Una decena de comunidades, varias gobernadas por el PSOE, se plantean sumarse al aluvión de rebajas fiscales en plena crisis

España, como toda Europa, está inmersa en una crisis económica y energética derivada —o agravada— por la guerra de Ucrania y que nadie sabe cómo evolucionará. Pero está también a las puertas de un año electoral, 2023, que decidirá los gobiernos de 12 comunidades autónomas, más de 8.000 ayuntamientos y, a la postre, el de La Moncloa. En ese contexto, y tras una década de competencia fiscal a la baja entre las comunidades, una decena de Ejecutivos autonómicos se han lanzado a anunciar rebajas de impuestos. Se trata del procedimiento habitual de cada nuevo ciclo electoral. El argumento principal en este caso es que resulta necesario compensar a la población por el efecto de la inflación (la subida de precios, desbocada ya al 10,5%), pero la consecuencia será también una merma millonaria de recursos para las arcas públicas en plena crisis. A las rebajas fiscales aprobadas por los Ejecutivos del PP en Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Murcia se sumó este martes por sorpresa el valenciano Ximo Puig, del PSOE, que anunció una reducción del IRPF aunque subrayando que en su caso beneficiará sólo a “las clases medias y trabajadoras”. Y en la estela de Puig se sitúan ya otras cuatro comunidades con presidente socialista: Castilla-La Mancha, Aragón, Canarias y Navarra han confirmado a este periódico que estudian rebajas de impuestos.

Esa posición de algunas comunidades del PSOE va en contra del discurso defendido en las últimas semanas por el Gobierno de Pedro Sánchez, que —después de un año volcado también en bajar los impuestos vinculados al recibo de la luz, lo que redujo la recaudación del Estado en 10.000 millones— acababa de anunciar un nuevo tributo a las grandes fortunas y otras subidas puntuales, aún sin especificar, como vía necesaria para aumentar los recursos de los servicios públicos. “Creo que todos tenemos que hacer un discurso responsable porque, cada vez que hablamos de política fiscal y de reducir la política fiscal, de lo que estamos hablando es de reducir ingresos, de reducir recursos”, afirmó este martes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. De las 17 comunidades autónomas, 11 han anunciado bajadas de impuestos o lo están estudiando, mientras reclaman más financiación al Estado. La campaña de recaudación del IRPF del año próximo arrancará en abril, en plena precampaña electoral para los comicios autonómicos y municipales de mayo.

Comunidad Valenciana

El presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, ha anunciado este martes una rebaja fiscal con tres patas: reducción progresiva (de entre el 0,3% y el 21%) del tramo autonómico del IRPF para 1,3 millones de personas con rentas inferiores a 60.000 euros anuales; ampliación de la población exenta de pagar ese impuesto por tener ingresos muy bajos; y aumento de un 10% en una serie de deducciones ya existentes (a alquileres, reformas del hogar, nacimientos y adopciones o ayudas a familias monoparentales). Esta reforma fiscal supondrá en total una merma de 150 millones de euros al año para las arcas públicas. Puig la ha justificado porque beneficia a “la mayoría de la sociedad valenciana”. “Ni inmovilismo ni regalos fiscales a las fortunas”, ha dicho.

Galicia

Galicia se ha subido al carrusel de medidas fiscales con rebajas a los más ricos y también a las rentas bajas y medias. La Xunta subirá del 25% al 50% la bonificación del Impuesto de Patrimonio a los algo más de 7.000 contribuyentes que lo abonan, lo que supondrá que las arcas autonómicas dejarán de ingresar 17 millones de euros al año. El Gobierno gallego introducirá cambios también en el IRPF de los gallegos que cobran rentas de hasta 35.000 euros anuales. La palabra clave es “deflactación”: evitar que una hipotética subida de sueldos para compensar la subida de precios haga que muchos contribuyentes acaben pagando más IRPF al pasar de un tramo de renta al siguiente; para frenar ese efecto, la Xunta elevará un 4,1% los límites que marcan el salto de un grupo a otro. Según los cálculos del Gobierno gallego, la merma en los ingresos públicos por esta medida será de 46 millones.

Castilla-La Mancha

Emiliano García-Page, presidente socialista de Castilla-La Mancha, prepara nuevas rebajas de impuestos para determinados colectivos, que anunciará durante el debate del estado de la región el próximo 4 de octubre, según fuentes de su Ejecutivo. Esas rebajas se sumarán a otras que ya ha tomado en esta legislatura, como la deducción de hasta el 25% del IRPF por vivir en zonas despobladas o con riesgo de despoblamiento, que ha beneficiado a 90.000 familias y ha costado a las arcas públicas unos 30 millones de euros.

Aragón

El presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha recordado este martes que, en el pacto para su investidura, el cuatripartito que gobierna la comunidad (PSOE, Partido Aragonés, Chunta Aragonesista y Podemos) acordó que no se movería la política fiscal en esta legislatura “ni para arriba ni para abajo”. En el último año, sin embargo, “han cambiado las cosas”, no solo por la pandemia sino por la inflación desbocada. “Parece razonable que abordemos el debate de la inflación y sus efectos y como paliarlos, y el debate de la fiscalidad”, ha dicho Lambán. El consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón, está planificando ya una ronda de contactos con todos los partidos para “avanzar en acuerdos” y ver cómo actualizar la fiscalidad. “Cualquier cambio que pudiera producirse tendría que ser por acuerdo de los cuatro partidos”, ha recalcado el presidente socialista.

Canarias

En Canarias, también gobernada por el PSOE, fuentes de la Consejería de Hacienda rechazan las “rebajas generalizadas de impuestos”. Sin embargo, sí creen en “medidas que permitan aliviar el impacto de la inflación [la subida de precios] en la ciudadanía”, y ese tipo de medidas son las que están “valorando”. “El Gobierno de Canarias siempre ha sido partidario de aplicar ayudas y/o ajustes fiscales selectivos y temporales para hacer frente a necesidades sobrevenidas de los ciudadanos, tal y como ha hecho ya con ocasión de la covid, la erupción del volcán de La Palma o la escalada de precios”, señala un portavoz. “Y esa es la línea que se seguirá”, siempre que se cumplan dos condiciones: “que su coste fiscal sea asumible y que sean progresivas”.

Navarra

El Gobierno de Navarra (PSN, Geroa Bai y Podemos) trabaja en nuevas medidas fiscales, entre las que se incluye la rebaja del IRPF a las rentas más bajas, según fuentes de la Consejería de Hacienda, que no ofrece aún detalle de las posibles medidas. Los partidos que sustentan al Gobierno y EH Bildu se han mostrado partidarios de reducir un 3% el IRPF a las rentas inferiores a 32.000 euros. Y los socios del Ejecutivo, con los socialistas a la cabeza, tampoco se cierran a una futura deflactación del IRPF, como defiende el principal grupo en la oposición, Navarra Suma (UPN, PP y Ciudadanos), si bien apuestan por priorizar la rebaja fiscal a las rentas más bajas. El único grupo que se opone por ahora a la deflactación es EH Bildu, socio presupuestario del Ejecutivo foral durante esta legislatura.

Andalucía

La última rebaja fiscal aprobada el 20 de septiembre por la Junta de Andalucía —la sexta desde que el popular Juan Manuel Moreno llegó al Gobierno en 2019— contempla tres medidas: la supresión del canon del agua durante 2023; la deflactación de los tres primeros tramos de la tarifa autonómica del IRPF, donde tributan el 82% de los contribuyentes andaluces, según los datos facilitados por la Consejería de Hacienda; y la bonificación al 100% del Impuesto sobre el Patrimonio, un tributo que supone el 0,6% de la recaudación (95 millones de euros) y que en 2020 pagaron 18.900 personas (el 0,2% del total de contribuyentes). De acuerdo con los cálculos de la Junta, las tres medidas supondrán una pérdida de recaudación de 359,2 millones, que distribuye así: 140 millones por el canon del agua, 124 millones por el IRPF y 95 millones por Patrimonio.

Murcia

El Gobierno de Murcia, del PP, anunció la semana pasada una rebaja del 4,1% en el tramo autonómico del IRPF para 330.000 contribuyentes que tienen rentas inferiores a 60.000 euros anuales. La comunidad autónoma dejará de ingresar entre 8,5 y 10 millones de euros. El presidente Fernando López Miras se planteó también eliminar el Impuesto de Patrimonio, pero por ahora la medida sigue solamente “en estudio”.

Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso (PP), ha anunciado que deflactará el IRPF de 2022 en todos sus tramos (con una merma de recaudación de unos 200 millones); que ampliará al 25% la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones para hermanos y tíos y sobrinos (48,3 millones menos de recaudación, 11.500 beneficiarios); y un proyecto de deducciones fiscales para estudios, arrendamiento de vivienda o cuidado de personas en situación de dependencia (92 millones de euros menos y 700.000 beneficiarios). Ese conjunto de reformas es la punta de iceberg de las rebajas fiscales acometidas por Díaz Ayuso desde que llegó al poder, en agosto de 2019. Desde entonces ha aprobado una rebaja de medio punto en todos los tramos del IRPF (lo que ha supuesto una merma de unos 330 millones en las arcas públicas) y ha suprimido los impuestos propios que mantenía la región (3,4 millones).

Cataluña

La Generalitat catalana lleva varios días lanzando el mensaje de que no es posible una rebaja de los impuestos. La semana pasada fue el consejero de Economía, Jaume Giró, quien avisó de que Cataluña “no se lo puede permitir”, y este martes ha sido el presidente, Pere Aragonès, quien ha resaltado que el Govern no participará en el “juego salvaje” de bajar impuestos a las rentas altas. “Quiero ser claro: Cataluña no entrará en el juego de rebajas fiscales populistas. La factura de reducir la carga fiscal al 1% más rico la paga el 99% de la población”, ha dicho en su intervención en el debate de política general en el Parlament, tras acusar a los gobiernos de Andalucía y la Comunidad de Madrid de “competencia desleal”. El Impuesto de Patrimonio aportó a la Generalitat 600 millones de euros en 2021, la mitad de todo lo recaudado por esa figura impositiva en el conjunto de España.

Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), prometió al inicio de este curso político “la mayor rebaja fiscal de la historia” de la comunidad que dirige en coalición con Vox. Ambos partidos han insistido en la rebaja de tributos como bandera política y ya han aprobado la primera medida: la rebaja del tipo base del IRPF, con un impacto que la Junta estima en 80 millones de euros en esta legislatura. Con los nuevos beneficios fiscales y los existentes, como el impuesto de sucesiones y donaciones que la Junta eliminó el año pasado, serán 2.500 millones los que dejarán de entrar en la hacienda castellanoleonesa en este mandato, según los cálculos oficiales.

País Vasco

Las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa (gobernadas en coalición por PNV y PSE) anunciaron en julio un paquete de medidas para compensar la inflación y los efectos de la crisis económica, que supondrán dejar de ingresar en total 249,5 millones de euros. La medida principal consiste en deflactar un 4% todos los tramos del IRPF. También aprobaron una deducción que será de hasta 200 euros para los contribuyentes con rentas inferiores a 30.000 euros.

Baleares

El Gobierno de Baleares —cuya presidenta, la socialista Francina Armengol, dirige un tripartito de PSOE, Podemos y Més per Mallorca— no se plantea por el momento tocar la fiscalidad. Fuentes del Ejecutivo subrayan que las bajadas de impuestos generalmente suponen reducir o empeorar los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, lo que se traduce en situaciones concretas como más alumnos por clase, más pacientes en lista de espera sanitaria, menos transporte público o menos ayudas para diversos colectivos necesitados de ellas.

Extremadura

Extremadura no contempla una rebaja de impuestos, y menos de los tributos cedidos por el Estado. El Gobierno del socialista Guillermo Fernández Vara está estudiando únicamente la congelación de las tasas públicas, explican fuentes de la Junta. “Tenemos un buen número de bonificaciones y exenciones orientadas a mantener la progresividad, no desnaturalizar los tributos y, sobre todo, garantizar que sean equitativas”, afirman para explicar su rechazo a una bajada generalizada de impuestos.

Asturias

El Gobierno de Asturias, del PSOE, no contempla “ningún cambio de envergadura en materia fiscal, ni al alza ni a la baja”, afirma un portavoz. Desde la Consejería de Hacienda destacan que, en la actual negociación presupuestaria, “la apuesta del Gobierno es la de mejorar e implementar una amplia batería de deducciones fiscales encaminadas a afrontar uno de los mayores problemas de Asturias, la despoblación, así como las destinadas a familias numerosas, autónomos, deducciones vinculadas al alquiler de viviendas, etcétera”.

La Rioja

El Gobierno de La Rioja, liderado por la socialista Concha Andreu, ha alcanzado un acuerdo con IU para mantener la estrategia fiscal de cara al año que viene y, por tanto, “no tocar los impuestos”. Así lo han dado a conocer el consejero de Hacienda, Celso González, y la diputada de IU, Henar Moreno, en una rueda de prensa este mismo martes, en la que han explicado el acuerdo alcanzado para la aprobación de los presupuestos de la comunidad. González ha afirmado que, mientras “otros se dedican a bajar impuestos a los ricos” el Gobierno riojano apuesta por una fiscalidad “justa y exigible, necesaria para la distribución de la riqueza”. “Los impuestos no sólo recaudan, sino que distribuyen”, ha incidido la diputada de IU.

Cantabria

El Gobierno de Cantabria, con el Partido Regionalista de Cantabria en coalición con el PSOE, ha modificado su posición en menos de 24 horas. Este martes, fuentes del Ejecutivo autonómico negaron rotundamente, a preguntas de este periódico, que fueran a aprobar reducciones en el IRPF o en cualquier otro impuesto el año próximo. Este miércoles, sin embargo, el propio presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado que estudia “incidir en algún tipo de impuesto” en las rentas más bajas, como medida “paliativa”.