Feijóo, sobre la exhumación de Queipo de Llano: “La política debe dejar a los muertos en paz”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado su oposición al traslado de los restos del general franquista Gonzalo Queipo de Llano que reposaban en un lugar destacado de la basílica de La Macarena de Sevilla y que ha sido ejecutado en la madrugada de este jueves. “A mí me gusta más hablar de los vivos que de los muertos. Creo que la política debe centrarse en los vivos y dejar a los muertos en paz, pero allá cada uno con sus prioridades. Me preocupa mucho la situación económica de mi país y yo no voy a hacer política con los muertos, porque no creo que esa sea la prioridad de los ciudadanos en este momento”, ha dicho en un acto del partido en Guadalajara.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, también ha criticado, en su cuenta de Twitter, el traslado de los restos: “Estos días en los que tantos españoles acuden a los cementerios para recordar y honrar a sus difuntos... los aprovechan Sánchez y sus secuaces para profanar sepulturas y perturbar el descanso de los muertos”.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha replicado que este jueves “España se ha levantado más digna, con una democracia mejor” tras la exhumación y ha preguntado a “los que dicen que derogarán la Ley de Memoria Democrática” si devolverían “a los pies de La Macarena los restos de un genocida que mandó fusilar a 45.000 personas”.

El general Gonzalo Queipo de Llano es autor de un bando militar del 24 de julio de 1936 que anunciaba: “Serán pasadas por las armas, sin formación de causa, las directivas de las organizaciones marxistas o comunistas que en el pueblo existan, y en el caso de no darse con tales directivas, serán ejecutados un número igual de afiliados arbitrariamente elegidos”. También son suyas estas declaraciones a Radio Sevilla: “¿Qué haré? Pues imponer un durísimo castigo para callar a esos idiotas congéneres de Azaña. Por eso faculto a todos los ciudadanos a que, cuando se tropiecen a uno de esos sujetos, lo callen de un tiro. O me lo traigan a mí, que yo se lo pegaré”. “Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombre. De paso, también a las mujeres de los rojos, que ahora, por fin, han conocido hombre de verdad y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará”.

El traslado de los restos de Queipo se ha realizado en cumplimiento de la nueva Ley de Memoria Democrática, que establece que los dirigentes franquistas no pueden permanecer inhumados en lugares preeminentes de acceso público distintos a un cementerio. Desde la entrada en vigor de la norma, el pasado 21 de octubre, también se ha suprimido el marquesado de Queipo de Llano, al igual que otros 32 títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978. El objetivo de estas medidas es impedir cualquier exaltación, enaltecimiento o apología de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad condenados por el Consejo de Europa en marzo de 2006 y evitar el menosprecio o humillación de las víctimas del franquismo y sus familiares.

Feijóo es, en este caso, coherente con sus propias declaraciones en el pasado y con la postura de su predecesor, Pablo Casado, quien encargó a Adolfo Suárez Illana un proyecto alternativo a la ley de memoria, que pretendía derogar, como el expresidente gallego, si llegaba a gobernar. Durante su etapa en el Gobierno, Mariano Rajoy la mantuvo, pero la dejó sin efecto al eliminar las partidas presupuestarias para su aplicación. En 2019, el PP ya se opuso en el Parlamento andaluz al traslado de los restos de Queipo de Llano.

El exvicesecretario de comunicación del PP, Pablo Montesinos, se ha mostrado este jueves a favor. “Hoy es un buen día para la salud democrática de nuestro país. No casaba que una persona que había hecho auténticas barbaridades estuviera en un templo y en un lugar tan destacado de Sevilla”, ha declarado en La Sexta. En el caso de la exhumación de los restos de Franco en el Valle de Cuelgamuros, los populares se abstuvieron en la votación del Congreso en septiembre de 2018. El traslado se llevó finalmente a cabo con el aval de los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.

A lo largo de casi 15 años de debates sobre las políticas de memoria, el PP ha mantenido, no obstante, distintos argumentos para oponerse a este tipo de leyes que, según recuerda el comisionado de la ONU Pablo de Greiff, “no son un invento de España o de un partido político, sino asuntos de Estado que responden a obligaciones internacionales”. Los populares han calificado la ley de “revanchista”, “revisionista”, “voladura de la Transición y del espíritu constitucional”, “ejemplo de totalitarismo”, y “rupturista con la convivencia”, pese a que desde la entrada en vigor de la primera norma de memoria en 2007, no ha habido enfrentamientos y pese a que el texto legal incluye loas a la Transición, un periodo definido en la norma como “la base de la época de mayor esplendor y prosperidad que ha conocido el país”.

Al poco de llegar a la presidencia del PP, Casado se burló de “los carcas que están todo el día con la guerra del abuelo, con la fosa de no sé quién”. Isabel Díaz Ayuso ha calificado la ley de “sectaria y autoritaria” y ha asegurado que “se ha pactado para blanquear al entorno de ETA”. El expresidente José María Aznar ha llegado a decir que es “un disparate hecho por terroristas”. La norma no alude al terrorismo, cuyas víctimas tienen su propia legislación, pero la presidenta madrileña, como el PP al completo, la vincula a la banda porque Bildu votó a favor de la ley de memoria. El PP ha votado lo mismo que la formación abertzale, por ejemplo, el ingreso mínimo vital en 2020, que no se considera por ello el ingreso mínimo vital de ETA.

Tanto Feijóo, como Ayuso y Almeida, fueron invitados por el Gobierno al primer acto de Estado de homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, celebrado este lunes en el Auditorio Nacional de Música, en Madrid. Ninguno de ellos asistió. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, se excusó de esta manera: “Para mí había asuntos bastante importantes para la ciudad de Madrid, para el futuro de la ciudad. Había motivos de agenda. Mi posición es de absoluto respeto y consideración a las víctimas de la Guerra Civil, de todos los bandos, y también de la dictadura, pero no voy a blanquear a Pedro Sánchez con sus pactos con Bildu, no voy a ser cómplice de una ley sectaria, revanchista, que impugna lo mejor que hemos hecho los españoles, la Transición y la Constitución española”. El día que la ley fija para homenajear a las víctimas es precisamente el 31 de octubre, en conmemoración de la aprobación en las Cortes de la Constitución española de 1978.