El nombramiento del exministro Campo que el PP denuncia ante Bruselas es común en Francia, Alemania, Italia y Bélgica

Laurent Fabius fue primer ministro con el primer presidente socialista de la era moderna de Francia, François Mitterrand. Casi dos décadas más tarde, otro jefe de Estado socialista, François Hollande, lo nombró en 2016 presidente del Consejo Constitucional, el equivalente galo al Tribunal Constitucional español. En esos momentos, Fabius era ministro de Asuntos Exteriores de Francia. Nadie se rasgó las vestiduras. Tampoco lo hicieron cuando, un año más tarde, el nuevo inquilino del Elíseo, Emmanuel Macron, designó a una integrante del tribunal de garantías, Nicole Belloubet, como la ministra de Justicia de su primer mandato. En la vecina Italia, país de los sobresaltos políticos, el dos veces primer ministro Giuliano Amato acaba de concluir sin polémicas su mandato como presidente del Tribunal Constitucional.

El Partido Popular denuncia ahora ante Bruselas como un “asalto institucional” el nombramiento del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de Laura Díez, hasta hace seis meses directora general de Asuntos Constitucionales en La Moncloa. Pero las idas y venidas entre la política y la institución que vela por las leyes no solo han pasado con anterioridad en España (y con el PP en el Gobierno): son algo habitual en Europa y hasta en el organismo judicial que supervisa las leyes de los Veintisiete, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

“Los tribunales constitucionales son una creación del siglo XX, se concibieron principalmente para garantizar el control de la constitucionalidad de las leyes del parlamento”, recuerda el abogado y profesor de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid Daniel Sarmiento, con amplia experiencia en derecho en la Unión Europea. De ahí que, subraya, incluso en algunos países de la UE hasta se “exige” que en esos tribunales haya jueces “con experiencia política”. Ahí están, señala, Bélgica o Alemania, donde es normal que en sus tribunales constitucionales haya antiguos ministros o diputados.

En el caso belga, está incluso estipulado por ley. El reglamento del Constitucional belga exige que, de los 12 jueces que conforman su tribunal de garantías, tres de ellos sean elegidos “con la base de tener al menos cinco años de experiencia como miembros del Parlamento”.

No es de extrañar, por tanto, que el comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, se mostrara bastante tranquilo cuando, esta semana, se le consultó su opinión sobre el tema: “No es el único país en el que se produce esta situación”, señaló al respecto quien hasta su llegada a la Comisión Europea ocupó altos cargos en el Gobierno belga —fue hasta viceprimer ministro y ministro de Exteriores—. Por el momento, ni el comisario de Justicia ni la vicepresidenta de la Comisión y comisaria de Transparencia, Věra Jourová, se han pronunciado sobre la carta que les han hecho llegar la portavoz del PP en Europa, Dolors Montserrat, y el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), el alemán Manfred Weber. Según los populares, los nombramientos del Gobierno español suponen una “violación de los continuados llamamientos de la UE a los Estados miembros para garantizar la independencia judicial”.

La firma de Weber en la carta del PP sí que ha causado algo de asombro. Al fin y al cabo, la presencia de políticos en el Bundesverfassungsgericht, el Constitucional alemán, también está normalizada. El tribunal germano lo único que estipula es que, quien sea nombrado como juez, abandone de inmediato cualquier escaño que pueda ocupar a nivel federal o de Länder. El actual presidente del Constitucional alemán, Stephan Harbarth, es además compañero de partido de Weber: antes de asumir la jefatura del Bundesverfassungsgericht, fue durante años diputado por el partido cristianodemócrata CDU, en cuya filial bávara, la CSU, milita el hoy presidente del PPE.

Sarmiento no cree que la “denuncia” del PP-PPE vaya a tener gran eco en Bruselas. “La UE vela porque los Estados tengan unos estándares mínimos de garantía de independencia y no politización de sus tribunales, incluidos los constitucionales, pero son unos estándares ‘de mínimos’. Como regla general, Bruselas ha sido muy cauta en esos temas, pues, además, la competencia de la Unión en este terreno es limitada”, señala.

De ahí que, avanza, lo más probable es que la Comisión Europea no tome medida alguna al respecto. “La jurisprudencia del Tribunal de Justicia está diseñada para casos muy extremos, como el de Polonia. Este no es, ni de lejos, el caso de España”, subraya en referencia al pulso que Varsovia mantiene con Bruselas y Luxemburgo, sede del TJUE. Este tribunal ordenó hace un año a Polonia pagar a la Comisión Europea una multa de un millón de euros diarios por no parar la actividad de su polémica sala disciplinaria del Tribunal Supremo, una instancia que según la Comisión Europea socava la independencia de los magistrados polacos.

Hasta en el TJUE es habitual la presencia de políticos en su bancada. Como la del juez luxemburgués François Biltgen, que ocupó la cartera de Justicia de este pequeño Estado europeo hasta justo antes de ponerse la toga del tribunal que vela por el cumplimiento de las leyes de los Veintisiete.

El primer precedente español de nombramiento con cargo político previo data de 1995, cuando Felipe González nombró como magistrado constitucional a Manuel Jiménez de Parga, que había sido años antes diputado constituyente por UCD y ministro de Trabajo con Adolfo Suárez. El Gobierno de Sánchez no es siquiera pionero en la elección de magistrados para el Constitucional con trayectorias políticas: en la última renovación, la de 2013, los populares eligieron también dos nombres muy políticos: Enrique López, actual consejero de Justicia de Madrid y hombre fuerte histórico del PP en el mundo de la justicia, y Francisco José Hernando, ya fallecido, entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial y un referente conservador y de oposición al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. También causó polémica en su momento —pero no fue más allá de eso, una polémica— la elección en 2012 del diputado popular Andrés Ollero para el tribunal de garantías.