El Poder Judicial acuerda votar el 22 de diciembre los nombramientos del Constitucional, aunque sin garantía de pacto

El Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) votará por fin los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional el 22 de diciembre. Es la primera vez que el Consejo pone fecha a las votaciones, aunque fuentes del pleno advierten de que eso no significa que las designaciones vayan a salir adelante. Se intentará llegar a un acuerdo entre conservadores y progresistas, pero nadie tiene muy claro que se vaya a conseguir porque las posturas están muy distantes. La decisión de poner una fecha se ha tomado durante el pleno celebrado este jueves, en el que se ha rechazado la petición que habían hecho los ocho miembros del núcleo duro del sector conservador para que se reclamara al Gobierno que le consulte antes de reformar el delito de sedición, por el que fueron condenados Oriol Junqueras y otros ocho líderes independentistas a entre 9 y 13 años de cárcel.

El pleno de este jueves llegaba después de que la última reunión mantenida entre ambos bloques para intentar desatascar la renovación del Constitucional terminara el miércoles sin acuerdo. Los conservadores exigieron un “cambio de metodología” consistente en que cada sector ponga sobre la mesa dos o tres candidatos y ambos bloques negocien para acordar a los dos definitivos, uno por grupo. Pero los progresistas lo rechazan porque lo consideran un intento de vetar a su candidato, el magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés. Ante la perspectiva de que las conversaciones se eternicen, el órgano ha optado por poner una fecha que, en principio, es límite: la del último pleno ordinario del año, previsto para el 22 de diciembre, día del sorteo de la Lotería de Navidad. Entonces habrán pasado tres meses del plazo máximo previsto en la ley para hacer estos nombramientos (que vencía el 13 de septiembre), pero es la primera vez que el CGPJ pone fecha a las votaciones.

La intención es apurar estas semanas para acordar dos candidatos de consenso, pero ninguno de los dos grupos está convencido de que se vaya a conseguir. La próxima reunión prevista es el miércoles que viene y ahí los conservadores dirán si aceptan o no el rechazo de los progresistas a cambiar el método de negociación y que se debata entre varios candidatos propuestos por cada grupo. Al término de la reunión, el CGPJ ha emitido un comunicado en el que señala que “los vocales del CGPJ han mostrado hoy su plena disposición a intentar cerrar el próximo 22 de diciembre los nombramientos de los dos magistrados del Tribunal Constitucional, cuya designación corresponde al CGPJ y han acordado incluir en el orden del día de la reunión señalada para esa fecha un punto relativo a este asunto”. “Previamente, los miembros de la comisión negociadora ―que volverá a reunirse el próximo miércoles 30 de noviembre― han dado cuenta de la marcha de las conversaciones mantenidas hasta ahora”, añade.

El pleno ha dejado otra decisión llamativa: el rechazo, por nueve votos a ocho, de la propuesta presentada por el núcleo duro de los conservadores para que el CGPJ se pronuncie sobre la reforma del delito de sedición aunque el Gobierno no haya pedido su opinión. La propuesta para cambiar este delito en el Código Penal ha sido registrada por el PSOE y Unidas Podemos como proposición de ley, una fórmula exprés que elude la petición de informes a órganos como el CGPJ y el Consejo de Estado. Pero los vocales conservadores sostienen que los estándares europeos obligan a que todas las propuestas normativas que afecten al Poder Judicial deben someterse a informe de los Consejos de Justicia.

No es la primera vez que los consejeros propuestos por el PP se enfrentan al Gobierno por reformas legales tramitadas por la vía rápida y fuerzan al pleno a pronunciarse sobre ellas, pero hasta ahora todas habían salido adelante, la mayoría de ellas con adhesiones de vocales progresistas, como cuando en 2020 el órgano protestó porque el Ejecutivo obvió al CGPJ en la ley que vetó al órgano de gobierno de los jueces los nombramientos discrecionales cuando, como ahora, esté en funciones (tenía que haberse renovado en diciembre de 2018).

Esta vez, sin embargo, todos los progresistas han votado en contra, y a ellos se ha unido el conservador Vicente Guilarte, un vocal elegido a propuesta del PP, pero que nunca ha formado parte del núcleo duro de consejeros de este grupo, formado por los ocho vocales que suelen entrar al choque con el Gobierno y que son los que habían presentado la petición para que el pleno se pronunciara sobre la reforma de la sedición. Otro conservador que a menudo se separa también de la disciplina de estos ocho, Wenceslao Olea, ha votado en blanco, por lo que la propuesta ha acabado rechazada. Los ocho que la impulsaron han anunciado que presentarán un voto particular.