El juez deja a un paso del banquillo a López Madrid y Villarejo por hostigar a la doctora Pinto

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha propuesto juzgar al comisario jubilado José Manuel Villarejo, a su socio, el abogado Rafael Redondo, y al empresario Javier López Madrid por la contratación del policía por parte de este último para que hostigara a la doctora Elisa Pinto, con la que López Madrid estaba enemistado y había cruzado denuncias de acoso. En el auto, el magistrado procede contra los tres por un delito de cohecho, castigado con hasta seis años de cárcel. La decisión aún no es firme y puede ser recurrida ante el propio juez y ante la Sala de la Audiencia Nacional. Con esta, García-Castellón ya ha dado por concluidas seis de las treinta piezas separadas que conforman el macrosumario de la Operación Tándem, en la que se investigan las actividades presuntamente ilícitas de Villarejo.

En el auto, conocido este miércoles, el juez detalla que, a finales de 2013, López Madrid contrató al comisario, que entonces estaba en activo en la Policía Nacional, “para que le ayudase a finalizar un asunto personal” con la doctora Pinto e impedir que esta le denunciase por acoso. Entre esas actuaciones, el magistrado detalla la visita que el empresario y el tercer encausado, el abogado Rafael Redondo, hicieron a la víctima en su consulta para pedirle que le dejase en paz y amenazarle con que “la policía iría a verla”. El magistrado detalla que, a partir de ese día y durante el año siguiente, Villarejo comenzó a “hostigar” a la doctora, para lo cual utilizó “medios policiales con el fin de desacreditar a la médico” una vez que esta denunció a López Madrid.

La investigación ha revelado que el policía hizo seguimientos a la víctima, accedió a su información privada sin autorización “e intentó interferir en la investigación policial, manipulándola y realizando actuaciones sobre el resultado de una rueda de reconocimiento” en la que el propio Villarejo iba a formar parte y en la que finalmente fue reconocido por la médica como el presunto autor del apuñalamiento que sufrió el 10 de abril de 2014. En el auto, el magistrado destaca que en el teléfono de López Madrid, a pesar de que había sido manipulado antes de su entrega en el juzgado, se encontraron distintas conversaciones con policías, entre ellas seis con el comisario jubilado.

En este sentido, García-Castellón hace hincapié en la relación que en aquellas fechas mantuvo el empresario con otros mandos policiales, uno de los cuales participaba directamente en la investigación que se seguía contra él por el acoso a la doctora Pinto. Así, el juez detalla que López Madrid tuvo “una estrecha relación” con el inspector de policía que instruyó la denuncia de la médica. Este agente envió al empresario, entre octubre y noviembre de 2015, “varios correos electrónicos comunicándole el estado de la investigación y recibiendo instrucciones”, señala.

El auto recoge como prueba de la supuesta contratación de Villarejo por parte del empresario el contenido de un archivo de audio, grabado el 26 de enero de 2017, en el que el comisario señala a su interlocutor ―que el escrito judicial no identifica― que va a reclamar “un pago por compensación” a López Madrid tras haberse visto señalado por la doctora Pinto en su denuncia por el apuñalamiento que sufrió: “Yo, cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava esta y a todos los que le han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito... ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un embolao y ni me has llamado para decirme...”. En otro momento de la misma conversación, el policía insiste en que pedirá más dinero a López Madrid: “Le voy a decir, chiquitín, daños y perjuicios”. Durante su declaración como imputado en enero de 2021, el empresario negó haber contratado a Villarejo, aunque sí admitió haberse reunido él. También insistió en que siempre creyó que era un detective privado y no un agente de policía en activo.

La apertura de esta pieza del sumario se produjo en enero de 2020, después de la doctora Pinto presentase en octubre de 2019 un escrito en el que solicitaba personarse en el caso Villarejo como perjudicada, ya que consideraba que el comisario jubilado se estaba sirviendo de una de sus empresas, el Grupo Cenyt, y de su condición de policía “para interferir” en la causa que seguía un juzgado de Madrid por su apuñalamiento, y en la que su titular ya ha dado el primer para sentar en el banquillo al empresario y al comisario. La pretensión de la doctora fue rechazada dos semanas después, pero su abogada recurrió y el juez finalmente no solo admitió su personación, sino que ordenó la apertura de una pieza específica.