El Constitucional abordará la sentencia sobre la ley del aborto en el pleno del 7 de febrero, casi 13 años después del recurso del PP

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha fijado para el pleno del tribunal que comenzará el 7 de febrero la deliberación del proyecto de sentencia sobre la ley del aborto, recurrida por el PP en junio de 2010. El borrador del fallo ha sido redactado por el magistrado del sector conservador Enrique Arnaldo. De hecho, está listo desde abril, pero no había sido llevado hasta ahora al pleno. Tanto el anterior presidente, Pedro González-Trevijano (conservador), como el vicepresidente, Juan Antonio Xiol (progresista), consideraron más conveniente aplazarlo ante el anuncio del Gobierno de aprobar una reforma puntual de la norma, que ahora está en trámite en el Senado, y ante la teórica cercanía de la renovación del tribunal. Finalmente, esta se produjo a finales del pasado diciembre, dando lugar a una mayoría progresista en el Constitucional por primera vez en nueve años.

La fijación de un primer debate sobre esta sentencia no significa necesariamente que vaya a aprobarse en una sola deliberación. En la actualidad hay una clara mayoría del sector progresista (siete votos frente a cuatro) pero, en el caso de que hubiera que cambiar de ponente por renuncia del actual, la resolución llevaría más tiempo, porque el nuevo encargado de la sentencia necesitaría elaborar su propuesta.

Para el pleno del Constitucional que se celebrará a partir del día 21 de febrero se ha señalado el debate sobre la ley de eutanasia, y para el que tendrá lugar el 7 de marzo, la deliberación sobre la reforma educativa o ley Celáa. Conde-Pumpido ha transmitido a los magistrados, al fijar estas previsiones, que su intención es que el tribunal acelere al máximo la resolución de los asuntos más antiguos y los de mayor repercusión política y social.

El sector progresista se ha asegurado la mayoría en todas las Secciones y Salas del Constitucional. Con ello, tendrá en su mano el criterio dominante para algunas decisiones clave, como la admisión o no a trámite de los recursos de amparo por presuntas vulneraciones de derechos fundamentales.

Las ponencias de sentencia que tenían a cargo los magistrados que han dejado de formar parte del tribunal tras la renovación del pasado diciembre se han distribuido entre los nuevos miembros según criterio de antigüedad y edad. En ese reparto, las ponencias que hasta ahora llevaba el magistrado Antonio Narváez Rodríguez (del sector conservador) las asume la nueva magistrada Laura Díez, del sector progresista, designada por el actual Gobierno. Díaz, catedrática de Derecho Constitucional, fue alto cargo de ese Gobierno entre 2018 y abril de 2022, cuando pasó a formar parte del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Cataluña, nombrada por el Parlamento catalán. Ahora, como magistrada del Constitucional, se ocupará, entre otros, de uno de los recursos presentados contra la ley de educación, conocida como Ley Celáa, aprobada en diciembre de 2020, cuando Díez era directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica en el Ministerio de la Presidencia. La sentencia “de cabecera” o principal sobre esa ley sigue, sin embargo, en manos del magistrado conservador Ricardo Enríquez, según fuentes del tribunal.

La magistrada propuesta por el Gobierno también ha asumido el recurso el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP y Ciudadanos contra la nueva normativa sobre el uso de lenguas en la escuela aprobada por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña en mayo y junio de 2022. Esa normativa —aprobada cuando Díez era miembro del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat— fue impulsada por las autoridades catalanas para eludir el cumplimiento de la sentencia que obligaba a impartir al menos un 25% de las materias troncales en castellanos para garantizar su condición de lengua vehicular.

Las ponencias del expesidente del Constitucional Pedro González-Trevijano han sido asumidas por el magistrado Juan Carlos Campo, exministro de Justicia del actual Gobierno; entre ellas por ejemplo, está el recurso del PP contra el decreto ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña.

La magistrada María Luisa Segoviano, del sector progresista, llevará a partir de ahora las ponencias del exmagistrado Santiago Martínez-Vares García: entre otros asuntos, el recurso de amparo planteado por el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez contra la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó por un delito de atentado a agentes de la autoridad. Rodríguez planteó además otro recurso —que está en manos de otra magistrada del tribunal, María Luisa Balaguer— contra la posterior decisión del Congreso de los Diputados de quitarle el escaño a causa de esa sentencia.

Las ponencias del magistrado Juan Antonio Xiol Ríos las ha recibido César Tolosa (conservador). En estas está la relativa al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la ley de 2021 con la que el Gobierno prohibió al Consejo General del Poder Judicial realizar nombramientos mientras siga con el mandato caducado.

Causas del retraso

En todo caso, la primera tarea del nuevo Constitucional será la deliberación sobre la ley del aborto. Los casi 13 años transcurridos desde la presentación del recurso del PP contra la ley de plazos —que reconoce el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo durante las primeras 14 semanas sin dar explicaciones— se deben a que el tribunal ha ido retrasando su deliberación. En un primer momento existió una ponencia elaborada por la magistrada progresista Elisa Pérez Vera, que era partidaria de avalar la ley, pero su borrador no se llevó a pleno.

El recurso no se resolvió ni durante la presidencia de María Emilia Casas ni durante la de Pascual Sala, cuyo sucesor, Francisco Pérez de los Cobos, que llegó al cargo en 2013, explicó que el tribunal seguía sin abordar el asunto por razones de “prudencia”. En ese momento, el PP gobernaba con mayoría absoluta y había anunciado que derogaría la ley de plazos. Por eso, Pérez de los Cobos metió el asunto en un cajón. Subrayó que “quienes plantearon el recurso contra la ley vigente fueron los diputados del PP”, y que ese partido, que tenía en ese momento “mayoría parlamentaria”, había dicho “con reiteración” que iba a cambiar la ley. “Por consiguiente, tiene en su mano conjurar los problemas de constitucionalidad que la norma le planteaba”, dijo. Y añadió: “Hay voluntad de no interferir en el proceso legislativo, máxime cuando ya hay jurisprudencia del tribunal en materia de aborto”. Pérez de los Cobos subrayó que, en definitiva, “el Constitucional está para solucionar problemas, no para incrementarlos”, por lo que “es prudente esperar”.