Yolanda Díaz defiende una reforma de la Ley de Secretos Oficiales

Yolanda Díaz aboga por reformar la Ley de Secretos Oficiales. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha considerado este miércoles que la norma, aprobada en 1968, “no tiene demasiado sentido” en el contexto actual y ha recordado que fue modificada diez años después de que viera la luz, antes de la aprobación de la Constitución, para “hacerla compatible” con las comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados. Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, y en plena tormenta por el supuesto espionaje llevado a cabo con el programa Pegasus, la titular de Trabajo también ha ensalzado el “paso al frente” dado por el presidente Pedro Sánchez en este caso.

“La democracia no ha de tener miedo a saber”, ha afirmado Díaz al ser preguntada por si se debería cambiar la ley que regula los secretos oficiales tan solo un día antes de que comparezca en comisión, este jueves, la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, que está en el punto de mira tras haberse conocido el escándalo. “Cuando el presidente del Gobierno ha sido espiado, nuestro país merece una explicación”, ha enfatizado la vicepresidenta, quien considera que se trata de una cuestión de “máxima gravedad” que “pone en tela de juicio” la democracia. “Lo que está pasando es que tenemos muchas tareas pendientes. Tenemos una norma, la Ley de Secretos Oficiales, que es del año 1968, que fue modificada en el 78. Tenemos viejos procederes y derecho a saber lo que ha pasado”, ha afirmado en relación con el supuesto espionaje a políticos independentistas en Cataluña (también en el País Vasco), a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al propio Sánchez. La vicepresidenta ha señalado que una vez concluidas las investigaciones, “si hay que depurar responsabilidades, efectivamente, depúrense”.

Después de descartar una propuesta del PNV, bloqueada en el Congreso desde 2016, el Gobierno ya decidió el año pasado, antes de la remodelación del Ejecutivo de julio, poner en marcha su propia reforma de la ley y crear para ello una comisión dirigida por el Ministerio de la Presidencia (que ocupaba entonces la vicepresidenta primera Carmen Calvo, y ahora Félix Bolaños) e integrada por Defensa, Interior y Exteriores. El departamento de Díaz ha solicitado este mismo miércoles formar parte también de ese organismo. La norma, con los años, se ha quedado desfasada, según precisan en el entorno de la vicepresidenta, y habría que “adecuarla” a las circunstancias actuales. Su articulado no contempla, por ejemplo, un plazo de caducidad para la clasificación de documentos, por lo que estos podrían permanecer secretos eternamente.

Además, el decreto que desarrolla la ley, con fecha de 1969 y, por tanto, en pleno franquismo, está firmado por el almirante Carrero Blanco y regula asuntos como el cambio de combinación de las cerraduras de las cajas fuertes o la destrucción de las materias secretas “por medio del fuego o procedimientos químicos”. Asimismo, uno de los órganos habilitados para clasificar documentos, la Junta de Jefes de Estado Mayor, no existe ya —desapareció con la reforma de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional de 2005— y solo contempla dos categorías de clasificación (secreto y reservado), sin recoger las más habituales (confidencial y difusión limitada), ni la de máxima protección (muy secreto).

Comisión de investigación

Interrogada sobre si debería haber una comisión de investigación sobre el caso Pegasus, una propuesta que respalda Unidas Podemos, pero que fue rechazada el martes con los votos de PSOE, PP, Vox y Cs, Díaz ha utilizado la misma fórmula que en el resto de preguntas (“no hay que tenerle ningún miedo a la investigación sobre estos hechos”), aunque evitó la crítica directa al socio de Gobierno.

La responsable de Trabajo ha afirmado que la decisión del presidente “es la acertada, dar un paso adelante” y ha pedido “prudencia”. “Vamos paso a paso, veamos cada una de las comparecencias y después, con todo el compendio de lo que tengamos, tomemos decisiones. Pero desde luego, creo que hay tareas pendientes. Una norma que es de 1968 en el año 2022 no tiene demasiado sentido”.

Cuestionada sobre las palabras del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que afirmó el martes que el caso Pegasus se puede “cargar” la legislatura, Díaz ha defendido la acción del Gobierno (”está transformando el país”) y ha criticado que los republicanos no apoyasen la semana pasada el decreto de medidas anticrisis. ”Esto es lo que digo de la política útil. Y lo digo para todas aquellas formaciones que se han alejado de lo que necesita la ciudadanía y han hecho partidismo. La política la concibo de otra manera. Votar que no a un conjunto de medidas que mejoran la vida de la gente no es lo que quiere la ciudadanía. De hecho, la brecha enorme que hay entre la ciudadanía y la representación pública se explica por comportamientos como estos”.

En otro momento de su discurso, la vicepresidenta —arropada en el acto por la portavoz de Más Madrid, Mónica García, o los ministros Bolaños, José Luis Escrivá, Alberto Garzón y Joan Subirats, además de algunos diputados de UP—, ha defendido una “modernización de los partidos” y ha asegurado que emprenderá “cuanto antes” su llamado “proceso de escucha”, una gira por España —que ya tenía ultimada para esta primavera, pero que la crisis de Ucrania retrasó— para “conversar” con diferentes colectivos y construir una plataforma política de cara a las próximas generales. “No me conformo y voy a estar dando un paso adelante para que mi país no esté gobernado por el odio”. Se ha referido así a un proceso “democrático de fondo” y ha anunciado que podría haber una decisión sobre si será ella la cabeza visible de ese proyecto “a final de año”.