“Cainita” o “deber moral”: dos visiones enfrentadas en los debates de las leyes de memoria

“Cainita”, “indigna”, “indecente”, “sectaria”, “totalitaria”, “ataque vil y miserable”, “destructiva”, “purga”, “revanchista”, “traición a los españoles”... Todo esto han dicho los partidos de la derecha sobre las leyes de memoria en España. “Una ley para el reencuentro, que nos hace mejores como país”, “deber moral”, “impulso a los valores democráticos”, “acto de justicia”, “deuda ética”... han replicado los portavoces de la izquierda. Los debates parlamentarios sobre las dos normas de reparación a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura —la de Memoria Histórica, aprobada en 2007, y la de Memoria Democrática, que pasó su trámite final el pasado miércoles en el Senado— han estado entre los más acalorados que se han vivido en las Cámaras. Ya lo reconocía en 2007 el senador del PP Alejandro Muñoz Alonso: “Estoy seguro de que ninguna ley de las que han pasado por las Cortes en esta legislatura [la primera de José Luis Rodríguez Zapatero, en la que se aprobaron, entre otras, la de Educación, violencia de género, Igualdad, antitabaco, matrimonio homosexual o carné por puntos] ha producido tanta polémica y despertado tantas pasiones”. Y confesaba Casas i Bedós, del grupo parlamentario de la extinta CiU, en la Cámara alta: “Con los voceríos que he escuchado esta tarde, creo que no hemos estado a la altura. Al escuchar algunas expresiones me daban ganas de salir del hemiciclo, ir a tomarme una copa y volver, porque me ha parecido demencial”.

Han pasado casi 15 años entre una ley y otra y muchos de los argumentos no han cambiado.

Lo que dice y lo que no dice la ley. La “literalidad oculta”. Los dos aspectos de la legislación en materia de memoria que más polémica han generado no aparecen en el texto. Son el supuesto ataque a la Transición y a la Constitución de 1978 y la supuesta inclusión de las víctimas del GAL como víctimas del franquismo. Ambas normas, la de 2007 y la de 2022, contienen en su exposición de motivos loas al periodo de restauración de la democracia tras la muerte de Franco. Los primeros párrafos de la de 2007 dicen: “El espíritu de la Transición da sentido al modelo constitucional de convivencia más fecundo que hayamos disfrutado nunca”. La ley de memoria democrática de este año abunda en ello: “El espíritu de nuestra Transición política ha sido la base de la época de mayor esplendor y prosperidad que ha conocido nuestro país”. Pero ya en 2007 el PP se sirvió de un nuevo concepto, “la literalidad oculta”, para criticar no lo que decía la ley, sino lo que este partido interpretaba que quería decir. Argumentaba Muñoz Alonso: “En cualquier texto hay que distinguir el significado manifiesto y el latente. La estricta literalidad oculta tiene, y con frecuencia, una intención que va más allá de la apariencia”.

Los diputados y senadores populares han sostenido que las leyes de memoria son “una voladura” y “una “enmienda a la totalidad” a la Transición, al “gran pacto constitucional de 1978″ y a la Ley de Amnistía de 1977. Más allá de que el propio texto lo contradice, el diputado socialista Valentín García Gómez recordaba en uno de los debates parlamentarios que Alianza Popular (la primera marca del PP) se abstuvo en la votación de la Ley de Amnistía y que en 1978, al aprobarse el proyecto de Constitución, ocho de los diputados de AP la apoyaron, tres se abstuvieron y cinco votaron en contra. “Quienes estuvieron más fuera que dentro, ahora, 44 años después, no pueden, aunque quieran, apropiarse de la Transición”, afirmó. ERC, por su parte, ha afeado al PSOE lo contrario que el PP, es decir, lo que llama “sacralización” de la Transición y que no se haya derogado la Ley de Amnistía. La nueva norma de memoria democrática no la deroga, aunque recuerda “la obligación de los poderes públicos” de interpretarla “conforme al Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles”.

El enredo con las víctimas de los GAL vino a propósito de la disposición adicional decimosexta de la ley de memoria democrática, que establece la creación de una comisión técnica para estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos hasta 1983, ya en democracia. Fue por una enmienda presentada por el PSOE y Unidas Podemos a su propio texto y para incluir a víctimas como Yolanda González, asesinada por la extrema derecha en 1980. Pero al apoyarla, entre otros partidos, Bildu, la derecha ha interpretado que es una cesión a “los herederos de ETA” y que podría abrir la puerta a que víctimas del GAL esgrimieran sus casos como víctimas del franquismo. “Sánchez”, declaró Inés Arrimadas, de Ciudadanos, “entrega a Bildu la mal llamada ley de memoria para que reescriban nuestra historia democrática quienes celebraban con cava los crímenes de ETA”. El expresidente José María Aznar llegó a decir que la ley es “un disparate hecho por terroristas”.

Simetría en los argumentos del PP, Vox y Ciudadanos. Las fuerzas políticas de la derecha han insistido en los sucesivos debates en que las leyes de memoria reabren heridas, dividen a los españoles y pretenden reescribir la historia. Y lo han hecho empleando frases muy parecidas. Amelia Salanueva (PP): “Es una ley revisionista… Nos oponemos a que se use el BOE para reescribir la historia, es una muestra de totalitarismo”; José Manuel Marín Gascón (Vox): “Es la imposición totalitaria de una visión sectaria de la historia de España”; Jaime Mateu Istúriz (PP): “Es un proyecto indecente, rupturista con la convivencia y con unas consecuencias imprevisibles por las cuales la historia les juzgará”; Francisco Contreras (Vox): “Divide a los españoles y a sus antepasados en buenos y malos, pretende suprimir la diversidad natural de opiniones sobre cuestiones históricas”; Miguel Sánchez López (Ciudadanos): “Vienen a rescatar el odio y el rencor por un puñado de votos. Es miserable”; Isidro Martínez Oblanca (Foro): “Desentierra odios e infecta a la sociedad de cainismo, revanchismo y sectarismo ideológico”.

La ley de memoria histórica lleva vigente casi 15 años y no consta que haya provocado enfrentamientos entre descendientes de uno y otro bando. En 2008, el CIS hizo un estudio titulado Memorias de la Guerra Civil y el franquismo en el que un 83,8% de los encuestados compartía que “el Estado debería ser el encargado de recuperar e identificar todos los restos [de víctimas de la represión franquista]” y un 72,2% se mostraba de acuerdo en que, “durante el franquismo, las víctimas de la Guerra Civil tuvieron un reconocimiento diferente según el bando al que pertenecieron”.

ETA, omnipresente. La protagonista de los últimos plenos sobre la ley de memoria democrática ha sido la banda terrorista, disuelta en 2018. Obviando que existe una ley de víctimas del terrorismo desde 2011 para “rendir homenaje” y prestarles un “apoyo integral”, varios grupos han planteado la ley de memoria como una especie de competición de víctimas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, citó a asociaciones de víctimas del terrorismo a una foto-reunión en pleno debate en el Congreso. Algunos colectivos, como el que preside Consuelo Ordóñez, hermana de un concejal popular asesinado por ETA, Gregorio Ordóñez, se desmarcaron de la cita por considerar que les estaban “utilizando”. Durante el debate de la ley, Salanueva (PP) declaró: “¿Acaso para este Gobierno son más importantes las víctimas de la Guerra Civil que las de ETA? Parece que sí”; Guillermo Díaz (Ciudadanos): “No miran al asesinado, preguntan las motivaciones del asesino. Si lo mató un fascista, ok, a proteger su recuerdo por ley. Si lo mató un terrorista, a tapar su recuerdo. Pintan pancartas con sangre ajena, también la de las víctimas del franquismo, porque cuando uno es utilitarista lo es para todo. Como los asesinados de ETA estorban, se olvidan”. Estefanía Beltrán de Heredia, del PNV, replicó: “Las víctimas del terrorismo tienen su propio marco regulatorio. Mezclar e intentar confundir es una actitud absolutamente rastrera y vil”.

Trato desigual. Otro de los mantras más repetidos en los debates ha sido que se trata de una ley para las víctimas de un solo bando, el republicano. El texto no lo dice y el PSOE ha insistido muchas veces en que la norma ampara a todas las víctimas: “La ley”, ha afirmado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, “define como víctima a toda persona que haya sufrido daño físico, moral o psicológico o menoscabo de sus derechos fundamentales” como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura. Pero, como también han señalado los grupos de izquierda en ambas Cámaras, la mayoría de las víctimas sin reparar pertenecen al bando republicano porque durante la dictadura franquista los asesinados por ese bando ya fueron homenajeados. Sus familias fueron compensadas económicamente, y los responsables de los crímenes, juzgados en la llamada Causa General, mientras que los descendientes de los asesinados por el bando franquista ni siquiera tenían un lugar al que llevar flores. Se podría decir que la primera ley de memoria es obra de Franco, porque fue el dictador el primero en encargar un censo de desaparecidos y un protocolo de exhumación de víctimas —solo del bando llamado nacional—. En todo caso, si familiares de un asesinado a manos del bando republicano solicitaran ayuda para exhumar los restos, la ley también los ampara. Declaró durante el debate en el Congreso Íñigo Errejón, de Más País: “Hay una diferencia moral fundamental: los hijos y los nietos de los vencedores saldrán de aquí con sus derechos intactos; los hijos y los nietos de los que nunca se dieron por vencidos volveremos a casa con el orgullo de decirles que este país comienza a reconocerles la deuda que tenía con ellos”.

Intrusos en el debate: del aborto a la guerra de Ucrania. Otro de los aspectos que más ha surgido en el Parlamento es si estas leyes hacían falta. Planteaba Salanueva (PP) en el Senado: “¿Acaso es la ley que necesitan los españoles en plena crisis energética, subida de precios e inflación y una crisis geopolítica con la guerra a las puertas de Europa para solucionar sus problemas?”. A menudo, el debate sobre la ley de memoria ha derivado hacia otros temas. Decía Alberto Catalán Higueras (UPN): “¿Por qué en nuestro país se castiga el enaltecimiento del franquismo y del fascismo y no el del comunismo? ¿Por qué en España se persigue rezar ante una clínica abortiva [el delito es acosar a las mujeres que acuden a ellas] y no se prohíben los enaltecimientos de una banda terrorista? [el Código Penal ya lo castiga con penas de uno a tres años de cárcel].”

Legislar en materia de memoria no implica paralizar otras medidas impulsadas por cualquiera de los demás ministerios. El relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff, que ha asesorado al Gobierno español para elaborar esta ley y ahora forma parte de la misión de la ONU para Ucrania, recuerda que las políticas de memoria “no son un invento de España o de un partido político, sino asuntos de Estado que responden a obligaciones internacionales”. De Greiff lamenta el “desafortunado” enfrentamiento que la norma ha provocado en el Parlamento. “La democracia española es mucho más fuerte de lo que esas opiniones sugieren y no solo no se va a resentir con la nueva ley, sino que se va a fortalecer”, añade.