolo que anunció Vox el pasado jueves y con el que pretendía que las mujeres gestantes que quieran abortar escuchen antes el latido fetal y vean una ecografía en 4D (de imagen en movimiento). De hecho, Mañueco desautorizó este lunes —justo el día en que en principio el protocolo iba a entrar en vigor, según anunció el viernes el consejero de Sanidad, del PP— a su vicepresidente al afirmar que no se va a incorporar cambio alguno, ni un nuevo protocolo ni ninguna medida “que pueda suponer una coacción” a la mujer embarazada.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha respondido, por su parte, este mismo martes a Mañueco amenazando con revisar el pacto de Gobierno de coalición en Castilla y León si el PP no “cumple el acuerdo” de aprobar un nuevo protocolo de atención a las mujeres que quieren abortar. En esa misma línea, el portavoz del grupo parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que se aprobará un nuevo protocolo “en las próximas horas o días” que será de obligado cumplimiento, en el que se implantará “un protocolo de latido fetal en el primer trimestre” de embarazo y acceso a ecografías 4D. “Se ofrecerá a todas las mujeres embarazadas. Confío en que la orden salga en los términos que se ha acordado”, ha dicho, mostrando la nota de prensa emitida por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León el pasado jueves. En esa nota se habla genéricamente de un protocolo para “mujeres embarazadas”, sin especificar si se aplicará también a quienes deciden abortar.

Minutos después de la comparecencia de Espinosa de los Monteros, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aseverado en Telemadrid que “el Gobierno de Castilla y León no va a modificar el protocolo de atención a las mujeres embarazadas”. “Los Gobiernos no pueden coaccionar a ninguna mujer que quiera abortar cuando están en los supuestos que la ley señala”, ha dicho. Tras la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Ejecutivo “mantiene clara esa voluntad de utilizar todos los mecanismos, todas las herramientas jurídicas para proteger a las mujeres”. “El Gobierno mantiene que lo conocido hasta ahora contraviene las leyes y la Constitución. Han confirmado las autoridades de Castilla y León que habrá medidas que hoy seguimos sin conocer, a pesar de los requerimientos formales por parte del Gobierno”, ha añadido. Para la ministra, “las explicaciones que hasta ahora ha aportado la Junta son contradictorias e insuficientes”. “La duda sobre la aplicación de estas medidas persiste aún”.

A continuación, la ministra portavoz ha reflexionado durante la rueda tras el Consejo de Ministros: “¿Es posible emprender esta acción sin [que exista] un hecho administrativo? Claro que sí, lo reconoce la fórmula de la vía del hecho y nos respalda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Fuentes gubernamentales explican que la intención mostrada en las declaraciones hechas el jueves por el vicepresidente de Castilla y León y líder autonómico de Vox suponen “una intención o vía de hecho que autoriza al Gobierno a actuar, al haberse producido un anuncio o una instrucción verbal”. En La Moncloa creen que Mañueco está ganando tiempo para tratar de contentar a Vox y al mismo tiempo cerrar la crisis como le han ordenado desde la dirección nacional del PP.

Previamente, por la mañana, en una charla informal con los periodistas en los pasillos de la cumbre de Davos, Pedro Sánchez ha explicado por qué el Gobierno ha dado el salto de hacer un requerimiento de incompetencia. “No ha habido claridad de la Junta de Castilla y León. Estamos reclamando un mensaje nítido. Se están escudando en si es obligatorio o no, si es voluntario o no, pero no hay claridad. Nosotros simplemente estamos respondiendo ante la vulneración de una ley estatal que establece de manera clara los derechos de las mujeres”, ha afirmado el presidente, , informa Carlos E. Cué. Sánchez ha desligado el cara a cara que mantendrá con Alberto Nuñez Feijoo en el Senado este mes, promovido por La Moncloa, de esta polémica sobre las medidas antiabortistas en Castilla y León, pero ha admitido que en esos debates se suele hablar de todos los temas y, por tanto, este también saldrá. La Moncloa ha promovido rápidamente dos comparecencias, una en el Congreso y otra en el Senado, en teoría para hablar de la última cumbre europea y de la situación económica, pero parece evidente que Sánchez quiere aprovechar el momento para ahondar en los problemas que le genera al PP tener por primera vez a la extrema derecha de Vox en un Gobierno, el de Castilla y León.

El Gobierno está aprovechando la confusión que se ha generado por las discrepancias entre el PP y Vox en la única comunidad autónoma en la que la derecha y la extrema derecha gobiernan juntas. “No vamos a permitir ni un solo retroceso en los derechos y libertades de las mujeres en ningún territorio de España ”, ha afirmado este martes Félix Bolaños.

El ministro de la Presidencia ha insistido en que se trata de un requerimiento de incompetencia “porque [la coalición de PP y Vox en la Junta] está extralimitando sus competencias” y “para que cese en la vulneración de los derechos y libertades de las mujeres”. En realidad se trata de una supuesta vulneración de derechos, ya que el protocolo que el vicepresidente castellanoleonés, de Vox, anunció el jueves pasado sigue sin ser oficial: no se ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León ni los profesionales sanitarios lo han recibido.