El Constitucional mantiene viva la amenaza de suspender la reforma legal que llega al Senado

El sector progresista del Tribunal Constitucional (cinco de los 11 magistrados) logró el jueves suspender hasta el lunes el pleno convocado de urgencia para deliberar por primera vez en la historia de este órgano si se impedía la tramitación de una iniciativa legislativa en el Congreso, que incluía reformar las normas de renovación del propio órgano de garantías. El aplazamiento no desactiva la amenaza de que el Tribunal Constitucional acabe bloqueando una reforma legal que debía entrar en vigor el 23 de diciembre tras su aprobación por el pleno del Senado. De hecho, el ponente de la sentencia, Enrique Arnaldo (jurista de cabecera de Faes y elegido por el PP para el Constitucional), apoya su propuesta en el informe de un letrado que ampara la adopción de medidas cautelarísimas como pide el PP. El objetivo es hacer embarrancar la reforma del Gobierno que permitía desbloquear la renovación del Constitucional, donde cuatro de sus miembros, entre ellos el presidente, lleva seis meses con el mandato caducado. De esa renovación depende que el sector progresista, ahora minoritario, pase a tener mayoría absoluta en el órgano (siete de 12 magistrados).

Vox se unió el jueves al recurso del PP para intentar bloquear una iniciativa legislativa que el Congreso aprobó unas horas después con la mayoría habitual que acompaña al Gobierno. El PSOE y Podemos también presentaron escritos de alegaciones en los que se solicitaba que se respetara la autonomía del Parlamento y no se interfiriese su labor legislativa.

El aumento de escritos con propuestas llegados al tribunal y la complejidad del asunto hicieron que los cinco magistrados progresistas pidieran un aplazamiento de la deliberación. El presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, que no deseaba proponerlo motu proprio, aceptó acordarlo si era a instancias de algunos magistrados. Toda esta negociación se desarrolló fuera del pleno, en las horas que transcurrieron hasta que se inició formalmente, hacia la una de la tarde.

Los magistrados habían llegado a la sede del tribunal entre las ocho y las nueve de la mañana, para reunirse por grupos. Los conservadores, con Trevijano. Y los progresistas, con el vicepresidente, Juan Antonio Xiol. Ese prólogo daba a entender que podía prosperar por seis votos (de conservadores) frente a cinco (de progresistas) la medida cautelarísima pedida por el PP para suspender la tramitación parlamentaria de la reforma legal.

En el grupo de magistrados elegidos a propuesta del PP imperaba el criterio de que la técnica legislativa seguida por el PSOE y Podemos vulnera derechos de los parlamentarios recurrentes, es decir, los del PP y Vox. Entre los progresistas, ya existía a primera hora el acuerdo de ir a por todas en la defensa de la autonomía del Parlamento, desde el convencimiento de que lo que lesiona los derechos de los diputados y sus electores es cercenar un debate abierto en el marco de las competencias legislativas de las Cortes Generales.

Mientras ambos grupos permanecían reunidos, empezaron a llegar las noticias de que PSOE, Podemos y Vox estaban presentando escritos dirigidos al pleno. Y eso modificó el curso de los acontecimientos. El pleno se fue retrasando mientras se formulaban y cruzaban propuestas de actuación ante la bola de nieve procesal que se estaba formando.

El presidente, Pedro González-Trevijano, convino con el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y con María Luisa Balaguer que ellos y los otros tres magistrados progresistas —Cándido Conde-Pumpido, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez— presentarían un escrito pidiendo la suspensión del pleno para dedicar un tiempo razonable al estudio de los escritos presentados, y él lo acordaría, atendiendo su solicitud.

El pleno comenzó a la una de la tarde, tras mucha cocina previa, y así sucedieron las cosas: Trevijano dio cuenta de la petición presentada por los cinco magistrados progresistas. El ponente del asunto, el conservador Enrique Arnaldo, letrado de las Cortes, tenía muy preparada su intervención, apoyada en un informe de su letrado a favor de la paralización del debate en el Congreso, pero no pudo exponerlo porque se levantó la sesión.

Nada está resuelto definitivamente en relación con los recursos del PP y Vox. La medida cautelarísima que pedían no se adoptó, si bien subsidiariamente solicitaban una cautelar, que supone hacer lo mismo, pero más despacio y normalmente dando trámite de audiencia a las partes. El PSOE y Podemos ya han pedido ser tenidas por tales y recibir notificación formal de cuanto se haga y decida. Vox, a su vez, se ha sumado al recurso del PP contra la tramitación de las enmiendas que permiten desbloquear el Constitucional. Habrá que escucharlos a todos. Unos y otros dicen que se está agrediendo a los diputados y sus derechos: los impulsores de las enmiendas, porque se pretende impedir que se aprueben; y los recurrentes, porque su tesis es que aprobarlas es convertir a los parlamentarios en víctimas de un atropello.

Meses para resolver recusaciones

El siguiente capítulo, el lunes, tendrá también preliminares. Hay que decidir si se admiten a trámite las recusaciones presentadas por Podemos contra el presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, y contra el magistrado Antonio Narváez. Ambos fueron propuestos por el Gobierno del PP. Podemos cuestiona su imparcialidad porque tienen un interés directo y personal en el asunto que ha de resolverse, ya que su mandato terminó el 12 de junio, y de paralizarse la tramitación parlamentaria —que debe llevar a una votación en el Senado el próximo día 22— seguirían indefinidamente en su actual cargo.

Como instructora de las recusaciones ha sido designada la magistrada del sector progresista Inmaculada Montalbán. De momento, lo que hay que decidir es si esas recusaciones se admiten o no a trámite, salvo que los recusados se abstengan porque estimen que hay razones para ello. Si no se abstienen y las recusaciones se admiten a trámite, habrá que acordar quién es el ponente del nuevo trámite y si propone apartarlos del caso o no.

Para todo ello, en casos precedentes se han precisado meses. Así fue con algunas recusaciones presentadas contra magistrados por parte de los dirigentes del procés. Los progresistas estudian plantear que mientras se instruyan las recusaciones se suspenda la deliberación sobre los recursos del PP y Vox, porque no sería lo mismo resolverlos con Trevijano y Narváez, o sin ellos formando parte del tribunal. Mientras, el martes se reúne el Consejo del Poder Judicial y podría elegir a los dos magistrados del Constitucional que le corresponde nombrar. Si así fuera, bajaría muchos grados la presión ambiental sobre el tribunal de garantías, porque su renovación habría quedado desbloqueada. La semana que viene, por tanto, puede ser decisiva tanto en el Poder Judicial como en el Constitucional, pero de momento las espadas siguen en alto.