El Constitucional da el plácet por unanimidad a los cuatro juristas nombrados por el Gobierno y el Poder Judicial

El pleno del Tribunal Constitucional ha dado por unanimidad el plácet para su incorporación al órgano de garantías a los juristas Laura Díez Bueso y Juan Carlos Campo, designados por el Gobierno en noviembre, y César Tolosa y María Luisa Segoviano, elegidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el miércoles pasado. “El Pleno del Constitucional verifica por unanimidad que los cuatro juristas propuestos por el Gobierno y el CGPJ cumplen los requisitos exigidos por la Constitución”, ha comunicado el tribunal de manera protocolaria. Los nuevos magistrados prometerán o jurarán el cargo este mismo sábado ante el Rey en el palacio de La Zarzuela, pero no tomarán posesión hasta el próximo 9 de enero. Entonces echará a andar la nueva etapa del Constitucional con mayoría progresista, tras nueve años de mayoría conservadora.

Los 11 magistrados actuales, reunidos este jueves en un pleno extraordinario, han confirmado que los cuatro candidatos cumplen los requisitos exigidos por la Constitución. Este era el último trámite para culminar la renovación del tribunal de garantías, pendiente desde junio y que desembocará en un cambio en la relación de fuerzas, con siete miembros de sensibilidad progresista y cuatro de tendencia conservadora.

Los dos magistrados que entran en el tribunal a propuesta del Gobierno son Juan Carlos Campo, exministro de Justicia de este propio Gobierno, y Laura Díez, catedrática de Derecho Constitucional y alto cargo en La Moncloa en los dos últimos años. A propuesta del CGPJ llegan al Constitucional la expresidenta de la Sala Social del Tribunal Supremo María Luisa Segoviano y el hasta ahora presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, César Tolosa.

La ley orgánica del Constitucional deja en manos del pleno la comprobación de que los juristas propuestos reúnen las condiciones previstas para ocupar el cargo. Dichos requisitos son esencialmente que se trata de profesionales del ámbito jurídico y que han dedicado a su ejercicio un mínimo de 15 años. Los miembros del órgano de garantías, posiblemente en su última reunión con la actual composición, se han limitado “juzgar” si los cuatro propuestos reúnen esos requisitos, sin entrar en valoraciones sobre su valía profesional o sesgo político o ideológico.

Los cuatro magistrados designados por el Gobierno y el CGPJ reemplazarán al presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano (conservador); su vicepresidente, Juan Antonio Xiol (progresista); y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares )conservadores), que componen el tercio que la Constitución encarga renovar al Ejecutivo y al órgano de gobierno de los jueces. Así, el tribunal de garantías pasará de su actual mayoría conservadora (6-5) a otra de carácter progresista (7-4). Y esa nueva mayoría lo será previsiblemente durante un largo período: hasta 2031.

Todo ello a la espera de que se cubra la vacante del magistrado Alfredo Montoya, que abandonó el cargo en verano por motivos de salud. La ley estipula que la plaza de este magistrado se cubrirá de la misma forma en la que se designó y por el tiempo que le restase; es decir, a través del Senado. Antes de su designación, el elegido deberá comparecer previamente ante la correspondiente comisión de la sede legislativa.

Una vez se culmine la renovación efectiva, la primera tarea será nombrar presidente. Los progresistas Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer siguen siendo los principales candidatos. Con toda probabilidad, el vicepresidente será el magistrado conservador Ricardo Enríquez.