Feijóo acepta la ley de plazos del aborto que el PP recurrió hace 12 años
El líder popular ciñe su oposición al permiso paterno para que puedan abortar las menores de edad
En plena polémica con Vox por el derecho de las mujeres al aborto, Alberto Núñez Feijóo ha revelado que el PP que él preside acepta ahora la ley de plazos vigente aprobada en 2010 por los socialistas, a pesar de que el PP la recurrió ante el Tribunal Constitucional hace casi 13 años. Ante la cercanía de la decisión del tribunal de garantías sobre el recurso del PP, que abordará, tras una década de retraso, en el próximo pleno del 7 de febrero, Feijóo expresó este martes que su partido ciñe su discrepancia al hecho de que no se exija permiso paterno para que las menores de edad puedan abortar, que ellos consideran que sí debe ser imperativo. “El resto de las cuestiones no son cuestiones mollares para el PP”, subrayó Feijóo, aceptando así la ley de plazos que los propios conservadores cuestionaron por inconstitucional.
Feijóo, como confirman también fuentes oficiales del PP, asume y acepta la ley de plazos vigente, que permite a las mujeres abortar libremente durante las primeras 14 semanas de gestación. “Nosotros tenemos una discrepancia sustancial en cuanto a la ley del aborto socialista en tanto en que pensamos que las menores de edad, que no pueden conducir, no deben tener esa capacidad de decidir interrumpir el embarazo sin el conocimiento de sus padres. Esa es la discrepancia sustancial”, explicó ayer el líder del PP en una entrevista en Telemadrid. “Hay algunos miembros del PP que pueden estar más a favor o en contra de la interrupción del embarazo durante unos plazos, se puede discutir el número de semanas, pero lo que es sustancial en nuestro partido, donde tenemos un acuerdo base, es que las menores deben tener el consentimiento de sus padres”.
Es decir, el PP de Feijóo solo cuestiona ahora que las menores puedan abortar sin permiso paterno ―y deja abierta la puerta a debatir el número de semanas en las que se permite el aborto libre―, pero no discute el modelo de la ley vigente de plazos, frente al modelo anterior de supuestos, el de la ley de 1985. Aquel permitía abortar a las mujeres solo en tres casos: riesgo grave para la salud física o mental de la mujer embarazada, violación o malformaciones o taras, físicas o psíquicas, en el feto. A pesar de que en el PP conviven distintas corrientes ―y destacados dirigentes, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, defienden el regreso a la ley de supuestos―, Feijóo opta por asumir la ley de plazos, que el propio PP recurrió ante el Tribunal Constitucional.
El líder del PP se escudó este martes en que el recurso es muy antiguo y sugirió que no lo comparte, aunque lo cierto es que los populares no lo han retirado. “El recurso es sobre la ley anterior [porque la ley de plazos ha sido actualizada después de 2010, aunque el modelo base es el mismo], estamos muy retrasados en este asunto, la legislación va muy por delante”, argumentó Feijóo. “En Europa todos los países tienen una ley de plazos. Se puede discutir si son 12, 14, 16 [semanas]. Pero el problema fundamental que nosotros tenemos es que nos parece que mientras haya minoría de edad una decisión tan trascendente debe ser con consentimiento de los padres”, incidió el jefe de los conservadores, que opta por no abrir el frente del modelo del aborto en España.
Fuentes de su entorno más directo confirman que el PP asume la ley de plazos y recuerdan que “el PP ya ha gobernado ocho años con esa norma”, puesto que Mariano Rajoy pudo haberla modificado y no lo hizo. “La ley de plazos está ampliamente superada en el PP, que gobernó ocho años con ella”, inciden estas mismas fuentes. Aunque el Gobierno de Rajoy sí reformó la ley ―sin tocar la estructura del sistema de plazos― para hacer obligatorio el consentimiento de los padres en el caso de las menores de edad que quisieran abortar, precisamente lo que quiere recuperar Feijóo. Los populares también incluyeron un plazo de reflexión de tres días para que las mujeres se replanteen su decisión de abortar, una medida eliminada después por los socialistas y que el PP ha pedido recuperar en las enmiendas al nuevo proyecto de ley del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el aborto.
Se trata de la primera vez que Feijóo se pronuncia de forma tan clara sobre el modelo de interrupción voluntaria del embarazo, que el Tribunal Constitucional tiene que decir ahora si se ajusta o no a la Constitución española.
El recurso del PP contra la ley del aborto que estudiará el Constitucional a principios de febrero impugnó ocho artículos y la disposición final segunda de la ley, la parte que modifica la ley de autonomía del paciente y por la cual las mujeres de 16 y 17 años podrían abortar sin consentimiento paterno, aunque sí informando a sus padres o tutores. El PP basó su recurso en la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 que hablaba del nasciturus (el no nacido) como un “bien jurídicamente protegido”. En ese fallo, el alto tribunal decía que los derechos de la mujer no pueden tener “primacía absoluta” sobre los del no nacido, salvo en los tres supuestos marcados por la ley de 1985 ―violación, salud de la madre o malformación del feto―. Por eso, según decía el PP en el recurso, la ley de plazos, que creó un plazo de aborto libre y sin ninguna explicación hasta la semana 14, vulneraba la doctrina del Constitucional.
La dirección del PP de Feijóo ha navegado en vaivenes con el recurso del aborto, hasta que ahora Feijóo ha clarificado la posición del partido. El pasado junio, el vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, declaró en Génova que el PP quería que el Constitucional tumbara la ley de plazos al afirmar que “cuando uno presenta uno recurso, le interesa que prospere”. Este lunes, sin embargo, el nuevo portavoz de Feijóo, Borja Sémper, optó por no defender el recurso y se limitó a confiar en que “12 años después, de una vez se manifieste el Constitucional”. Feijóo toma partido y acepta la ley de plazos, pero de momento no ha ordenado al PP que, en consecuencia, retire el recurso que cuestionó su constitucionalidad.
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