La batalla del agua en Andalucía: una guerra de cifras para eludir la deficiente gestión del campo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que hace 15 días reactivó la guerra fiscal entre comunidades con su anuncio de la eliminación del impuesto sobre el Patrimonio, ha enarbolado ahora la bandera de la lucha contra la sequía, abriendo un nuevo frente contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez con la excusa de las inversiones en obras públicas. El dirigente andaluz no solo demanda más dinero del Estado —hasta 1.000 millones de euros― justo después de renunciar a ingresos propios por la vía de impuestos, sino que ha deslizado que igualará con los fondos de las arcas públicas andaluzas la cantidad que ponga la Administración. Una exigencia que choca aparentemente con su decisión de suprimir, además del impuesto de Patrimonio, el canon del agua durante 2023, dejando de ingresar 140 millones que iban a ser destinados específicamente a infraestructuras hidráulicas. Expertos en gestión del agua, ecologistas y regantes consultados por EL PAÍS lamentan que el debate de las inversiones esté ocultando el verdadero problema: la deficiente gestión de los regadíos en el sector agrícola —el mayor consumidor de agua de Andalucía―, que es competencia directa de la Junta de Andalucía.

“El sector regante ejerce una presión importante en todos los gobiernos [andaluces], y eso determina unas políticas que deberían ser de protección de los recursos y de los ecosistemas hídricos”, señala Abel La Calle, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Almería y presidente de la junta rectora de la Fundación Nueva Cultura del Agua. “El discurso oficial es medioambiental, pero la acción de la Junta no reduce el estrés hídrico en las demarcaciones sobre las que tiene competencias porque no se atreve a regular el consumo del regadío. No se incentiva el ahorro ni se llama la atención sobre el cultivo que se va a desarrollar”, abunda.

Si Moreno quiso poner a su anterior mandato el marchamo de revolución verde, al segundo lo ha bautizado como “la legislatura del agua”. Con los pantanos agonizantes —menos del 25% de la cota de agua embalsada― y previsiones catastróficas en el sector agrícola —que supone el 11% del PIB de la comunidad y genera el 10% del empleo―, la primera iniciativa de calado en materia del agua ha sido crear una comisión de seguimiento de la sequía, un gabinete de crisis que se reúne semanalmente bajo la presidencia del propio Moreno. Hasta ahora se ha limitado a autorizar obras de emergencia, en línea con las últimas actuaciones de la Junta, que en 2020 y 2022 aprobó dos decretos de sequía para acelerar o activar la puesta en marcha de una treintena de infraestructuras.

Son los 141 millones de euros destinados a esos proyectos los que esgrimió el domingo pasado Moreno en la clausura del congreso provincial del PP de Sevilla, para contraponer su esfuerzo inversor al del Gobierno central, que cifra en tan solo 10 millones, y lanzar su órdago: “Si son capaces de poner encima de la mesa mañana 500 millones de euros, ahí estará la Junta de Andalucía con otros 500 millones; e incluso si fuesen 1.000, ya nos buscaremos las habichuelas que aquí estará la Junta para poner otros 1.000 millones”, dijo.

El Gobierno central maneja unas cuentas bien distintas: sostiene que no son diez millones los que ha aportado a la lucha contra la sequía en Andalucía, sino 170 millones, además de otros 2.000 millones en inversiones para los próximos cinco años. El Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico aprobó el 15 de marzo de este año 9,65 millones para obras de emergencia en la demarcación del Guadalquivir —la única de competencia estatal, frente a las otras tres que, al tratarse de aguas intracomunitarias, dependen de la Junta― y otros 5,8 millones para terminar una doble obra: la interconexión del embalse de La Colada y una estación de agua potable en Sierra Boyera (Guadalquivir) para abastecer a 80.000 personas. Esa obra había sido declarada de emergencia en uno de los decretos de sequía de la Junta, pero la dejó parada al 95% de su ejecución. A esos fondos del ministerio que dirige Teresa Ribera se suman las inversiones solo para combatir la sequía del Ministerio de Agricultura, que ascienden a 156 millones, y los 1.400 millones presupuestados para la demarcación hidrográfica del Guadalquivir dentro del ciclo de planificación hidrológica 2022-2027, que también prevé otros 600 millones para las demarcaciones intracomunitarias. “El presidente Moreno ya está perdiendo el tiempo”, le rebatió este lunes el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien subrayó que varias de las obras incluidas en el primer decreto de 2020 están todavía sin ejecutar.

Los regantes sostienen, en todo caso, que el problema no es la ausencia de infraestructuras sino el descontrol de los regadíos. “Hay obras que sí son necesarias, pero otras solo van a servir para sobreexplotar más algunas cuencas. En el Guadalquivir, que tiene un déficit estructural de 300 hectómetros cúbicos, por muchos embalses que se hagan nunca se va a compensar esa carencia”, afirma Ricardo Martín, técnico de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (CREA). Su presidente, Eduardo López, considera que el principal problema en Andalucía con respecto al agua “no es por falta de inversiones, sino por el cambio climático que afecta a los cultivos”. “Las obras no van a resolverlo. Es competencia de la Junta poner orden en el regadío andaluz y dejar de incentivar los cultivos intensivos para favorecer los cultivos sociales, que son los que generan empleo y fijan población al territorio”, sostiene López.

“Un modelo caduco”

Su discurso es similar al que defiende la Mesa Social del Agua —integrada por sindicatos, organizaciones ecologistas, de agricultores y de consumidores―, que pide garantizar un consumo equilibrado y redefinir la dimensión del regadío con modelos de agricultura y ganadería ecológicos. “Las obras hidráulicas que demanda la Junta al Estado son a largo plazo, suponen dar una patada hacia adelante para mantener un modelo caduco”, opina Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía. “El problema del agua está relacionado con el desequilibrio en su consumo. Andalucía no tiene agua, pero la exporta en forma de frutas y verduras. Hay que hacer decrecer la agricultura de regadío, pero para eso hay que ponerle el cascabel al gato”, subraya.

A las críticas por la gestión de los regadíos, la Junta responde con el mantra de la inversión. “Ojalá tuviéramos agua para abastecer a todos los regantes, pero, como el agua no se puede fabricar, la única solución es invertir para ser más eficientes, para no malgastarla, para poder desalarla y poder reciclarla”, afirma el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco.

“Este es un problema de gobernanza, pero cambiar de inercia cuesta votos. A la Junta le da lo mismo el medio ambiente. Es mi percepción”, sostiene el profesor Abel La Calle, que también cuestiona la supresión del canon del agua por parte de Moreno. “Está en todas las comunidades autónomas y tiene un carácter finalista que financia a los pequeños municipios para que puedan realizar obras hidráulicas de depuración y abastecimiento. Es un elemento de solidaridad. Si se anula pensando que el mercado o la iniciativa privada van a resolverlo, se fomenta que se postergue y agrave un problema que ya nos ha costado una multa millonaria por parte de Europa”, remarca en referencia a la sanción de 12 millones de euros impuesta por el Tribunal de Justicia de la UE por incumplir las normas europeas sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. La Junta justifica la suspensión del canon del agua en la “inejecución” que hicieron los anteriores gobiernos socialistas de la Junta de los fondos recaudados por esa tasa.