La justicia argentina da la razón a Martín Villa y confirma que se anula su procesamiento por delitos de lesa humanidad

La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ha confirmado que se anula el procesamiento por delitos de lesa humanidad de Rodolfo Martín Villa, quien fuera ministro de Relaciones Sindicales y Gobernación (Interior) en los primeros Gobiernos en España tras la muerte del dictador Francisco Franco. El tribunal ha tomado esta decisión por dos votos a uno, según la resolución fechada este lunes y a la que tuvo acceso EL PAÍS. Los magistrados han rechazado así el recurso presentado por los impulsores de la llamada “querella argentina” sobre la represión franquista, que llegaron a conseguir que la jueza María Servini de Cubria procesase en octubre de 2021 al exdirigente de UCD por cuatro homicidios policiales sucedidos en los años setenta del pasado siglo. Una decisión que fue revocada dos meses después.

De esta forma, la larga batalla judicial en Argentina escribe un nuevo capítulo. Después de que las acusaciones y la defensa expusieran sus argumentos la pasada semana ante la Cámara Federal, esta ha declarado “inadmisible” el recurso presentado por los primeros contra el dictamen de la Cámara de Apelaciones de Argentina, que el pasado diciembre anuló el procesamiento de Martín Villa decretado por la jueza Servini. Ese tribunal de segunda instancia ya consideró que resultaba “insuficiente” la prueba recabada por la instructora contra el exministro, de 87 años, que ha recibido el respaldo por escrito de todos los expresidentes de Gobierno de la democracia vivos y de otros 15 antiguos líderes políticos y sindicales.

La mayoría de la Cámara Federal ha considerado que no puede aceptarse el recurso porque el dictamen de la Cámara de Apelaciones no constituye “una sentencia definitiva ni un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones”. Es decir, se puede seguir investigando. Sin embargo, el tercer magistrado ha expuesto una tesis diferente: en su opinión, se deberían haber aceptado las alegaciones de las acusaciones y devuelto el caso al tribunal de segunda instancia para que emita un nuevo pronunciamiento. Según este tercer juez, al anular el procesamiento por falta de pruebas, la Cámara de Apelaciones no “examinó integral y fundadamente” toda la documentación que consta en la causa.

El pasado octubre, la jueza Servini decidió procesar a Martín Villa por cuatro homicidios policiales ocurridos en los primeros años tras la muerte de Franco y que no fueron debidamente juzgados en España. Entre estos sucesos, figuran la muerte de tres obreros por disparos de la Policía Armada el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, la peor matanza provocada por las fuerzas del orden en la Transición, y la muerte de otra persona abatida por disparos de los agentes en los sanfermines de Pamplona de 1978. Servini consideraba a Martín Villa, “prima facie [a primera vista], autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado” de estas cuatro víctimas de la represión.

Martín Villa pasó entonces a la ofensiva. Su defensa, que corre a cargo de Jesús Santos en España —del prestigioso bufete Baker McKenzie y abogado, entre otros, de María Dolores de Cospedal, ex secretarial general del PP; y de Francisco González, expresidente del BBVA—, recurrió a la Cámara de Apelaciones. Y este tribunal concluyó solo dos meses después que Servini incurrió en un “desacierto en la calificación jurídica” al considerar a Martín Villa “autor mediato” de estos crímenes “por el dominio de un aparato de poder organizado”.

El procesamiento quedó anulado. La Cámara de Apelaciones rechazó que las muertes que se imputaban al exministro durante la Transición constituyesen crímenes de lesa humanidad —un tipo de delito que permitía encausar a Martín Villa en aplicación del principio de justicia universal—. Además, el tribunal advertía que no se podían “relajar exigencias probatorias”: “Lo cierto es que no se ha probado en autos la existencia de un aparato de poder, a plena disposición de Villa, que impartiendo órdenes (a la Policía, en este caso) permita considerarlo como autor mediato de los hechos aquí investigados”, decía.

Sin embargo, la acusación recurrió a la Cámara Federal al considerar que el tribunal de segunda instancia había valorado de forma errónea la prueba. En su opinión, en la causa constan pruebas suficientes para actuar contra el exministro español y para demostrar que “existieron delitos de lesa humanidad”: “La base fáctica, por la que Martín Villa fue inicialmente imputado y posteriormente procesado en instancia por la jueza Servini, no puede ser deslindada o desvinculada de la propia base fáctica que consta debidamente acreditada en el conjunto de la presente causa criminal, habiéndose probado, sin género de dudas, que los hechos concretos que sustentan la imputación y el procesamiento deben ser contextualizados como un ataque sistemático y/o generalizado contra la población civil”.

La causa contra Martín Villa se abrió en 2014 y, desde entonces, el exministro siempre ha defendido su inocencia. Incluso, se negó a acogerse a la Ley de Amnistía de 1977 y, en septiembre de 2020, declaró como imputado por videoconferencia desde la Embajada de Argentina en Madrid: “He venido a defenderme, porque me rebelo a vivir en presunción de culpabilidad en vez de presunción de inocencia, pero sobre todo para defender que es imposible que en la Transición hubiese un genocidio”, dijo. El exdirigente de UCD también explicó que las muertes investigadas se produjeron en un contexto de alta conflictividad social y añadió: “España no se acostó un día franquista y al siguiente se levantó democrática ni constitucional”.

En una carta enviada en los últimos días a la Cámara Federal de Casación Penal, Martín Villa remacha: “[En] la Transición española a la democracia, un periodo en el que formé parte del Gobierno, no hubo ni muchísimo menos un plan sistemático para eliminar a adversarios, sino todo lo contrario: se llevó a cabo un proceso de reconciliación entre los españoles y de restablecimiento de las libertades”. El exministro detalla que, cuando ocurrió la matanza de Vitoria, él no era responsable de la Policía. Y añade que, tras el crimen de Pamplona, tomó medidas en el Cuerpo “para actuar contra los responsables”.