Estas son las nuevas medidas acordadas por el Gobierno en el decreto anticrisis

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este sábado tras el Consejo de Ministros extraordinario para anunciar las medidas incluidas en el decreto anticrisis, con las que el Ejecutivo pretende contener en 3,5 puntos porcentuales la inflación provocada por la guerra de Ucrania y que estará vigente hasta el 31 de diciembre. Sin ellas, ha dicho, el IPC podría escalar hasta el 13% o 14%. “Estamos amortiguando el efecto y los costes de la guerra. Pero la inflación está frenando la recuperación económica en nuestro país. Esta guerra ha producido una extraordinaria incertidumbre sobre la economía europea y española, y que nos lleva a aprobar medidas adicionales”, ha subrayado Sánchez, que se ha mostrado muy “consciente” de las dificultades que sufren las familias por el alza de los precios.

El decreto, aprobado en la reunión extraordinaria, supone un esfuerzo presupuestario de 9.000 millones de euros. En total, a finales de año el Ejecutivo habrá invertido 15.000 millones de euros en medidas extraordinarias. Además de prorrogar hasta finales de año todas las ayudas temporales aprobadas en el decreto de primavera —como la ayuda de 20 céntimos por litro en los carburantes, cuya extensión costará algo más de 4.000 millones a las arcas públicas, el bono social reforzado o la suspensión de los desahucios—, se han acordado las siguientes medidas de choque:

• Una ayuda directa de 200 euros para hogares con ingresos inferiores a 14.000 euros anuales y un patrimonio de menos de 43.196 euros, descontando el valor de su vivienda habitual. El cheque —de una sola vez— tiene como objetivo que estas familias puedan afrontar el aumento en el precio de los bienes básicos de consumo, como los alimentos, que se han disparado en los últimos meses. El Gobierno estima que esta medida beneficiará a unos 2,7 millones de hogares y tendrá, por tanto, un coste de 540 millones de euros.
• Un aumento del 15% de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, así como del ingreso mínimo vital (IMV). El refuerzo de ambas prestaciones beneficiará a más de 800.000 hogares, según los cálculos del Ejecutivo. Los perceptores de cualquiera de ellas no podrán acogerse a la ayuda extraordinaria de 200 euros.
• Una reducción del 50% en el coste de los abonos y los títulos de transporte multiviaje (ida y vuelta no incluidos) de Renfe y de las líneas de autobuses que operan bajo la fórmula de la concesión estatal. Entrará en vigor a partir del 1 de septiembre, para evitar que la ayuda sea absorbida en gran medida por los turistas que visitan España en verano. La rebaja, costeada con dinero público —221 millones de euros, que el Gobierno sufragará con un “crédito extraordinario”, será del 30% en el caso de los servicios autonómicos o municipales. Las comunidades y los Ayuntamientos podrán completar esta rebaja hasta alcanzar el 50%.
• Un nuevo impuesto que gravará los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas. No solo afectará a las eléctricas, sino también a petroleras y gasistas, las que más han visto incrementadas sus ganancias por la crisis energética. Entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023, pero abarcará las ganancias cosechadas en 2022. Llegará al Congreso “en las próximas semanas”, según fuentes del Ejecutivo. “El objetivo”, dicen, “es repartir la carga del esfuerzo por la alta inflación y que aquellos sectores que estén obteniendo mayores beneficios por la subida de precios de los productos energéticos aumenten su aportación fiscal”. La medida, de la que por ahora se desconocen más detalles, sigue la estela de las aprobadas en Italia o el Reino Unido.
• Una bajada del IVA de la electricidad del 10% al 5%, tal como anunció Sánchez esta semana en el Congreso. Beneficiará a la práctica totalidad de los hogares, autónomos y empresas españolas (27,7 millones), independientemente del tipo de tarifa que tengan contratada y de su consumo habitual. Se mantiene la suspensión del impuesto de generación y la reducción del tributo especial hasta el mínimo permitido por la Comisión Europea: 0,5%, frente al 5,1% habitual. La rebaja de la carga fiscal llega después de que el tope al precio del gas natural para generación eléctrica, que entró en vigor hace diez días, esté dando menos resultado del esperado hasta la fecha: en su primera semana de aplicación, la rebaja en el precio de la luz en el mercado regulado rondó el 11%, frente a la horquilla de entre un 15% y un 20% prevista por el Gobierno.
• La congelación del precio de la bombona de butano en 19,55 euros (el precio fijado en la última revisión, en mayo) hasta final de año. Habitualmente, el precio se revisa cada dos meses en función de la cotización del petróleo en los mercados internacionales. De esta forma, el Ejecutivo sitúa al butano en el mismo plano que el gas natural (su sustitutivo más lógico para los hogares), cuya tarifa regulada está limitada desde principios de 2022.