Traicionar la confianza, ocultar información o maniobrar a hurtadillas. Las graves acusaciones que se han cruzado los socios del Gobierno de coalición han tensionado La Moncloa desde que empezó la legislatura, de la que se cumplen dos años y medio. Los ataques entre ambos socios se han agudizado durante el recién clausurado curso político, una vez que el golpe de la pandemia se ha frenado y La Moncloa ha podido, en mayor o menor medida, afrontar las promesas legislativas que llegaron tras el abrazo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Con el exlíder de Podemos fuera del Ejecutivo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asumido el peso de las tensiones en el Consejo de Ministros. El estado de tensión permanente y la frágil aritmética parlamentaria no han impedido sacar adelante 155 iniciativas legislativas: 71 leyes, 83 reales decretos y un real decreto legislativo. En el horizonte cercano quedan tres decretos más pendientes de convalidación —como el controvertido texto de medidas para el ahorro energético— y la fase final de una docena de leyes de especial calado antes de que acabe el año; es el caso de la del “solo sí es sí” y la de Vivienda.

Una de las últimas luchas internas se desencadenó tras la aprobación en el Consejo de Ministros de un crédito para el Ministerio de Defensa de hasta 1.000 millones. Díaz reclamó una reunión urgente de la comisión de seguimiento de la coalición, que apuntaba a ser el sexto de los encuentros del gabinete de crisis llamado a reunirse cada vez que la tensión se eleva de tono. El armisticio se firmó sin llegar a celebrar la reunión. La ministra de Trabajo y el presidente del Gobierno pactaron no hacerse daño mediante un encuentro a solas antes de marcharse de vacaciones. El gasto de recursos ha sido uno de los mayores puntos de fricción entre los socios. Pero no el único. La ley de Presupuestos Generales del Estado es, precisamente, una de las normas que tendrán que discutirse y negociarse en el periodo parlamentario que se retomará al final de agosto. Las cuentas públicas presentadas por el Ministerio de Hacienda el año pasado lograron el respaldo de ERC, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País, Nueva Canarias, Compromís, Teruel Existe y PRC. Pero las recientes discrepancias con los socios parlamentarios del Gobierno, como Esquerra, han complicado la aprobación de los proyectos legislativos del Gobierno en los últimos meses.

Entre otros motivos, el rechazo de los republicanos a la reforma laboral propuesta por el Gobierno precipitó que este 2022 arrancase con uno de los capítulos más alocados que se recuerdan en el Congreso: un decreto convalidado gracias al error del diputado del PP Alberto Casero, que votó en contra de su partido. Los meses anteriores a este surrealista episodio transcurrieron con Yolanda Díaz y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ajustando en medio de una tensión extrema los términos de la norma. Una negociación que desembocó en la quinta y última reunión, esta vez sí, de la comisión de seguimiento de coalición, en octubre del año pasado.

La reforma laboral es una de las 155 iniciativas legislativas que se han aprobado definitivamente en lo que va de legislatura. Si se comparan estos datos con los del mismo período (dos años y medio) de la X legislatura —en la que Mariano Rajoy gobernó con mayoría absoluta y, por ende, con libertad total para sacar adelante las propuestas de los populares—, el Gobierno de coalición ha aprobado 19 leyes más que el de Rajoy, según los datos del Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes.

El departamento que encabeza Félix Bolaños ha tenido que desarrollar una labor negociadora que se ha intensificado estos últimos meses a raíz de las desavenencias con ERC, que se presuponía como uno de sus apoyos. Ninguno de los socios parlamentarios dio carta blanca al Ejecutivo tras la investidura, por lo que muchas leyes han tenido que pactarse in extremis. No solo desde la propia coalición, sino también en los trámites parlamentarios posteriores.

Más del 50% de decretos legislativos

Los trámites se abrevian, y se logran sortear, cuando las iniciativas legislativas se desarrollan mediante decreto. Es el caso de la reforma laboral y del último paquete de medidas de ahorro energético para armonizar las pretensiones de la Unión Europea pactadas en un consejo de ministros extraordinario celebrado a finales de julio en Bruselas. El Gobierno ya ha iniciado las conversaciones para que el Congreso convalide la norma energética próximamente. Será “una de las primeras medidas” que abordará la Cámara cuando se reanude el curso parlamentario. La negociación no se prevé sencilla. “Siempre se pueden hacer mejor las cosas, pero no es cierto que no haya habido diálogo”, apuntó Jaume Asens ante las acusaciones de falta de comunicación con las Comunidades Autónomas. El presidente del grupo de Unidas Podemos también anunció este jueves en una entrevista concedida a RNE que la maquinaria negociadora ya está en marcha. El PNV, uno de los socios del Ejecutivo, ya ha manifestado sus dudas sobre la aplicación del decreto.

El principal partido de la oposición persiste mientras tanto en el ataque frontar al Ejecutivo por las medidas de ahorro energético. El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, volvió a soltar artillería ayer desde San Sebastián. Precisamente, aludiendo a la producción legislativa de la coalición. “El Gobierno de Sánchez se ha acostumbrado a las imposiciones con más de 120 decretos en la legislatura, porque el diálogo se le da bastante mal incluso entre los partidos que conforman el Ejecutivo”. Pero son 83 y no 120 los decretos convalidados desde la inauguración de este Gobierno, más otros tres aprobados por el Consejo de Ministros que tienen que ratificarse en el Congreso en menos de un mes —de los 86, 15 corresponden a 2022—. Como ya hicieran otros Ejecutivos anteriores, la coalición ha llevado a cabo un uso excesivo de esta herramienta legislativa: más del 50% de las normas que han salido adelante han sido mediante decreto.

El artículo 86 de la Constitución recoge que “en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes”, que han de convalidarse en un plazo máximo de 30 días desde el visto bueno del Consejo de Ministros. Y desde que Sánchez llegó a la Moncloa, las situaciones anómalas se han ido precipitando una detrás de otra: la pandemia, la erupción del volcán de la Palma y la guerra de Ucrania. Cerca de la mitad de los decretos obedecen a estos acontecimientos extraordinarios. Volviendo a la comparación con la primera etapa de Rajoy —y teniendo en cuenta los primeros dos primeros años y medio de la X legislatura del PP—, de las 136 iniciativas legislativas sancionadas, 56 fueron por decreto, el 41,17%. No obstante, cuando un Ejecutivo gobierna con mayoría absoluta el uso del decreto es menos determinante en el resultado final, ya que la aprobación de cualquier ley está garantizada en el Congreso. Y, en menor medida, en un gobierno de mayoría simple con apoyos parlamentarios más estables.

Lo que está por venir

Además de los tres decretos pendientes de convalidación, se prevé que para finales de agosto y durante el mes de septiembre —con la renaudación del curso político—, se sancionen definitivamente tres leyes relevantes: la de Ciencia, la Concursal y la del “sí es sí”. Leyes que ya tienen un pie en el BOE tras superar el Senado y solo requieren de su vuelta al Congreso. La norma del “sí es sí” es otro ejemplo de tensiones en el seno Consejo de Ministros, y que finalmente salió adelante al retirar el PSOE la enmienda sobre prostitución que ponía en riesgo su aprobación.

Entre septiembre y final de año quedan otra decena leyes destacadas cuya tramitación parlamentaria está muy avanzada y que llegarán a puerto antes de enero de 2023. Entre ellas, la Ley de Memoria democrática, Secretos oficiales, ‘ley trans’ o Vivienda. Amén de los presupuestos generales.