Operación tumbar el pleno del Congreso

El procurador de tribunales Manuel Sánchez-Puelles y González-Carvajal ha firmado a las 9.14 del miércoles 14 de diciembre un escrito de 54 folios que desencadena la mayor tormenta político-judicial de la reciente etapa democrática. Trece diputados del PP, a los que dice representar el procurador, recurren en amparo ante el Tribunal Constitucional porque creen vulnerados sus derechos de participación política. El escrito reclama que se suspenda cautelarmente la tramitación de la proposición de ley que elimina los obstáculos políticos para renovar el Tribunal Constitucional.

Solo unas horas después, cuando el recurso de amparo aún no ha empezado a causar estragos en el debate político, dirigentes del PP ya pronostican lo que va a pasar: “Adoptarán la medida cautelar que pedimos y eso afectará al proceso legislativo del Senado”, donde se votará la ley de manera definitiva el 22 de diciembre.

Pero antes de ese momento, toca aprobar el jueves 15 de diciembre en el Congreso la reforma del Código Penal que suprime el delito de sedición, rebaja la malversación y cambia dos normas más que eliminan los obstáculos para la renovación del Constitucional. El Gobierno impulsa de urgencia, a través de diversos atajos legislativos, un cambio profundo en artículos clave del Código Penal para beneficiar a los independentistas catalanes que aún están pendientes de juicio por el 1-O y, de paso, imponer con medidas legales extremas la renovación del Constitucional, bloqueada por distintos representantes de la derecha judicial desde hace cinco meses.

Pero la Operación tumbar el pleno ya está en marcha. Parece como si los dirigentes del PP conocieran de antemano el criterio mayoritario en el Constitucional sobre un pronunciamiento que nunca se había planteado en los 42 años de historia del tribunal.

Es previsible que el PP disponga de información precisa de lo que puede ocurrir porque 6 de los 11 magistrados del tribunal de garantías fueron elegidos a propuesta de la formación política. El último que entró por esa vía es Enrique Arnaldo, quien conocía en profundidad a quienes le colocaron como magistrado porque desde 1986 ejercía de letrado en el Congreso de los Diputados.

Arnaldo compatibilizó ese trabajo con sus negocios privados, algunos de ellos con administraciones públicas gobernadas por los populares; con su asistencia a decenas de actos de FAES, la fundación vinculada al PP donde se le consideraba uno de los juristas de cabecera; y con sus relaciones peligrosas con dirigentes del partido conservador que acabaron procesados o condenados por corrupción.

Ahora, Enrique Arnaldo es el magistrado al que le ha caído en suerte la ponencia sobre el recurso de amparo del PP.

La historia se repite. Hace una década, el recurso de los populares contra la ley de plazos del aborto recayó en Andrés Ollero, antiabortista declarado que había sido diputado del PP. Aunque su ponencia nunca pasó del cajón de los proyectos olvidados por consenso de los políticos. El PP está ahora convencido del éxito de su iniciativa contra la reforma legal del Gobierno. Sería un golazo por la escuadra del legislativo. En el palacio de la Moncloa se reciben noticias inquietantes y el Ejecutivo empieza a temer un nuevo bloqueo si el tribunal atiende la reclamación de los populares.

Mientras tanto, en el Constitucional se viven horas de creciente tensión. El presidente, Pedro González-Trevijano (conservador), habla con el vicepresidente, Juan Antonio Xiol (progresista), y le comunica su intención de llevar a pleno el recurso de amparo del PP. Ambos tienen el mandato caducado desde junio y convienen que la celebración de ese pleno debería ser el viernes.

Pero Arnaldo, magistrado responsable de la ponencia, entra en acción para forzar que el pleno del Constitucional sea el jueves a las 10 de la mañana, unas horas antes de que comiencen en el Congreso el debate y la votación de la proposición de ley que el PP ha pedido que se suspenda de manera cautelar.

Arnaldo ha llamado por la mañana al presidente del tribunal porque considera urgente exponerle una serie de consideraciones muy relevantes sobre el caso que ha caído en sus manos. Trevijano le convoca a las cinco de la tarde en su despacho, y luego llama al vicepresidente Xiol, para que también asista a esa reunión a las 17.00, solo ocho horas después de que el PP haya registrado su recurso de amparo en el tribunal de garantías.

Trevijano y Xiol habían acordado previamente que el pleno del Constitucional tendría lugar el viernes por la tarde, dos días después de la presentación del recurso del PP, con objeto de dar tiempo para que los magistrados estudiaran el asunto. En paralelo, ambos examinaron la plantilla de letrados del tribunal y decidieron solicitar el preceptivo informe sobre la admisibilidad del recurso a Juan Carlos Duque, secretario general adjunto del Constitucional y especialista en derecho parlamentario. El letrado había pedido al menos un día y medio para elaborar su dictamen, pero tuvo que hacerlo en menos de 24 horas.

La llamada de Enrique Arnaldo ha preocupado más que sorprendido a Trevijano, porque puede suponer que se desbaraten los planes que ya había acordado con Xiol, que como vicepresidente ejerce funciones de enlace con el sector progresista.

Tras la llamada de Arnaldo, Trevijano localiza a Xiol en el almuerzo de la entrega de premios a juristas gallegos que organiza anualmente el Senado. Le dice que bajo ningún concepto deje de asistir a la reunión de las cinco de la tarde en su despacho. Unas mesas más allá, en el hotel Palace, donde tiene lugar el almuerzo tras la entrega de premios, está el propio Enrique Arnaldo, también invitado al acto. Pero en ningún momento Xiol y Arnaldo cruzaron palabra alguna, según fuentes del tribunal. Poco después de las cinco, ambos emprenden camino por separado hacia el Constitucional.

Xiol entra primero en el despacho de Trevijano, quien le explica que Arnaldo insiste en la necesidad de adelantar el pleno al jueves por la mañana. La votación de las reformas legales cuestionadas por el PP están fijadas en el Congreso para la tarde.

Tras poner en antecedentes a su vicepresidente, Trevijano manda llamar a Arnaldo. El ponente del recurso del PP defiende entonces que no procede convocar el pleno del tribunal el viernes por la tarde, y reclama celebrarlo el jueves, antes de que el Parlamento se haya pronunciado sobre las enmiendas que el PSOE y Unidas Podemos querían incorporar al texto legal sobre reformas del Código Penal.

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Los momentos más tensos del Pleno del Congreso

Arnaldo insiste en que si el pleno se celebra el viernes por la tarde, cuando el Congreso ya ha votado las enmiendas que motivan el recurso del PP, la decisión que se tome sobre la petición de medidas cautelarísimas formulada por la formación conservadora para que el Constitucional impida la votación pierde todo su sentido. En paralelo, llega al despacho del presidente Trevijano el rumor de que entre los magistrados del sector conservador se habían realizado consultas sobre la conveniencia de presentar un escrito para exigir la celebración del pleno el jueves.

Las normas internas del tribunal implican que la convocatoria de un pleno deberá tener lugar si la piden al menos tres magistrados. Alguno de los consultados planteó la necesidad de que no se forzara al presidente. Arnaldo expuso a su vez que había encargado un informe propio sobre el caso a su letrado de confianza, Herminio Losada.

Trevijano y Xiol llegan rápidamente a la conclusión de que el ponente del asunto quería admitir a trámite el recurso del PP y acordar la medida cautelarísima de suspensión de la votación en el Congreso antes de que el pleno de la Cámara aprobara las citadas enmiendas.

Xiol, sin embargo, replica a Arnaldo que el adelanto del pleno del tribunal era innecesario, porque en cualquier caso el trámite parlamentario seguiría y porque había que dar tiempo a los magistrados para que estudiaran el caso.

Pero el ponente del caso insiste en sus tesis, según explicaron a EL PAÍS fuentes conocedoras de todos estos contactos. La reunión dura más de una hora y media. En algunos momentos se incorpora a la misma el secretario general, Andrés Gutiérrez, para organizar los trámites oportunos, ante la eventualidad del adelanto del pleno.

Terminado el encuentro, Trevijano le pregunta a Xiol: “¿Qué hacemos?”. Y Xiol le responde: “Ya has oído lo que pienso. La decisión es tuya, tú eres el presidente”. En vista de las circunstancias y los rumores sobre movimientos del sector conservador, Trevijano decide adelantar el pleno. Pasadas las ocho de la tarde, los magistrados empiezan a recibir la notificación oficial de que el pleno sería al día siguiente, 15 de diciembre, por la mañana, cuando lo acordado entre Trevijano y Xiol había sido celebrarlo el viernes tras la votación parlamentaria.

El letrado Juan Carlos Duque apenas duerme esa noche. Su informe estuvo listo el jueves por la mañana, a tiempo para ser conocido por el pleno. El encargado por Arnaldo a su letrado, Herminio Losada, más breve, también llega antes de la reunión.

El primer informe es contrario a la medida cautelarísima de suspensión de una votación del Parlamento. El segundo es favorable a este tipo de actuación.

El criterio unánime en el tribunal fue inmediatamente que Arnaldo iba a proponer en ese pleno la admisión del recurso del PP y de la cautelarísima para impedir la votación en el Congreso. Pero él no lo manifestó explícitamente.

Los dos bloques del tribunal —conservador y progresista— se reúnen por separado. Los progresistas acuerdan que, si se pretende celebrar el pleno, se ausentarán alegando falta de tiempo para preparar la deliberación, con lo que no habría quórum necesario y no se podría celebrar el pleno. Trevijano pide que se lo expongan por escrito y desconvocará la deliberación. Le entregan un primer texto. El presidente del tribunal lo halla excesivamente genérico y pide más contundencia. Se hace una segunda versión y, con el escrito en la mano, Trevijano suspende el pleno, lo que evita que por primera vez en la historia, el Tribunal Constitucional impida una votación en el Congreso de los Diputados.