Frialdad del independentismo ante el entusiasmo de Sánchez por la reforma penal

Cuando, en junio de 2021, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que concedería los indultos a los líderes del procés condenados a prisión, el independentismo desdeñó la medida, negándole cualquier viso de coraje político a pesar de que Sánchez la presentó como una forma de desinflamar la situación en Cataluña. Incluso ERC la atribuyó simplemente a una hipotética presión de organismos europeos. Ahora, con la reforma del Código Penal —fruto de una negociación entre el PSOE y ERC— prácticamente lista, y promovida con igual o incluso más entusiasmo por parte del presidente del Gobierno, el secesionismo no se mueve un ápice de ese planteamiento y vive el anuncio con frialdad. Hasta que no esté todo consumado, insisten distintas voces de partidos y entidades independentistas, no se podrá realmente evaluar el impacto. Y eso a pesar de que los inmediatos beneficiarios de la reforma son los condenados del procés y quienes están pendientes de juicio por esa causa.

En la cúpula de ERC se limitan a repetir el mantra acuñado en el pasado por el diputado Gabriel Rufián: “El PSOE no hace, al PSOE se le obliga a hacer”. Para ellos, la reforma que deroga el delito de sedición y rebaja las penas por malversación (que beneficia al menos a 37 excargos independentistas ya juzgados o encausados) es otro ejemplo de esa máxima, el mero fruto de un compromiso más adquirido en la vía negociada. Todo estaba agendado para efectuarse antes de que terminara este año en la mesa de diálogo, insisten esas voces, y a ello se llegaba después de una crisis de confianza inmensa derivada del caso Pegasus de espionaje. El president Pere Aragonès fue uno de los monitoreados, aunque con autorización judicial, y para los republicanos eso era incompatible con la voluntad de diálogo en la que insistía el Gobierno.

Cuando en agosto se recompusieron las confianzas, en ERC quisieron aprovechar para acelerar las negociaciones y que la mesa pudiera cerrar el año con frutos tangibles. Aún no estaba claro que la coalición de Gobierno con Junts fuera a caer, pero ya existía la idea de que tenía que haber un anuncio que sirviera para mostrar que la apuesta por el diálogo era útil. Nadie previó, sin embargo, que Pedro Sánchez fuera a prodigarse en la defensa de las reformas legislativas de la manera en la que lo está haciendo. “Estamos defendiendo lo que vale la pena, la concordia, la convivencia y la unión entre españoles. No quiero que volváis a vivir los días tan aciagos y tan tristes de 2017″, dijo el presidente del Gobierno con una exaltación inusual el pasado fin de semana en Barcelona. De hecho, mientras que el anuncio de la derogación del delito de sedición si estuvo pautado entre ambas partes, la rebaja de la malversación, que Sánchez confirmó en el corrilllo con periodistas tras los fastos del Día de la Constitución, cogió a los republicanos por sorpresa.

Hay quien dentro del Govern sostiene que Sánchez simplemente “hace de Sánchez”: “Dice las cosas a medias, después las matiza. Siempre mareando la perdiz”. Pero el caso es que el compromiso se ha cumplido (también por parte de ERC en la votación de los Presupuestos Generales), y sin embargo el discurso no es de plena satisfacción. “El Govern considera que se ha hecho un avance con el Código Penal. Por tanto, está satisfecho. Pero no es la reforma que haría al 100%”, ha dicho este martes la portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja. ERC también se ha envuelto en el relato —compartido por el Gobierno central— de que la reforma de la malversación en 2015 fue un traje a medida del PP contra el independentismo, a pesar de que aquella reforma llegó al Congreso a principios de 2013, casi dos años antes de esa votación.

Si en las filas republicanas se limitan a considerar las medidas del Gobierno como un mero fruto de la negociación en la mesa de diálogo, en el resto de fuerzas independentistas la situación se vive aún con más frialdad. “Se ha hecho un autogol”, opina una de las primeras espadas de Junts. La tesis oficial de esa formación es casi idéntica a la que plantean el PP, Vox o Ciudadanos, esto es, que Sánchez sólo pretende mantenerse en el Ejecutivo y para lograrlo da a los republicanos prebendas como los cambios legales. Lo mismo le da a Junts que los encausados o condenados de sus propias filas, comenzando por Carles Puigdemont, puedan terminar beneficiándose de la reforma del Código Penal. Para el portavoz de Junts, Josep Rius, “el Gobierno español quiere dejar las cosas donde estaban”.

El PDeCAT, que de momento se muestra favorable a la reforma penal, es el único que abiertamente apoya el cambio como herramienta para consolidar el nuevo panorama político alejado de las aventuras unilaterales. La CUP, por su parte, cree que el nuevo supuesto de desórdenes públicos agravados deja a los pies de los caballos a las decenas de ciudadanos anónimos que están encausados tras protestas de cariz independentista. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural también miran con reojo los cambios por ese mismo motivo. El compromiso de Pedro Sánchez, sostienen, solo se podrá medir si se abre a negociar un referéndum de independencia. Una posibilidad que el Gobierno ha vuelto a rechazar este mismo martes.

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