Escrivá critica la competencia fiscal entre autonomías: “No tiene mucho sentido”

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, José Luis Escrivá, se ha mostrado este jueves crítico con la competencia fiscal entre las comunidades autónomas españolas, cuando, ha dicho, “claramente estamos avanzando a nivel mundial hacia evitar la competencia fiscal entre países y más en Europa”. “No tiene mucho sentido que a nivel autonómico estemos recorriendo el camino contrario. Hay que abordar el tema de forma decidida”, ha señalado en Valencia el expresidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en una conferencia de prensa junto al presidente valenciano, Ximo Puig, después de una reunión.

Escrivá se ha mostrado partidario de estudiar fórmulas como las planteadas por el socialista Puig en su propuesta de que la Comunidad de Madrid compense al resto de territorios por los beneficios del efecto de la capitalidad. “Se trataría de “compartir con todos esa mayor productividad generada por el apoyo público”. Un plus de riqueza no se genera por azar, “sino gracias al sustento público estatal y a las economías de aglomeración”, manifestó el presidente valenciano en Madrid el pasado 21 de julio en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

“Yo estaba presente en ese desayuno donde el presidente Puig desarrolló brillantemente ese concepto de una compensación para aquellas personas que viven con zonas con menos aglomeración y, por tanto, no tienen las economías que genera vivir en grandes espacios, donde la productividad es mayor”, ha afirmado el ministro. “Esto es algo que se ha estudiado y creo que tiene mucho sentido, me parece que es una idea que hay que seguir explorando y que tiene mucho recorrido”.

La intervención de Puig en julio provocó la inmediata reacción del Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidida por el PP. Con anterioridad, el presidente valenciano ya había denunciado en numerosas ocasiones lo que califica como dumping fiscal madrileño. El portavoz del Gobierno madrileño y consejero de Educación, Universidad y Ciencia, Enrique Ossorio, aseguró que el PP lleva años “bajando los impuestos y controlando el déficit” de Madrid mientras que Puig, que gobierna desde 2015, ha organizado en la Comunidad Valenciana un “infierno fiscal”, donde las rentas bajas, ha señalado, pagan un 10% y las más altas un 25,5%, frente al 9% y el 21% que aplica el Gobierno madrileño. La Comunidad Valenciana, añadió, “tiene una deuda pública brutal; dicen que Madrid es un paraíso fiscal cuando todos tenemos las mismas reglas del juego: cada uno lo hemos hecho de una manera”.

Deuda de la Comunidad Valenciana

Este jueves, el consejero valenciano de Hacienda, Vicent Soler, ha incidido: “Si aplicáramos la reforma fiscal de Díaz Ayuso en la Comunidad Valenciana de bajar medio punto todos los tramos de renta, en las rentas bajas de hasta 12.500, el ahorro sería de 3,36 euros; y en las rentas altas de más de 175.000, el ahorro medio sería de 1.593 euros. Las rebajas lineales siempre benefician a los que tienen más. Además, la Comunidad de Madrid bonifica un 99% los impuestos de sucesiones y de patrimonio, pero nosotros con un criterio diferenciamos entre sucesiones familiares y empresariales, en las que la bonificación es prácticamente la misma. que en Madrid. Nuestros impuestos son progresivos y buscan paliar las desigualdades”. Soler apunta que la deuda de la Comunidad Valenciana, una de las más elevadas de España, se origina por los “graves problemas de infrafinanciación” de la autonomía, la peor financiada de España, a pesar de que su renta per capita es inferior a la media española.

El ministro Escrivá ha hablado de la propuesta de Puig, pero no ha mencionado el caso concreto de Madrid, ni la creación de un impuesto a las rentas altas como una opción para paliar esa compensación, como sugirió el presidente valenciano en una respuesta en aquel desayuno. Sus palabras han provocado la reacción del consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, que ha calificado el supuesto impuesto de “madrileñofobia fiscal”. “El Gobierno de Pedro Sánchez nos quiere poner un impuesto a los madrileños por ser madrileños, es una persecución fiscal”, ha afirmado el consejero. Lasquetty considera “que ya está bien” y que a Madrid “le va bien con impuestos bajos”, además de añadir que van a continuar bajando tributos como el IRPF o sucesiones.

Escrivá sí ha cargado las tintas contra el Gobierno madrileño del PP por sus críticas a la falta de información sobre el ingreso mínimo vital que gestiona su ministerio. “Madrid ha mostrado poco interés en desarrollar políticas de protección social complementarias con el ingreso mínimo vital; es más, lo han utilizado para ahorrarse, ahorrarse y, en este caso, parece ser que querían ahorrarse las ayudas del comedor para los niños más vulnerables con el argumento espurio de que no tenían la información adecuada, cosa que no es así”.

Puig ha manifestado que coincide “absolutamente” con Escrivá y ha reiterado que no cree que tenga ningún sentido que haya dumping fiscal en España cuando se intenta establecer un “suelo fiscal” en los países desarrollados. Por tanto, a su juicio es positivo todo lo que contribuya a garantizar la igualdad de los españoles “desde la singularidad territorial”. “Los regalos fiscales siempre acaba pagándolos alguien”, ha recalcado el también líder del PSPV, quien apuesta por armonizar los impuestos en el conjunto de la Unión Europea para implantar una base común y que “realmente exista igualdad de oportunidades”.

La política fiscal ha surgido al término de la reunión mantenida entre Escrivà y Puig, a la que han asistido tres consejeros valencianos también. Han sido preguntados por unas declaraciones en una entrevista a Efe de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que anunciaba que el próximo mes de noviembre se recabarán todas las consultas de las autonomías para definir la población ajustada, el criterio que regirá el cambio del modelo de financiación autonómica. Montero también se refirió a la necesidad de alcanzar la armonización fiscal en España. Puig ha celebrado el primer paso para cambiar el sistema atendiendo a un criterio, como el poblacional, ajustado al envejecimiento y otros posibles factores que condicionan los recursos.

Por otro lado, Escrivá y la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, han llegado este jueves a un acuerdo para crear una ventanilla única para gestionar el ingreso mínimo vital estatal y la renta valenciana de inclusión, en virtud del cual el ministerio transferirá recursos necesarios a la Generalitat. Próximas reuniones deberán concretar esta vía, pero el ambiente ha sido de concordia tras unas iniciales diferencias entre ambas administraciones. La Generalitat completa con su renta de inclusión, de la que hay 72.000 beneficiarios desde 2018, el ingreso mínimo vital del Gobierno. Este llegará próximamente en la Comunidad Valenciana a unos 100.000 beneficiarios, según ha dicho el ministro.