Los conservadores del Poder Judicial persisten en las excusas y culpan a los progresistas de bloquear la renovación del Constitucional

La renqueante negociación en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que el pleno tenía que haber elegido antes del 13 de septiembre ha vuelto a atascarse este miércoles. Los vocales conservadores y los progresistas se habían citado para intentar avanzar en el proceso, pero el encuentro ha terminado sin avances porque los conservadores exigen un “cambio de metodología” que el otro sector rechaza porque lo considera un intento de vetar a su candidato, el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés. La novedad es que los vocales propuestos por el PP, que desde que empezó la negociación a principios de septiembre han ido planteando sucesivas excusas para bloquear, o al menos retrasar, la renovación del tribunal de garantías, acusan ahora a los progresistas de no querer negociar los candidatos de cada grupo y de llevar las conversaciones al borde del abismo.

La reunión de este miércoles llegaba con el camino despejado a la última razón que habían esgrimido los conservadores para mantener en pausa la renovación del tribunal de garantías: las dudas sobre la permanencia del vocal Rafael Mozo como presidente suplente del CGPJ. El Tribunal Supremo rechazó por la mañana la petición de que se suspendiera cautelarmente a Mozo que habían presentado el vocal Wenceslao Olea y el secretario del Consejo al recurrir su designación, por lo que el camino para elegir a los magistrados del Constitucional parecía despejado. Pero el relato de los vocales conservadores parece enfilar un camino insólito hasta ahora: si al final no hay acuerdo para renovar el tribunal de garantías, la culpa será de los progresistas. “Queremos negociar, pero ellos se niegan”, señala un vocal propuesto por el PP, que afea a sus compañeros de pleno que intenten imponer a su candidato y convertir los nombramientos en un “intercambio de cromos” en el que cada grupo vota a su aspirante y al designado por el otro bloque.

El cambio de método que buscan ahora los conservadores consiste en que cada sector ponga sobre la mesa dos o tres candidatos y ambos bloques negocien para acordar a los dos definitivos, uno progresista y otro conservador. Tras la reunión de este miércoles, el grupo de consejeros propuestos por el PP difundió una breve nota a los medios con su resumen de la situación: “Los interlocutores del otro grupo no aceptan el cambio metodológico que se les propuso. Ello supone que se niegan a valorar/negociar distintos candidatos para que los dos que se nombren respondan a la elección de ambos grupos, y no meramente de un intercambio de un nombre por otro. Por lo tanto, y en resumen, no aceptan ningún otro candidato diferente de Bandrés y no aceptan una metodología que suponga un debate real sobre la idoneidad de toda índole de los candidatos”.

Ambos grupos han quedado en verse de nuevo el próximo miércoles, una reunión que puede ser definitiva para constatar si el proceso se puede desatascar o corre peligro real de descarrilar definitivamente, según admiten vocales de ambos bloques. Los progresistas rechazaron este miércoles la fórmula de elección que propone ahora el otro sector y los dos vocales conservadores que participan en la comisión que negocia los nombramientos han quedado en informar a sus compañeros y comunicar la respuesta la semana que viene. Fuentes progresistas insisten en que desde el inicio de la negociación se habló de que cada grupo propondría a un candidato, y se dio a entender que no habría vetos. Los conservadores no han elegido a su aspirante oficial, sino que mantienen una lista con seis nombres: Pablo Llarena, Julián Sánchez Melgar y Vicente Magro (de la Sala Penal), César Tolosa, Inés Huerta y Diego Córdoba (Sala de lo Contencioso-Administrativo). Por ahora no han comunicado quién o quiénes son sus preferidos y fuentes de este sector sugieren que no lo harán si los progresistas no aceptan cambiar el método de elección para que la discusión se centre en varios nombres.

Los progresistas han preguntado durante la reunión de este miércoles si el problema real es de metodología o si es que algunos consejeros propuestos por el PP no quieren que los nombramientos salgan adelante. Y la respuesta, según miembros del órgano, ha sido que en el grupo conviven ambas situaciones. Los conservadores no vetan explícitamente a Bandrés, pero algunos miembros de este sector no quiere votarle porque consideran que es un candidato “gubernamental”. “No dudamos de que reúne las condiciones, pero hay que ver si es idóneo”, señala un vocal reticente a votar a este magistrado. Otros admiten que les parece buen candidato, pero dudan de si podrán convencer a sus compañeros.

La renovación pendiente del Constitucional consta de cuatro magistrados: dos a elección del CGPJ y dos, del Gobierno. El Ejecutivo sigue a la espera de que el Consejo proponga sus dos nombres para proceder a designar a los suyos, pero no está dispuesto a mantener el proceso parado mucho más tiempo. En La Moncloa no quieren confirmar oficialmente ninguna fecha, pero si el presidente, Pedro Sánchez, quiere llegar al día 6 de diciembre, cuando se celebra el día de la Constitución, con este asunto resuelto, solo le quedan dos consejos de ministros para hacerlo: el próximo, martes 29, y el lunes 5, donde muy probablemente se convocará otro. Preguntado por esta cuestión, el presidente, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que el Gobierno va a designar a sus dos magistrados: “No estaríamos en esta situación si no sufriéramos a una oposición negacionista que no cumple con sus obligaciones desde hace cuatro años. El Gobierno cumplirá con la Constitución y nombrará a sus dos magistrados”, ha dicho.