El Gobierno arremete contra la competencia fiscal a la baja que impulsan las comunidades del PP

El Gobierno se ha lanzado en tromba contra la intención de la Junta de Andalucía de imitar la fiscalidad de la Comunidad de Madrid, ambas gobernadas por el PP, en las que las rentas más altas son claramente las más beneficiadas. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha apelado a los españoles a que hagan una “reflexión” sobre propuestas como la supresión del impuesto de Patrimonio que esta semana ha realizado el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno. “La inmensa mayoría no está entre ese grupo de elegidos. Son unos pocos quienes en este país y en Andalucía tienen patrimonios superiores a un millón de euros. Si la pregunta que le hacemos a los ciudadanos es si se encuentran entre esos elegidos, el 99% diría que no. Y si les preguntásemos si creen que [la retirada de] ese impuesto les beneficia, la respuesta sería que no. Es una decisión que nos afecta a todos: la Junta de Andalucía va a dejar de recaudar millones de euros por eliminar este impuesto a los más ricos. Eso se traduce en menos recursos para la comunidad autónoma para contratar a médicos, maestros o para la gratuidad de los libros de texto”, ha referido Rodríguez. “Dos comunidades autónomas [Madrid y Andalucía] se han embarcado en una competencia a la baja significada en la eliminación de los impuestos a las grandes fortunas. Hay quien está embarcándose en una carrera absolutamente destructiva a la baja que empieza por la eliminación de esos impuestos”, ha remachado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

“El modelo social del PP es radicalmente contrario al del PSOE: defienden los intereses de los más poderosos y nunca lo vamos a copiar. Ustedes perdonan los impuestos a la banca, las energéticas y los grandes patrimonios y los cargan sobre los trabajadores de este país”, ha espetado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la sesión de control del Senado.

La rebaja fiscal anunciada por el barón del PP beneficiaría solo a un 0,2% de los andaluces. Unos 20.000 contribuyentes han tributado en la comunidad más poblada de España (8,5 millones de habitantes) por este impuesto, que este año ha recaudado 120 millones. Madrid es la única comunidad de toda España que bonifica al 100% patrimonio, el impuesto que grava la riqueza. En el caso del impuesto de sucesiones y donaciones, en la práctica también lo eliminó hace años con una bonificación del 99%. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha adelantado además que rebajará el IRPF de acuerdo con la inflación, aparte de nuevas deducciones fiscales para vivienda o educación. Castilla y León también se ha comprometido a aprobar una “rebaja fiscal histórica” que no ha concretado.

La competencia a la baja de una nueva comunidad del PP, esta vez Andalucía, no solo ha reabierto el melón de la política fiscal en España, uno de los países de la UE con la presión tributaria más baja: el 39,1% del PIB al cierre del año pasado, siete puntos menos que la media de la UE. El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos cree que el PP ha vuelto a situarse de una manera evidente en defensa de los ciudadanos más privilegiados, dando la razón a las críticas de Pedro Sánchez de que Alberto Núñez Feijóo y el principal partido de la oposición representan los intereses de los poderosos, como ya se vio en su rechazo la semana pasada de rechazar los gravámenes temporales a las grandes empresas energéticas y bancarias por los beneficios extraordinarios a consecuencia de la guerra de Ucrania. “Estamos ante un debate muy importante, se trata de confrontar dos modelos muy distintos, el que defiende este Gobierno de la mayoría, del 95% de españoles, frente a unas políticas del PP que se dirigen a una minoría: a los patrimonios de más de un millón de euros o las becas para ricos en la Comunidad de Madrid [a rentas de más de 100.000 euros para estudiar en centros privados]”, incidió la portavoz del Ejecutivo. El impuesto sobre el patrimonio grava la riqueza de los contribuyentes superior a los 700.000 euros y tiene en cuenta los bienes muebles e inmuebles. “¿De qué lado está el PP? Bueno, vamos despejando la duda”, ha reiterado Rodríguez.

La agitación por el seguidismo de Andalucía de la política impositiva que Madrid abandera desde tiempos de Esperanza Aguirre ha provocado que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se mostrase partidario de centralizar impuestos para evitar el “despropósito” de que las comunidades autónomas compitan entre sí en materia fiscal. Escrivá, en declaraciones a Onda Cero, ha dejado claro que esta es una opinión “a título personal”, que ya defendió en el pasado cuando presidía la Autoridad Fiscal (Airef). La portavoz del Gobierno ha recalcado que no entra en los planes del Ejecutivo. “El ministro ha dicho que era una opinión personal y no hay nada que aclarar. El trabajo del Gobierno es abordar cualquier avance en fiscalidad siempre de la mano del sistema de financiación. No tenemos una maquinita para [pagar] maestros, médicos, contribuir a prestaciones como la dependencia... Esa varita se llama fiscalidad”, ha apostillado. El modelo de financiación está pendiente de renovar desde 2014. Las direcciones de PSOE y PP dan por hecho que no será posible un acuerdo como mínimo hasta que se celebren las elecciones autonómicas y municipales de mayo y las generales de finales de 2023. El Gobierno subraya la “incoherencia” que supone que comunidades como Andalucía reclamen más ingresos de un modelo de financiación que consideran injusto y al mismo tiempo impulsen una bajada de impuestos a las rentas más pudientes. “Es una absoluta contradicción cuando la Junta en el ámbito competencial está rebajando impuestos al 0,2% de los andaluces. Y resulta que está permanentemente confrontando con el Gobierno porque dice que no tiene suficientes recursos”, ha reprochado la ministra de Hacienda.

”Me parece un despropósito que las comunidades se dediquen a competir fiscalmente unas con otras”, ha subrayado por su parte Escrivá, que ha considerado que eliminar el impuesto de patrimonio es una medida “extraordinariamente regresiva” justo en un momento en lo que se requiere es hacer políticas redistributivas para las personas más vulnerables por los efectos de la inflación. “Las comunidades autónomas lo que tienen que hacer es dedicarse a mejorar la provisión de servicios en Sanidad, en Educación... Esto de la competencia fiscal entre ellas es un asunto que jamás he entendido”, ha indicado. La presidenta de la Comunidad de Madrid le ha replicado: “Voy a ser la peor pesadilla de las personas que intenten subir los impuestos en la Comunidad de Madrid. No se entiende que con lo que se está viviendo, comunidades autónomas que somos motor de creación de empleo, motor económico para España se nos niegue esa libertad y esa prosperidad y se intenten cerrar mientras no actúan de la misma manera en nada en otras regiones donde ni se cumple la ley ni el Estado de Derecho”.

El ministro ha explicado que esta situación deriva de un sistema de financiación autonómica “mejorable”, que es el que decide los recursos con los que debe contar cada comunidad para proveer a los ciudadanos de servicios públicos fundamentales, como sanidad y educación. En España, ha precisado Escrivá, se decidió ir a un sistema de cesión de impuestos completos y tramos de impuestos, aunque él se ha mostrado a favor del modelo australiano, donde la asignación de recursos autonómicos se decide en función del gasto efectivo per cápita en cada uno de los servicios públicos que se genera.

“Es un modelo mucho más fino. En cambio, en España estamos muy instalados en esta cesión de impuestos que tiene mucha tradición, pero que a mí, personalmente, no me gusta y que genera estas derivas tan indeseables como las que estamos viendo estos días”, ha subrayado. Para el ministro, este es un debate “fundamentalmente técnico, no político”. “Los ciudadanos entienden que las comunidades autónomas juegan un papel central en la provisión de servicios de Educación, Sanidad o Dependencia y eso ya es tan importante...”, ha concluido.

Cataluña ha rechazado inmediatamente la propuesta de Escrivá. “Hay una parte de los miembros del Gobierno que tienen tendencia a recentralizarlo todo en diversos ámbitos. La centralización casi nunca es la mejor de las opciones”, ha asegurado este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, y ha añadido que el objetivo del Ejecutivo catalán es “administrar el 100% de sus impuestos”. No obstante, Plaja ha sido más contundente al responder la propuesta del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, de eliminar el impuesto de Patrimonio y el llamamiento a los empresarios catalanes para que se trasladen a Andalucía. “Cataluña decidirá sus impuestos teniendo en cuenta las necesidades de los catalanes, no entrando en una subasta populista que no aporta nada”, ha exclamado Plaja. La portavoz catalana también ha pedido a Bonilla que oriente sus políticas poniendo a los andaluces en el centro. “Que dejen a los catalanes en paz”, ha remachado.

Protestas de otras comunidades

La eliminación del impuesto de Patrimonio en Andalucía ha encontrado el rechazo inmediato de las comunidades con gobiernos socialistas. “Eliminar el impuesto de patrimonio, que en Asturias afecta a 3.500 personas, supondría perjudicar al resto de la población. Yo creo que compensa más que los ricos paguen más impuestos y a cambio tengamos estas políticas sociales”, ha observado el presidente de Asturias, Adrián Barbón. “Además tengo la teoría de que la gente que paga el impuesto patrimonio considera que es justo que se pague porque tienen una visión fiscal progresiva”, ha abundado el barón del PSOE, que ha puesto de ejemplo que sin este impuesto habría que suprimir el incremento de la ayuda a la compra de libros o el incremento de la ayuda contra pobreza energética a 30.000 familias.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha señalado que no está “contra los ricos” pero ha abogado por ir más allá de “una bajada masiva de impuestos” que proponen “las derechas” en algunas comunidades ya que a su juicio solo contribuiría a “debilitar el Estado social”. En cambio, Puig se ha declarado partidario de que “cada uno aporte según sus posibilidades”. “Cantabria tiene unas 3.000 personas de altas rentas que pagan impuesto de Patrimonio y la recaudación no es que sea muy elevada, pero son 15 millones de euros. Tendríamos que estudiar si esos millones compensan el hecho de que pueda haber una fuga de patrimonios a otras comunidades autónomas que eximen este impuesto”, ha apuntado Miguel Ángel Revilla. El presidente cántabro ha añadido que estudiará “qué repercusiones tiene para Cantabria que empiecen a abrirse especies de paraísos fiscales para determinados impuestos para no quedarnos descolgados”.