El empresario López Madrid pierde otra batalla en los tribunales con la doctora Elisa Pinto

El empresario Javier López Madrid ha sufrido otro nuevo revés en su larga batalla contra la doctora Elisa Pinto. El Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid ha archivado la investigación abierta a la médica a raíz de la denuncia presentada en 2014 por el exconsejero de la constructora OHL, quien la llegó a señalar por acoso y amenazas. La magistrada Concepción Jerez ha concluido que no existen indicios contra ella y, a su vez, destaca las irregularidades detectadas en las pesquisas de los policías que se encargaron del caso, además de la relación que mantenían altos mandos del Cuerpo con el propio López Madrid, que ya ha sido procesado dos veces por maniobrar contra la doctora.

Hace ocho años, el directivo de la constructora acudió a la Policía para denunciar una serie de supuestas amenazas telefónicas que, según afirmaba, recibía desde octubre de 2013. En una de sus declaraciones, López Madrid señaló a Pinto, con la que había mantenido una relación de “amistad”, según la Fiscalía. Pero, según la juez, “de las numerosas diligencias practicadas, se puede concluir que no se desprenden indicios de que la investigada hubiera participado en el envío de los numerosos mensajes y en las llamadas que el denunciante dice haber recibido”.

De hecho, en su resolución de archivo, fechada el 11 de noviembre y a la que tuvo acceso EL PAÍS, la magistrada destaca numerosas irregularidades detectadas al analizar la investigación policial de la denuncia. Según subraya la juez, los dos teléfonos móviles que aportó López Madrid fueron “manipulados antes de su entrega en sede judicial”. Y, además, se “eliminaron 12 contactos” de los aparatos, entre los que se encuentran los de cargos policiales: “Estos hechos demuestran el intento de manipular, no solo la información que contenían sus terminales, sino el presente procedimiento, con una clara mala fe procesal”.

La juez también subraya que el empresario mantenía “relaciones estrechas” con varios comisarios, como José Luis Conde y Enrique García Castaño, con los que cruzaba llamadas —que fueron “borradas” de un informe—: “La declaración prestada por Conde, comisario de policía jubilado que estaba al frente de la Comisaria Provincial cuando López Madrid decidió denunciar, está carente de profesionalidad. No explica las razones lógicas por las cuales se tomó la declaración en dependencias del Grupo Quinto de Homicidios, ni tampoco por qué existían sospechas sobre Elisa Pinto”. La magistrada también destaca que el comisario José Manuel Villarejo mantenía contactos con el consejero de OHL, y que el contenido de sus agendas “revela su relación con las denuncias que presenta López Madrid”.

El alto directivo afronta un negro horizonte en los tribunales. Ya ha sido procesado tres veces, dos de ellas por actuar contra la doctora. En primer lugar, un juzgado de Madrid lo envió al banquillo por amenazar, coaccionar e incluso participar en el acuchillamiento de Pinto en enero de 2014, antes de que él acudiera a la Policía a denunciarla. Por esto, la Fiscalía le pide 13 años y dos meses de cárcel. Paralelamente, la Audiencia Nacional ha propuesto juzgarlo por contratar a Villarejo para impedir que le denunciase la médica, jefa del servicio de Dermatología del Hospital San Camilo (Madrid) en aquel momento.

López Madrid también se encuentra procesado en el caso Lezo, la trama de corrupción que gira en torno a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid. En ese sumario, la Fiscalía pide seis años de años de cárcel para el exconsejero de OHL por participar en la adjudicación irregular, en 2007, de las obras del tren a Navalcarnero (Madrid) por 360 millones de euros. El ministerio público atribuye al directivo los delitos de cohecho activo y falsedad en documento mercantil, y lo considera el ideólogo del fraude. Según expuso la acusación, el empresario se aprovechó de “su estrecha relación personal” con el político para pedirle que “utilizara su posición preeminente como alto cargo”, entonces era vicepresidente del Ejecutivo regional, sobre uno de los responsables de la adjudicación para asegurarse así el contrato, cosa que finalmente ocurrió. La constructora pagó supuestamente una mordida millonaria.