Así se fraguó una decisión difícil: la apuesta de Sánchez para cerrar el ‘procés’

Lo habían hablado muchísimas veces. Pedro Sánchez tenía la decisión tomada y asumía el posible coste político: había que cerrar el capítulo judicial para dar el carpetazo definitivo al procés, según su visión. El momento ideal para hacerlo era 2021, pensaba el presidente. Todo en bloque: los indultos para los líderes; el cambio en la sedición para favorecer el regreso de los fugados con condenas más bajas y reducir las inhabilitaciones de todos, y la reforma de la malversación para los segundos niveles, que aún esperan juicio cinco años después.

Todo estaba listo, pero ERC no se animó. Los indultos eran una iniciativa del Gobierno, ellos no se mojaban nada, aunque se beneficiaran. Pero para cambiar la sedición y la malversación, ERC tenía que aceptar con su firma y su voto que hubo delito en el procés. Con condenas bajas, pero delito. Tenía que gestionar el coste de las críticas de Junts, como se vio el jueves en el Congreso, cuando les acusaron de asumir que los que promovieron el procés son delincuentes. Sánchez aceptaba reducir mucho las penas máximas —dos tercios—, pero no una amnistía ni una despenalización. “No me podéis pedir que desarme al Estado”, les dijo a sus interlocutores, en especial al president, Pere Aragonès, según fuentes del Ejecutivo.

Así que ERC no se animó a dar ese salto en 2021, y todo quedó pospuesto. Mientras los jefes estaban indultados, sus segundos se enfrentaban a largas condenas. El tiempo fue pasando, y la reforma ahora ya era muy urgente, sobre todo la de la malversación. Los juicios son inminentes. En el caso más conocido, el del entorno de Oriol Junqueras —los diputados de ERC Josep María Jové y Lluís Salvadó, y la actual consejera de Cultura, Natàlia Garriga, que tienen pendiente el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por ser aforados— la Fiscalía estaba a punto de hacer su escrito de acusación. Y se esperaban penas muy altas. No había aún concreción, pero sí una pista: el ministerio fiscal solicitó que la causa se siguiera por el procedimiento de sumario ordinario, reservado a los delitos superiores a nueve años de cárcel. Podía pedir hasta 12 años por malversación. Con la reforma, solo podrá solicitar un máximo de cuatro.

Así que los equipos negociadores del Gobierno y ERC aceleraron todo con varias líneas rojas: no podía haber despenalización, tenía que cerrarse antes de que acabe el año —para evitar acercarse a los procesos electorales— y todo tenía que resolverse rápido, para evitar un gran desgaste.

Sánchez ha acelerado todo por varios motivos. El primero, y más importante, porque ERC ha girado y ha aceptado firmar una reforma que puede implicar condenas a sus dirigentes, aunque más suaves. No lo reconocen abiertamente en público, incluso lo niegan —ERC sostiene que las redacciones que han quedado de desórdenes públicos agravados y malversación no se adaptan a lo que sucedió en el procés—, pero eso quedó muy claro en las negociaciones, aseguran fuentes del Ejecutivo, y se verá en los juicios.

La visión de este asunto de las personas que están dentro es completamente diferente al ambiente que se traslada en el Congreso, en la oposición e incluso en algunos barones socialistas o dirigentes históricos, muy críticos con el giro de Sánchez. “Para nosotros, ERC está firmando las condiciones de su derrota. Sabe que el procés está muerto, que salió mal, y ahora han negociado simplemente una reducción de penas. No lo van a reconocer, pero es lo que hay. Y vale la pena”, sentencia un dirigente socialista.

El segundo motivo fundamental de Sánchez es que quiere cerrar el procés y sobre todo afianzar la división del independentismo, como explicó el jueves en Bruselas. “La unidad del independentismo está rota. La vía unilateral hoy no se plantea. ERC sabe que el procés se acabó. Tienen que tener el coraje de decirlo. No va a haber ningún referéndum de autodeterminación”, aseguró.

Pero sobre todo, Sánchez ha hecho ahora la reforma de la malversación, con el enorme riesgo político que implica, para evitar un horizonte perverso en 2023 de volver a la rueda de políticos catalanes entrando en la cárcel con largas condenas y protestas masivas en la calle en pleno proceso electoral. El presidente del Gobierno aún tiene en la cabeza, y lo ha explicado en privado, la durísima campaña de noviembre de 2019, con las calles de Barcelona incendiadas con disturbios graves por la sentencia del Supremo. Justo ahora que Cataluña está más calmada que nunca, cuando en toda España la preocupación por su posible independencia ha pasado a ser el problema número 45, incluso por debajo de la Monarquía, que está el 44, según el último CIS, Sánchez y el PSC, dirigido por Salvador Illa, querían evitar a toda costa una reactivación del independentismo con una nueva campaña de lazos amarillos y movilizaciones.

El presidente lo explicó bastante claro el lunes en la Ejecutiva del PSOE, donde hizo un largo discurso en el que no ocultó que es consciente de la preocupación que hay en algunos sectores del partido ante una medida muy polémica. Dijo que está convencido de que vale la pena el coste para cerrar el procés, profundizar en la división del independentismo y también para afianzar la posición de los socialistas en Cataluña como los responsables de haber encontrado una salida a la enorme fractura generada por la crisis de 2017.

José Luis Rodríguez Zapatero cimentó sus dos victorias, la de 2004, pero sobre todo la de 2008, después de la reforma del Estatut, especialmente en Cataluña. Allí le sacó 17 escaños al PP de Mariano Rajoy en 2008 —25 a 8—. Casi toda la diferencia de escaños entre el PSOE y el PP en esas elecciones —15— y de votos —un millón— llegó de Cataluña. Claro que las cosas han cambiado mucho: entonces ERC sacó solo tres asientos, mientras ahora tiene 13. Esos 25 escaños en Cataluña de 2008 son irrepetibles, pero Sánchez e Illa sí esperan un resultado muy bueno.

Hasta 21 beneficiados por el cambio

“Con Cataluña solo no ganamos, pero sin resolver lo de Cataluña no podemos ganar”, les dijo Sánchez a los miembros de su Ejecutiva el lunes. El presidente les explicó que el escenario de una catarata de juicios con condenas altísimas y protestas callejeras a partir de marzo, cuando podrían llegar los primeros, era suicida y solo beneficiaría, como sucedió en 2019, a Vox, que saltó de 24 a 52 escaños con todas las televisiones conectando a diario con los disturbios en Barcelona.

Nadie puede precisar cuándo iban a ser los juicios, pero es previsible que el primero, el de Jové y Salvadó, llegue poco antes de las municipales y autonómicas, y otros en el mismo año. Hasta 21 ex altos cargos de ERC y Junts se beneficiarán de este cambio. Y ese es otro asunto clave: el independentismo se unifica siempre ante las condenas fuertes de los suyos, y se divide cuando hay calma.

Ahora, a Sánchez y su núcleo duro le toca explicar todo esto a los suyos, inquietos ante el desgaste. Pero primero tienen que ganar el gran pulso en el Constitucional que le ha planteado el PP. En La Moncloa lo tienen claro: “Esta batalla hay que darla. No podemos permitir que bloqueen la renovación de un órgano clave que juzgará las grandes reformas progresistas de los últimos años. La derecha cree que todo es suyo. Pero el Constitucional tenía que estar renovado hace seis meses. Costará, pero lo vamos a lograr”.