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El Constitucional pide que su renovación se haga “en tiempo y forma” y que se cumpla la ley “de manera íntegra”

Trevijano y Xiol abogan ante la comisaria europea de Valores y Transparencia por una “aplicación uniforme” del derecho europeo por parte de los Estados miembros

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourova, y el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, este miércoles.
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourova, y el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, este miércoles.@TConstitucionE
José María Brunet

El Constitucional ha aprovechado la visita de la comisaria europea de Valores y Transparencia, Vera Jourova, para pronunciarse sobre la necesidad de que en breve se alcance un acuerdo entre el Gobierno y el PP para su renovación. En un comunicado hecho púbico al término de la entrevista de Jourova con el presidente del tribunal, Pedro González Trevijano, y con el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, el tribunal de garantías subraya que ambos han coincidido con la comisaria europea en que en el proceso de cambio de cuatro magistrados debe cumplirse la Constitución “de manera íntegra”, expresión que alude a que la previsión legal es que el Constitucional se renueve cada tres años por tercios.

El tribunal de garantías terminó el pasado día 12 su mandato con la actual composición, por lo que tanto el presidente como el vicepresidente, y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez Vares, deberán abandonar su cargo en este proceso de renovación. El comunicado difundido tras la visita de la comisaria europea ―que es también vicepresidenta de la Comisión― afirma que Trevijano, Xiol y Jourova coincidieron en que “todos los órganos constitucionales, incluyendo al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional deben ser renovados en tiempo”. También insta “a que los operadores políticos cumplan y hagan cumplir la Constitución y la ley de manera íntegra, con el fin de satisfacer su deber constitucional en el plazo más breve posible”.

Con la alusión al cumplimiento de la Constitución y la ley en su integridad, el tribunal expresa su deseo de evitar que los cambios pendientes en el órgano de garantías desemboquen en un conflicto legal sobre la viabilidad de una renovación parcial de la institución. Esta posibilidad existe, en la medida en que el propio Gobierno considera que le cabe nombrar a los dos magistrados que le corresponde designar, sin esperar a que un acuerdo con el PP permita el nombramiento de otros dos magistrados por parte del Consejo General del Poder Judicial.

La eventualidad de que se pusiera en marcha una renovación parcial del tribunal ha generado preocupación y un fuerte debate interno en el Constitucional, cuyo pleno tiene que dar el plácet a los nuevos magistrados. En los últimos días, esa inquietud se ha rebajado tras las manifestaciones del vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, que ha anunciado para el mes que viene una propuesta del PP al PSOE para renovar el órgano de gobierno de los jueces, ya que con ello se han abierto expectativas de que pueda alcanzarse un acuerdo para desbloquear la renovación de dichas instituciones.

Trevijano y Xiol expusieron a la comisaria europea, por otra parte, la necesidad de asegurar una “aplicación uniforme” de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea por parte de “todos” los Estados miembros de la UE. Este tipo de preocupaciones ya fueron manifestadas por magistrados y expertos en derecho constitucional al presidente del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Koen Lenaerts, durante la visita que realizó a Madrid el pasado mes de mayo.

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El presidente del TJUE ya dijo entonces que comprendía la importancia de la decisión pendiente en esta institución sobre las euroórdenes del Supremo español relacionadas con los exmiembros del Gobierno catalán reclamados por el juez Llarena. Lenaerts explicó que la sentencia se dictará probablemente antes de finales de año.

El propio Lenaerts declaró entonces que los Estados no podía tener opiniones diferentes sobre el derecho de la Unión, al tiempo que expuso su convicción de que es preciso obtener un sistema judicial armónico entre los socios europeos. Trevijano abogó por fomentar “el diálogo entre jurisdicciones” para conseguir una interpretación acorde de las leyes nacionales y comunitarias. Un camino —dijo— en el que es importante “evitar decisiones contradictorias”.

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