Los cuatro expresidentes del Gobierno y exlíderes sindicales acuden en defensa de Martín Villa ante la querella argentina

Los cuatro expresidentes del Gobierno de la democracia que siguen vivos –Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy– y otros 15 líderes políticos y sindicales han escrito testimonios en defensa de la actuación del exministro Rodolfo Martín Villa durante la Transición ante la querella por crímenes contra la humanidad por la que le mantiene imputado desde octubre de 2014 la juez argentina María Servini. Martín Villa, titular de Relaciones Sindicales y Gobernación (Interior) en los primeros ejecutivos tras la muerte de Franco, declarará este jueves por la tarde voluntariamente por videoconferencia ante la magistrada desde la embajada de Argentina en Madrid.

El expolítico, de 85 años, se encuentra encausado por la muerte de 12 personas por disparos de las fuerzas de seguridad y de elementos de ultraderecha durante sus años en los Ejecutivos de Carlos Arias Navarro y Adolfo Suárez. Entre estos episodios figuran los llamados sucesos de Vitoria, la matanza de cinco obreros en huelga el 3 de marzo de 1976 durante el desalojo por la Policía Armada de la iglesia de San Francisco de Asís de la capital alavesa.

Además de los cuatro expresidentes, han aportado testimonios en favor de Martín Villa los dos ponentes vivos de la Constitución –Miquel Roca y Miguel Herrero de Miñón– así como cuatro ex secretarios generales de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores: Nicolás Redondo, Antonio Gutiérrez, Cándido Méndez y José María Fidalgo. Asimismo, han testimoniado los exministros de Asuntos Exteriores Josep Borrell y Marcelino Oreja, ambos con experiencia en responsabilidades de la Unión Europea. En sus escritos, todos ellos corroboran que el político y hombre de empresa leonés “siempre actuó con un total compromiso para defender el Estado de Derecho y reformar las fuerzas de seguridad del Estado”, afirman fuentes de su defensa.

Martín Villa ha solicitado en al menos seis ocasiones a la magistrada argentina que le tome declaración por estos hechos e incluso llegó a comprar billetes de avión para viajar a Buenos Aires a declarar personalmente el pasado diciembre. Sin embargo, cambios en la agenda de la juez Servini y la irrupción de la pandemia de covid-19 han hecho que el interrogatorio se celebre con retraso y por videoconferencia.

La “querella argentina”, promovida por familiares y amigos de varias víctimas de actuaciones policiales en la Transición, atribuye al exministro haber participado en un “plan para aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes”. En una carta dirigida a la magistrada el 25 de agosto pasado, Martín Villa subraya que entre las personalidades políticas y sociales que ahora presentan testimonios en su favor figuran líderes de la oposición cuya “eliminación física” supuestamente él buscaba.

Entre los testimonios se encuentran los de dos exgobernantes extranjeros con responsabilidades sobre cuerpos policiales en periodos de transición a la democracia, el primer ministro del Interior de Chile tras Pinochet, Enrique Krauss, y el primer ministro del Interior de Mario Soares en Portugal tras la revolución de los claveles, Jaime Gama.

También han testimoniado los exministros Eduardo Serra y Rafael-Arias Salgado, presidentes de la Fundación España Constitucional y de la Fundación Transición Española; Juan van Halen, exsenador y actual presidente de la Asociación de exdiputados y exsenadores de las Cortes Generales; Jaime Ignacio del Burgo, expresidente de la Diputación Foral de Navarra, y el catedrático Jesús Romero Trillo, responsable de “procesos de paz” de la Comunidad de Sant’Egidio, institución especializada en mediar para que organizaciones violentas dejen el terrorismo.

Desde octubre de 2014, el exministro se ha negado a ampararse en la Ley de Amnistía y en la prescripción de los delitos, ocurridos hace más de 40 años. Asimismo, ha rechazado acogerse a las negativas de jueces españoles, la última la de la Audiencia en octubre de 2018, a las solicitudes de la juez argentina para interrogarle en España. Antes y después de cada uno de esos rechazos solicitó al Juzgado argentino que le tomase declaración.

Martín Villa siempre ha defendido que no tuvo responsabilidad alguna en la actuación policial de Vitoria ni podría haberla tenido al carecer de competencia sobre la policía en su condición de ministro de Relaciones Sindicales durante la presidencia de Arias Navarro. Además, en la querella le responsabilizan de otras seis muertes, estas sí ocurridas durante su etapa al frente de Gobernación, ya con Adolfo Suárez en La Moncloa. La primera de la que se le responsabiliza ocurrió en Santurce (Bizkaia) el 9 de julio de 1976, al día siguiente de su toma de posesión, y según los querellantes la causó disparos de un ultraderechista. La siguiente se produjo por disparo de un guardia civil en Hondarribia (Gipuzkoa) el día 8 de septiembre.

La tercera víctima fue un asistente a una manifestación proamnistía en Madrid el 23 de enero de 1977 que murió por disparos de un ultraderechista. El autor huyó, pero su cómplice fue detenido, juzgado, condenado y encarcelado. Las otras tres muertes se produjeron por acciones policiales durante la Semana Proamnistía de mayo de 1977 en Rentería (Guipúzcoa), Pamplona y Bilbao.