El ‘flashover’ del Tribunal Constitucional

La política española ha entrado esta semana en lo que los expertos en extinción de incendios denominan flashover, o combustión súbita generalizada, en la que, de repente, en un fuego en apariencia controlado, todos los elementos que hasta ese momento permanecían intactos empiezan a arder por la radiación de las llamas. A la hoguera del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, alimentada por el PP en su beneficio durante los últimos cuatro años, y al empeño del Gobierno de apagarla con lo que la jurista Elisa de la Nuez califica de un “lanzallamas legislativo”, se ha unido ahora el Constitucional. El tribunal —de mayoría conservadora— decidirá este lunes si paraliza, a petición del PP y Vox, la tramitación parlamentaria de dos enmiendas ideadas para desbloquear su renovación. Los partidos del Gobierno las habían introducido en la ya polémica reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición y rebajar el castigo de la malversación sin ánimo de lucro y beneficiar a los políticos encausados por el procés de 2017.

Estas enmiendas, ahora en el alero, pretenden forzar la renovación de cuatro de los 12 magistrados del tribunal de garantías cuyos mandatos expiraron el 12 de junio, retocando para ello las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. El Congreso las aprobó el jueves, en una jornada de enorme tensión, después de que los cinco magistrados progresistas del Constitucional lograran aplazar a este lunes el debate sobre el recurso de amparo en el que el PP solicita al tribunal suspender de manera cautelarísima su tramitación. Este aplazamiento del pleno del Constitucional, convocado de urgencia por su presidente, Pedro González-Trevijano, evitó que se consumara la paralización de las enmiendas, que ahora están en el Senado. Sin embargo, la mera convocatoria desató en el Congreso una retórica inflamada, en la que la mayoría parlamentaria de izquierda y nacionalista habló de “golpe de Estado de las togas” y la oposición de derecha, en este caso la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, llegó a afirmar que “el Gobierno va a declarar de facto la independencia de Cataluña”.

Este periódico ha consultado con una decena de expertos juristas —la mayor parte de ellos bajo condición de anonimato—. Todos ellos coinciden en que España atraviesa una “crisis constitucional” de consecuencias imprevisibles por la politización intensa de los órganos constitucionales, y el afán cada vez más indisimulado de los partidos de controlar las instituciones llamadas a ejercer de contrapeso de sus decisiones. Xavier Arbos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, señala que “la autoridad moral del Tribunal Constitucional para resolver se encuentra en riesgo” por este conflicto “más político que jurídico”, y considera que “si se accede a la suspensión [del trámite de las enmiendas] se podría afectar a la autonomía reglamentaria de las Cámaras” y el tribunal, que “parece ser juez y parte (…), añadiría una muesca más a la etiqueta de políticamente sesgado”.

Arbos teme que la apariencia de partidismo del Constitucional alimente a los populismos. “La legitimidad de un tribunal se basa en gran parte en las apariencias; si se desprestigia, cuando falte el guardián, muchos van a sentirlo”. También considera “deplorable” el espectáculo de “exabruptos y descalificaciones genéricas” vivido el jueves en el Congreso.

Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de la fundación Hay Derecho, sitúa el origen de esta “gangrena” institucional en el bloqueo de la renovación del CGPJ, que el PP mantiene paralizado desde diciembre de 2018 y que, a su vez, afecta a la renovación del Constitucional. No obstante, considera “salvaje” la fórmula legislativa ideada por el Gobierno para el desbloqueo del tribunal de garantías. Esta pasa por rebajar de urgencia y sin consultas el quórum de tres quintos del CGPJ para nombrar a los dos magistrados constitucionales que le corresponde nombrar al órgano de gobierno judicial, y en suprimir el trámite de supervisión de la idoneidad de los nuevos miembros por parte del tribunal. Y todo ello, en una proposición de ley concebida para cambiar el Código Penal.

De la Nuez afirma que, aunque al PP le asiste el derecho a recurrir en amparo y que hay sombras de inconstitucionalidad en esa reforma, puede producirse un “choque de legitimidades” entre el Parlamento y el tribunal, al que describe como un “órgano tocadísimo por la politización, ocupado por los partidos”. “Es un drama saber de antemano qué va a votar cada magistrado la mayoría de las veces, lo que estamos viendo es el fruto de un deterioro de muchos años que estalla ahora, el extremo de una enfermedad degenerativa”, señala.

Ambición personal

Los juristas consultados aprecian una confluencia de factores en la crisis más grave en 44 años de democracia. Por un lado, el intento de los dos grandes partidos de controlar las instituciones, colocando en ellas a figuras no ya afines en lo ideológico, sino directamente obedientes a las formaciones políticas. En ese fenómeno, un magistrado del Supremo deplora que los partidos recurran para el Constitucional a magistrados “de la segunda categoría de la carrera”, es decir, no pertenecientes al alto tribunal, lo que supone “una degradación institucional”. Por otro lado, señalan el factor de la ambición personal de los candidatos. “Esta corrupción del sistema no es cosa solo de los partidos, también de la gente que desde dentro de la judicatura se presta a esto”, señala Elisa de la Nuez.

Un magistrado perteneciente al percentil más alto del escalafón considera que la actuación apresurada de Trevijano al convocar el pleno extraordinario es “gravísima y jurídicamente muy discutible; tan dañina y detestable como la prisa legislativa”, y aprecia un posible “fraude de ley” en el recurso de amparo del PP. “No se puede integrar en la normalidad esta patología democrática del Gobierno y el PP”, afirma este juez, que considera que el CGPJ “huele a química tanatológica”. “Con estos AVE políticos y judiciales estamos contribuyendo a minar las bases del sistema constitucional”, señala.

En algunos ambientes jurídicos, especialmente en las redes sociales, se reclama que el Rey ejerza de manera visible la labor de árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones que le reserva el artículo 56 de la Constitución. De la Nuez cree que ejercer esta mediación de forma pública “sería letal” para la Jefatura del Estado, y un miembro de la cúpula judicial le aconseja “permanecer en la jaima hasta que pase el siroco”.

Un miembro de la cúpula fiscal pone el acento en la especial responsabilidad del Gobierno, a quien reprocha estar generando “confrontación y desequilibrio” con el carrusel de leyes para lograr la renovación de los órganos constitucionales, quitando y devolviendo atribuciones al Consejo del Poder Judicial. No obstante, este jurista duda de la vía cautelarísima para suspender la tramitación de las leyes a la que aspira el PP. Otro catedrático de Constitucional, que reclama anonimato, confesaba el jueves su “alivio” porque González-Trevijano accediera a aplazar el pleno y considera que el tribunal debería estudiar el recurso del PP por el trámite ordinario, sin prisas. Todo por evitar que el incendio se propague sin remedio.