La excusa de los 10 contribuyentes andaluces que ha desatado la guerra fiscal entre comunidades

“De los 20 contribuyentes que más impuestos pagaron por patrimonio, la mitad se trasladaron fuera de Andalucía. Su marcha supuso una pérdida de 3,5 millones de euros por el impuesto de Patrimonio y la pérdida de 14 millones de euros en IRPF”. Con el éxodo de esa decena de ciudadanos justificaba el pasado lunes el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, su decisión de suprimir esa figura impositiva, iniciando una guerra fiscal, no ya con la Comunidad de Madrid, en cuyo espejo se mira sin tapujos el líder popular andaluz, sino con otras comunidades como Cataluña o País Vasco.

La Junta reconoce —así lo hizo este martes la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España― que no tienen constancia de que la razón principal de la “huida” de esos 10 contribuyentes fuera la obligación de tener que tributar por su patrimonio, ni de que se hayan trasladado a la Comunidad de Madrid o a otros países donde no se paga ese impuesto —porque la Agencia Tributaria no ofrece la relación nominal del origen o destino de los contribuyentes―. Si esgrime, sin embargo, que la bonificación al 100% del impuesto de Patrimonio afecta a pocos ciudadanos —18.900 (el 0,2% de los andaluces) con un patrimonio medio de 2,7 millones de euros y que abonaban una cuota de 5.000 euros―, apenas tiene peso específico en el montante total de la recaudación —95 millones, el 0,6%―, pero que, a cambio, permitirá atraer a varios miles de contribuyentes con rentas altas, que tributarán por IRPF, y que evitará la fuga de altos directivos de Andalucía.

La Consejería de Economía y Hacienda tampoco concreta cuántos contribuyentes nuevos espera seducir o en qué montante se beneficiarán las arcas autonómicas por la subida en la recaudación de IRPF que vaticina, pero sus técnicos han calculado que con que trasladaran su domicilio fiscal 7.200 ciudadanos, se compensaría con su declaración de la renta lo que se deja de ingresar por patrimonio. La Junta sí tiene claro quienes quieren que se instalen en Andalucía: rentas altas que viven en el extranjero (Reino Unido, Portugal o Marruecos) que suelen pasar largas temporadas en la Costa del Sol, pero que, sostienen, no se deciden a fijar su residencia habitual en la comunidad para no tener que declarar patrimonio o inmuebles que poseen fuera de nuestras fronteras. Moreno esta semana también se ha dirigido explícitamente a los catalanes.

El mantra menos impuestos, mayor recaudación

Desde que recaló en la Junta de Andalucía y con las sucesivas bajadas de impuestos aplicadas en la anterior legislatura, Moreno ha defendido que la menor presión fiscal —tras la bonificación al 100% del impuesto de sucesiones y donaciones y la rebaja de los tramos autonómicos del IRPF― se ha traducido en un incremento de contribuyentes —280.000 más― y en una mayor recaudación —más de 800 millones únicamente por IRPF en 2020, que ascenderían a 1.100 millones si se incluyen el resto de los impuestos―. El presidente andaluz parece estar empeñado en demostrar que su comunidad es el ejemplo empírico de que la curva de Laffer ha dejado de ser solo una teoría.

Desde su Consejería de Economía y Hacienda se reconoce, no obstante, que no tienen “datos ciertos” que acrediten que la subida de los contribuyentes tiene una relación directa y principal con el cambio de fiscalidad, pero apelan a la “teoría de los grandes números” que es, señalan fuentes cercanas a ese departamento, “con las que se hacen las políticas tributarias”. Y aportan cifras: De los 280.000, en los tramos de las rentas más altas, entre 6.000 y 120.000 y en más de 120.000, los contribuyentes aumentaron en un 14% y un 13,7%, respectivamente, respecto de 2018. Un incremento que se achaca a la supresión del impuesto de Sucesiones, misma razón por la que se argumenta la subida en ese período en 547 personas que tributaron por Patrimonio.

El incremento de contribuyentes ha sido generalizado en ese período en todas las comunidades de España, no solo en las que han aplicado rebajas fiscales, debido a la incorporación de más ciudadanos al mercado laboral. “Se ha incrementado el empleo y, por tanto, la recaudación”, apunta Francisco Ferraro, presidente del Observatorio Económico de Andalucía. Ya antes de la llegada de Moreno había mejoras en el empleo. En 2018, cuando aún gobernaba el PSOE con otro modelo de fiscalidad, el número de contribuyentes creció en 138.332 personas, una cifra superior a la de 2019, cuando se sumaron 126.470 más, y ya estaba el PP en la Junta.

Sobre el paralelismo entre el incremento de contribuyentes y el crecimiento vegetativo, en la Junta encuentran explicación apelando a “la estabilidad y la seguridad jurídica de Andalucía en relación con otras comunidades autónomas con más inseguridad”, según indican las fuentes consultadas, haciéndose eco de la invitación de Moreno a los catalanes a instalarse en Andalucía, porque “aquí nunca nos vamos a independizar”.

En Andalucía existe una corriente que afirma que hay movimientos masivos de población por el territorio español a la búsqueda del régimen económico más favorable. Una idea que se extendió en tiempos de la presidenta socialista Susana Díaz, cuando el PP andaluz hizo campaña asegurando que anualmente existía un supuesto éxodo fiscal de 40.000 andaluces que emigraban cada año a Madrid. Unas cifras que son ficticias porque el año de más salidas de Andalucía a Madrid fue 2017 cuando 12.655 andaluces se marcharon a la región de la capital y el dato no contempla el flujo inverso de 7.471 madrileños que se mudaron a la región del sur. En 2019 fueron más los andaluces que se fueron a Madrid que los contribuyentes de esa capital que se instalaron en Andalucía. En 2020, aunque el saldo fue favorable para esta comunidad —9.906 llegadas frente a 8.119 salidas―, la mayoría de los expertos explican ese flujo por los teletrabajadores que se instalaron en la Costa del Sol durante la pandemia, un hecho que convirtió a Málaga en la provincia más poblada de ese año.

“La supresión del impuesto de sucesiones podría ser un incentivo para que profesionales de alto nivel que ya se habían trasladado para trabajar en lugares de Andalucía con buen clima, se queden de manera permanente”, sostiene José María O´Kean, catedrático de Economía Aplicada y profesor en la Universidad Pablo Olavide y en la IE Business School. “Cuando además de gravarte el patrimonio, se grava la renta y las sucesiones, eso disuade a quienes pueden tener una segunda residencia en ese territorio de establecerse definitivamente”, abunda Stella Raventós, presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), quien tiene claro que la bonificación total del impuesto del patrimonio, “además de ser política”, tiene como finalidad “atraer a clases medias con altos ingresos y que se están creando un patrimonio”.

Hay otros factores que determinan el cambio de residencia más allá de los meramente tributarios. La jubilación, el teletrabajo o las características del destino, como el clima o los familiares, son las principales razones que mueven a la mudanza, coinciden los expertos consultados. “Nadie se muda de comunidad autónoma por la fiscalidad, salvo que se sea muy rico”, sostiene un funcionario de la Agencia Tributaria que prefiere no dar su nombre. “El incentivo de trasladarse de Madrid a Andalucía por la rebaja en el tramo autonómico del IRPF tampoco parece muy plausible como razón principal, porque las deducciones siguen siendo mayores en la comunidad madrileña que en la andaluza”, abunda.

La Junta ha señalado al éxodo de 10 contribuyentes como chivo expiatorio para suprimir el impuesto de Patrimonio, y emplaza a aguardar un año para comprobar con los datos de recaudación e incremento de contribuyentes que calculan que la medida no favorece a unos pocos, sino que beneficia a la mayoría de los andaluces. A la espera de constatar si la supresión del impuesto de patrimonio es efectiva, lo que ha quedado claro es que sí ha conseguido su efecto: reabrir la batalla fiscal entre las comunidades.