El Gobierno pretende destinar 13,9 millones para la memoria histórica en una batalla contrarreloj

El Gobierno prevé destinar 13,95 millones de euros de los Presupuestos de 2023 a la aplicación de la nueva ley de memoria democrática, aprobada este miércoles en el Senado sin cambios respecto al texto que salió el pasado julio del Congreso. La norma tardará todavía entre una semana y semana y media en entrar en vigor al publicarse en el BOE, según fuentes del Ejecutivo, y algunos de sus artículos necesitarán de un desarrollo legislativo extra. La de la memoria histórica sigue siendo una batalla contra el reloj, no solo por la avanzada edad de las víctimas, sino porque el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a la cabeza en las encuestas a algo más de un año de las elecciones, ha dicho que la derogará si gana. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, asegura que eso sería “un ataque injustificado a las víctimas”. “Son unas palabras que le perseguirán”, añade, dirigiéndose al líder del PP.

Estas son las principales novedades de la norma y lo que requerirán para su aplicación.

1. Valle de los Caídos. Salida de los benedictinos, resignificación y nueva web. El monumento ideado por Franco para inmortalizar su victoria en la Guerra Civil pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros y, como ya propuso en 2011 el comité de expertos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, los restos de Primo de Rivera serán trasladados del lugar actual en el que se encuentran, junto al altar de la basílica, a una de las criptas del mausoleo o a otro sitio que proponga su familia al Gobierno. La nueva ley establece que ningún personaje relacionado con el golpe de Estado, la Guerra Civil o la dictadura podrá ocupar un lugar preminente. Esto afecta también a los restos de Queipo de Llano en La Macarena de Sevilla. Además, la norma declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos por “resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales”. Esto, que en la práctica supone la salida de la comunidad benedictina que ha manejado el recinto durante años, se desarrollará en un real decreto para establecer “el nuevo marco jurídico aplicable al Valle”. También necesitará un desarrollo el plan de resignificación del monunento iniciado con el traslado de los restos de Franco. El Gobierno presentará un portal web con toda la documentación recabada sobre el Valle de los Caídos: desde cómo se construyó con mano de obra presa hasta cómo se trasladaron los restos hasta el mausoleo y con qué intención. Además, el Ejecutivo contempla convocar un concurso internacional de ideas para convertir el espacio en un lugar de memoria en el que, al contrario de lo que sucede ahora, se explique su historia y se homenajee a las víctimas.

2. Apología del franquismo. La disposición adicional quinta establece que, al amparo del artículo 31 de la ley de fundaciones (2002) se considerará causa de extinción el realizar actividades contrarias al interés general como “la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes con menosprecio y humillación de las víctimas”. Es lo que hace hoy la Fundación Nacional Francisco Franco. Pero la extinción no será automática. Corresponderá al protectorado instar judicialmente la extinción de una fundación cuando concurra esa causa, y ese órgano judicial, de oficio o a petición de parte, podrá acordar la suspensión provisional de sus actividades hasta que se dicte sentencia. En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley de memoria, se promoverá la modificación de la norma de 2002 que regula el derecho de asociación para incluir como causa de disolución la apología del franquismo en público humillando a los represaliados. Además, los archivos y documentación de la dictadura y “en particular del jefe del Estado que se encuentren en poder de entidades privadas o personas físicas” se incorporarán, “una vez superados los trámites legales”, al Centro Documental de la Memoria Histórica o al organismo público que se determine.

3. Búsqueda de desaparecidos y banco de ADN. La nueva ley establece que corresponderá a la Administración General del Estado, en colaboración con comunidades y ayuntamientos, la búsqueda de personas desaparecidas, es decir, los fusilados que aún yacen en fosas y cunetas. Es una vieja reivindicación de las asociaciones de víctimas desde la ley anterior (2007), que subvencionaba el proceso, pero no lo asumía directamente, y fue la principal crítica que el relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff hizo en su informe sobre España en 2014, al considerar ese sistema de ayudas una especie de subcontratación de las exhumaciones. El departamento competente en materia de memoria democrática elaborará planes plurianuales de búsqueda y si una fosa se encontrara en terrenos privados, la Administración podría acordar una expropiación temporal. Se comunicará al Ministerio Fiscal y a las autoridades administrativas y judiciales competentes el hallazgo de restos humanos ante los indicios de comisión de delitos y se creará un banco estatal y gratuito de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, que necesitará del desarrollo de un reglamento específico. Ese banco genético también recogerá muestras de “personas afectadas por la sustracción de recién nacidos” siempre que su denuncia haya sido admitida por los hechos objeto de la ley. La búsqueda de desaparecidos en fosas y cunetas supone el 60% del presupuesto que el Gobierno quiere destinar al capítulo de memoria democrática. Eso incluye la compra de un software para el banco de ADN, para lo cual están en conversaciones con una universidad holandesa.

4. Educación. El pasado 25 de septiembre, EL PAÍS difundió un informe, presentado este jueves por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, que revela profundas lagunas de conocimiento entre los jóvenes sobre la Guerra Civil, el exilio y la dictadura. La ley establece que el sistema educativo “incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo”. Un acuerdo entre la secretaría de Estado de Memoria Democrática y la de Educación ha permitido incluir ya esos contenidos en los decretos de enseñanzas básicas de ESO y Bachillerato para que aparezcan en los libros de texto del próximo curso. Además, las administraciones educativas deberán adoptar a partir de la entrada en vigor de la ley las medidas necesarias para formar también al profesorado en “el tratamiento escolar de la memoria democrática”. Este es uno de los apartados más complejos, al estar transferidas las competencias en Educación a las comunidades autónomas. Dirigentes del PP y Vox ya se han referido a ese tipo de contenidos como “adoctrinamiento”.

5. Estudio de vulneración de derechos humanos hasta 1983. El punto que más polémica ha provocado de la ley es la disposición adicional decimosexta, que establece la creación de una comisión técnica para el estudio de vulneración de derechos humanos hasta 1983, ya en democracia. Refiriéndose a ella, Alberto Núñez Feijóo dijo: “Bildu no puede ser el notario que reescriba la historia de España”. Pero como ya aclaró el secretario de Estado de Memoria Democrática el pasado julio en este periódico, esa disposición no se hace a petición del grupo vasco, sino por una enmienda presentada por el PSOE y Unidas Podemos y secundada por otros partidos, como Bildu o Más País. Y está pensada “para reconocer a víctimas de violaciones de derechos humanos que trabajaron por la consolidación de la democracia y la defensa de los valores democráticos a partir de 1978, como Yolanda González, del Partido Socialista de los Trabajadores, asesinada por la extrema derecha en 1980, o el líder vecinal Arturo Pajuelo, que fue asesinado a puñaladas ese mismo año. Este es otro de los aspectos que también requiere un desarrollo extra pues el Gobierno deberá designar en un plazo de 12 meses a los integrantes (expertos, no políticos) de la comisión que estudiará cada caso.

6. Anulación de sentencias. Este artículo tiene carácter inmediato y declara nulas todas las sentencias impartidas por tribunales franquistas. La anterior ley se había quedado en un paso anterior, al declarar ilegítimos esos tribunales.

7. Sanciones. La ley de memoria de 2007 no incluía sanciones, lo que desincentivó su cumplimiento. A partir de la entrada en vigor de la nueva norma, la secretaría de Estado de Memoria Democrática o la dirección general podrán imponer, según la gravedad de la infracción, multas de entre 200 y 150.000 euros. Un ejemplo de infracción leve es deteriorar las placas identificativas de los lugares de memoria democrática. Uno de infracción muy grave, destruir fosas de la Guerra Civil y la dictadura.

8. Incautaciones. La nueva ley reconoce “el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura”. Tampoco será inmediato. La auditoría de bienes incautados que contempla la nueva norma deberá realizarse “en el plazo de un año” desde su entrada en vigor y a partir de ahí se implementarán “las posibles vías de reconocimiento a los afectados”.

9. Fiscal especializado. Se establece por primera vez el derecho de las víctimas a “la investigación de las violaciones a los derechos humanos” cometidas desde el inicio de la Guerra Civil hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978. Para ello ha de crearse la figura de un fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

10. Eliminación de títulos nobiliarios, pensiones y medallas. Sí será inmediata, una vez entre en vigor la nueva ley, la eliminación de 33 títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978, entre ellos, el de Duque de Primo de Rivera, de Calvo Sotelo, de Mola, de Carrero Blanco, de Franco o el Señorío de Meirás. Además, se revisarán, caso a caso, las condecoraciones y recompensas concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley a personas que formaron parte del aparato de represión franquista. Su revocación, incluyendo las pensiones que conlleven, exigirá un procedimiento específico, caso por caso.