El consejero de Economía afirma que Cataluña no puede eliminar ahora el impuesto de Patrimonio

La Generalitat de Cataluña no se puede permitir eliminar el impuesto de patrimonio, tal y como ha planteado el Gobierno andaluz, al menos mientras siga en vigor el actual modelo de financiación autonómica. Así lo ha defendido este miércoles el consejero catalán de Economía, Jaume Giró. Pero eso no quiere decir que dentro del Gobierno catalán no haya quien piense que sería mejor eliminar ese tributo estatal cedido a las comunidades. Giró ha entrado en el debate de la batalla fiscal afirmando que es posible que en algún momento se lo tengan que plantear “en serio y profundamente”. El impuesto de patrimonio aportó en 2021 a la tesorería de la Generalitat más de 600 millones de euros, la mitad de todo lo recaudado en el conjunto de España por ese tributo, según datos del Ministerio de Hacienda.

“Puedo garantizar que, si en Cataluña podemos suprimir algún día el impuesto de patrimonio, no haremos bandera para invitar a andaluces o traer empresas hacia aquí”, ha dicho Giró, criticando que una comunidad, como la andaluza, que no redistribuye recursos a otras comunidades a través de los fondos de solidaridad pueda al mismo tiempo rebajar sus impuestos.

Las palabras de Giró representan la posición de Junts en el Govern sobre este asunto, pero no la de ERC que, si bien mantiene un perfil bajo en lo que respecta a un tema espinoso como el de la fiscalidad, ya ha mostrado su oposición a la posibilidad de bonificar el impuesto de Patrimonio o el de Sucesiones y Donaciones, también en el foco de la derecha. Lo hizo cuando, en julio, Junts aprobó una ponencia en su congreso en la que abogaba por seguir el camino de la Comunidad de Madrid (el mismo que ha tomado ahora la Junta de Andalucía) y bonificar ambas figuras tributarias para rebajar la presión fiscal a las rentas altas.

Para salir al paso de aquella minicrisis, los republicanos aseguraron que la modificación de esos tributos no figuraba en el programa electoral de la coalición y que, por lo tanto, no se incluiría en los presupuestos, ámbito que controla Giró. Haber dicho lo contrario habría complicado sobremanera la negociación presupuestaria, ahora en ciernes. El año pasado el Govern aprobó las cuentas con el apoyo parlamentario de En Comú Podem, que este año es socio prioritario en esa negociación, aunque el PSC y la CUP también están en las listas de posibles aliados. Esos tres partidos están en contra de rebajar un impuesto que en Cataluña pagan 82.000 personas, apenas un 1% de la población.

La opinión de Giró expresada este miércoles difiere de la que su consejería trasladó el pasado marzo, cuando se elaboraba el Libro Blanco sobre la reforma tributaria. Entonces el Gobierno catalán abogaba por que fuera el Estado el que fijara una tributación mínima en todo el territorio y a partir de ahí cada comunidad autónoma pudiera fijar su participación en el impuesto. Influida por el modelo estadounidense, con su propuesta cada comunidad fijaría su propio porcentaje de gravamen. Si superaba o se situaba en el mismo nivel estipulado por el Gobierno central, la recaudación se la quedaría la comunidad. Pero, si el gravamen territorial, por una cuestión de imagen, era inferior, entonces el ejecutivo autonómico solo ingresaría hasta ese porcentaje y el resto iría a parar a las arcas del Estado, ya que todos los contribuyentes estarían obligados a pagar el tipo mínimo estatal. La Generalitat estimaba que, con su fórmula, se recaudarían 1.000 millones de euros más.

Consciente de que la modificación del marco tributario va para largo, la Generalitat proponía también una fórmula transitoria similar a la que impera en el IRPF. Es decir, que el impuesto de patrimonio tuviera un tramo fijado por el Estado y otro por las comunidades autónomas, de forma que existiera cierta homogeneización y evitar casos como el madrileño.

Pese al deseo de la Generalitat de mantener el impuesto de patrimonio, el Govern también es consciente de la complejidad de su gestión. “Es el tributo más difícil de controlar desde el punto de vista de la Administración”, afirma el economista Alejandro Esteller, que junto a José María Durán elaboró un informe sobre la brecha fiscal (la diferencia entre los ingresos estimados de un impuesto y lo que se acaba ingresando) de Cataluña. Para 2018, de una recaudación potencial de 768 millones de euros, apenas se ingresaron 428 millones, según el informe encargado por el Gobierno catalán. Esteller señala que el problema obedece básicamente a la dificultad de rastrear bienes en el extranjero y a la presencia de bienes fácilmente ocultables.

El ataque de Giró al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, fue seguida por el president Pere Aragonès, quien arremetió contra lo que denominó “catalanofobia fiscal” como único objetivo para conseguir votos en las próximas elecciones municipales. Giró había dicho que las declaraciones de Moreno Bonilla son uno de los motivos por las que “algunos”, entre los que se incluyó, quieren irse de España “lo antes posible”.

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