El PP denuncia ante Bruselas el nombramiento del exministro Campo para el Constitucional como “asalto institucional”

No importa que el máximo responsable en temas de justicia de la Comisión Europea, el comisario Didier Reynders, ya haya dicho que no es una situación nada anómala en Europa que un político se siente en un Tribunal Constitucional. El PP ha decidido continuar adelante en su estrategia y ha denunciado este viernes formalmente en Bruselas como un “asalto institucional” la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de nombrar como nuevos magistrados del tribunal de garantías al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la ex alta responsable de Moncloa Laura Díez.

En una operación apoyada por el Partido Popular Europeo (PPE), cuyo presidente, el alemán Manfred Weber, aparece como cosignatario, el PP ha enviado este viernes sendas cartas a Reynders y a la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Vera Jourova, en la que denuncia los nombramientos de Campos y Díez, que califica de “violación de los continuados llamamientos de la UE a los Estados miembros para garantizar la independencia judicial”.

Dichos nombramientos “constituyen una flagrante violación de las reiteradas recomendaciones de la UE a despolitizar la justicia, en el sentido de que podrían influir y restringir la independencia de las decisiones y el correcto funcionamiento de la más alta institución de garantías constitucionales en nuestro país”, afirma el PP en su misiva, firmada por Weber y por la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat. El miedo, abunda el PP en un comunicado, es que se produzca un potencial conflicto de intereses cuando personas que “han ocupado cargos de peso en el actual Gobierno” sean nombradas para “instituciones que tendrán que pronunciarse sobre la constitucionalidad de leyes y decisiones dictadas por el propio Gobierno del que han formado parte recientemente”.

Por ello, continúan en su carta, solicitan al Ejecutivo europeo que “evalúen la idoneidad democrática” de estos nombramientos “frente a los estándares europeos recomendados de respeto del Estado de derecho, separación de poderes, despolitización e independencia de la justicia”.

La carta ha sido enviada después de que, el miércoles, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunciara su intención de denunciar ante las instituciones europeas la “politización de la justicia y de los órganos del Estado” en España por los dos nombramientos. Sin embargo, ese mismo día, desde Bruselas, el comisario de Justicia echó un jarro de agua fría a la estrategia popular al indicar, en declaraciones a la prensa, que España “no es el único país en el que se produce esta situación”.

Reynders sabe bien de lo que habla: antes de asumir la cartera de Justicia en la Comisión Europea, el belga ocupó durante dos décadas altos puestos en diversos gobiernos de su país, donde llegó a ser vice primer ministro y responsable de Asuntos Exteriores. Además, Bélgica es uno de los países donde no solo está normalizada la presencia de políticos en su tribunal constitucional, sino que es incluso preceptivo: según sus normas internas, de los 12 jueces nombrados con carácter vitalicio, al menos tres deben “tener una experiencia como miembros del Parlamento de al menos cinco años”.

Fuentes comunitarias han confirmado este viernes que la misiva del PP-PPE ha llegado a la oficina de Reynders, aunque por el momento no se ha pronunciado de nuevo al respecto.