Lambán se desmarca del Gobierno y pide endurecer la malversación para “delitos tan gravísimos” como los del 1-O

El presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha vuelto a mostrar este miércoles su rechazo a la rebaja de penas por el delito de malversación que impulsan el Gobierno y ERC. Durante un acto en Alcañiz (Teruel), Lambán ha afirmado que malversar dinero público para hacer algo “tan gravísimo como atentar contra la Constitución”, organizando un referéndum independentista ilegal como el del 1-O en Cataluña, “debería servir para agravar” la pena, y no al revés. El presidente aragonés se ha sumado así —aunque con un tono más suave— al de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que el martes puso voz al malestar entre algunos barones socialistas por la reforma exprés del Código Penal, que beneficia directamente a los encausados del procés. “Los independentistas tienen clara su hoja de ruta: avanzar hacia la separación de una parte de España. Todos los demócratas nos debemos tomar como una prioridad absoluta el rearme del Estado frente al independentismo”, ha dicho Lambán poco antes de recibir a Felipe VI para la inauguración de una exposición en el marco de los actos del cincuentenario de la UNED.

La reforma rebajará sustancialmente las penas (de un máximo de 12 años de prisión a un máximo de cuatro) en los casos en los que una Administración desvíe fondos públicos, generando un “daño o entorpecimiento grave” al servicio público, pero sin que exista lucro personal. Lambán considera que detraer dinero público para hacer una declaración unilateral de independencia de una parte de España no es menos grave que malversar para beneficio personal, sino más; y que, por tanto, no debería recibir un castigo menor que el previsto hasta ahora, sino uno mayor: “En mi opinión, malversar fondos públicos para financiar un delito tan gravísimo como el de los independentistas catalanes debería tener una consideración agravada […]. Malversar para financiar aquellos gravísimos hechos contra la Constitución debería recibir un tratamiento penal agravado [en comparación con] como estaba regulado con anterioridad”, ha dicho.

El presidente aragonés ha subrayado que, frente a la estrategia de los partidos independentistas, el Gobierno “no debe desarmarse”, sino lo contrario, “rearmarse”, especialmente cuando los secesionistas (como ha hecho el líder de ERC, Oriol Junqueras, esta semana) insisten en que volverán a intentarlo y no renuncian a la vía unilateral para la ruptura. “Las declaraciones de los independentistas a menudo rozan la provocación o son directamente provocadoras”, ha señalado el socialista.

La hoja de ruta independentista

Los periodistas han preguntado a Lambán por las declaraciones del primer secretario del PSC, Salvador Illa, en una entrevista en El Confidencial, en las que afirmaba que en Cataluña no habrá un referéndum de autodeterminación, pero sí podría haber una consulta sobre los acuerdos políticos a los que lleguen los partidos catalanes. “Lo que dice el primer secretario del PSC no sé lo que es. Una cosa de que los catalanes reformen su Estatuto y vayan a referéndum”, ha dicho. “Lo que todos tenemos que tener claro es lo que dice ERC de que en no sé qué plazo habrá referéndum. Uno llega a la conclusión de que los independentistas tienen clara su hoja de ruta en cuanto a avanzar en el proceso de desconexión de Cataluña”, ha lamentado el presidente aragonés.

El ministro de Cultura y antecesor de Illa al frente de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, ha interpretado que la apuesta del PSC es una consulta en Cataluña sobre un nuevo Estatuto, una solución enmarcada en la Constitución y “los caminos que las instituciones marcan”. Muy poco antes, en los pasillos del Congreso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había subrayado también que lo que plantea Illa “no es un referéndum”. “No va a haber referéndum en Cataluña con un Gobierno de Pedro Sánchez”, ha aseverado.

En opinión de Lambán, los demócratas deben “ser autocríticos” con lo que se ha venido haciendo en los últimos 40 años a la hora de organizar la gobernabilidad de España. “Deberíamos pretender por todos los medios que la gobernabilidad no dependa de los extremos ni de los independentistas ni de los extremistas de ninguna orientación ideológica”, ha advertido.

Mucho más duro que el presidente aragonés fue el martes el castellano-manchego, Emiliano García-Page, que se manifestó “muy contrario” a la reforma penal del Gobierno, hecha “a la medida de los culpables”, y zanjó: “No es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena”. El Ejecutivo no ha querido salir al paso de esas declaraciones. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, respondió con el silencio a las numerosas preguntas al respecto que los periodistas le plantearon en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, se limitó a constatar que su opinión y la de García-Page “no son coincidentes”. Y, por su parte, la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha afirmado este miércoles que su “sentido de la lealtad y del respeto” le impide “dar públicamente” su opinión sobre las palabras de García-Page.