El PSOE y el PP vetan la comisión de investigación sobre Pegasus, pero Sánchez tendrá que comparecer en el Congreso
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, sobre el supuesto espionaje a más de 60 independentistas: “Sí, esto se puede cargar la legislatura y la democracia”
La comisión de investigación del Congreso sobre el escándalo Pegasus ―el supuesto espionaje a más de 60 independentistas vascos y catalanes con un programa israelí― no ha salido finalmente adelante por los votos en contra del PSOE, el PP, Cs y Vox. Las derechas y los socios parlamentarios del Gobierno han forzado, sin embargo, que el presidente Pedro Sánchez comparezca sobre ese caso ante el pleno, aunque todavía no hay fecha. Este supuesto espionaje, del que alertó el grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, ha puesto en el alero la estabilidad de la legislatura. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, lo ha expresado este martes sin ambages: “Quien crea que esto se va a tapar y no se va a cargar la legislatura no está evaluando lo que tiene enfrente. Esto es un escandalazo a nivel internacional que está llegando a mesas de ministerios y de diputados”. La directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, comparecerá este jueves a las nueve de la mañana en la comisión de secretos del Congreso, según fuentes de la Cámara.
El caso Pegasus coge recorrido ahora en las Cortes y con consecuencias impredecibles y alianzas políticas extrañas. La comisión de investigación pedida por los aliados nacionalistas e independentistas del Ejecutivo con Unidas Podemos ha sido rechazada por el PSOE y gracias al apoyo del PP, Cs y Vox. El portavoz del PSOE en la Cámara, Héctor Gómez, no agradeció ese gesto y utilizó su comparecencia para arremeter con extrema dureza contra el nuevo líder popular, Alberto Núñez Feijóo, al que acusó de falta de “responsabilidad y lealtad” por poner “en duda” la versión ofrecida por el Gobierno. Gómez le llamó “irresponsable, demagogo y absolutamente oportunista”. El PP, no obstante, presumió luego de ese apoyo específico para bloquear esa comisión “por responsabilidad y sentido de Estado” pero se agregó a las demandas de los aliados separatistas para que Sánchez vaya a un pleno a dar en persona su versión. Y los populares y otros grupos exigen que ese pleno sea monográfico y no se mezcle con otros asuntos pendientes en la agenda, como el giro sobre la postura de España sobre el Sáhara.
En ese ambiente de desconfianzas cruzadas se produjo este martes la dura intervención de Gabriel Rufián, antes incluso de la reunión semanal de la Junta de Portavoces, donde se ha abordado la petición de hasta 10 partidos con representación en el Congreso de crear una comisión de investigación sobre el supuesto espionaje con el programa israelí que, en teoría, solo se vende a gobiernos y agencias oficiales. El portavoz de ERC ha precisado que su análisis ya “no es una amenaza o una advertencia”. “Sí, esto no solo se puede cargar la legislatura, se puede cargar la democracia”, ha añadido el diputado catalán. ERC, Junts, PNV, EH Bildu y otros partidos habitualmente socios del Ejecutivo, como Unidas Podemos, habían exigido la formación de una comisión de investigación.
Rufián ha descalificado las explicaciones que dio el lunes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y ha reclamado que se actúe con todos los mecanismos a disposición del Estado. El portavoz de ERC ha querido aclarar que no requería esas aclaraciones “como independentista, progresista o republicano”, sino “como demócrata”.
El dirigente republicano catalán ha subrayado ―como han hecho varios portavoces de distintos partidos aliados del Gobierno― que en este caso se ha producido de manera evidente por lo menos un fallo en los sistemas de control de los propios servicios de inteligencia, si se tiene en cuenta que los espionajes contrastados al presidente Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, se produjeron entre mayo y junio de 2021, y hasta el fin de semana no se actuó. Esas formaciones volvieron a insistir en la idea de que hace falta que se asuman algunas responsabilidades. Algunos dirigentes, como Íñigo Errejón y hasta Pablo Echenique, dieron a entender sus recelos sobre que para restablecer la confianza entre los socios progresistas de investidura esta grave crisis política se pretenda resolver por parte del Gobierno con investigaciones llevadas a cabo o lideradas por personas directamente implicadas en la misma, en alusión a la ministra Robles o a la responsable del CNI, Paz Esteban.
Los portavoces de ERC, Junts, PNV y hasta el de Unidas Podemos han requerido al PSOE, antes de entrar en la Junta de Portavoces, que variara su posición y aceptase la comisión de investigación, que ven más útil para indagar de una manera planificada y metódica lo que ha podido suceder, una opción que prefieren a esperar a la comparecencia el jueves de la directora del CNI, Paz Esteban, en la comisión de gastos reservados, también conocida como comisión de secretos oficiales. No se ha permitido esa opción.
Esos grupos sostienen que dicha comisión de secretos no es la más apropiada, porque suele ser meramente informativa. Y rechazan el argumento del PSOE y del Gobierno para oponerse a la de investigación, el de que en ella no se podrían aportar datos o detalles de una indagación todavía incipiente y en curso. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, incluso ha negado que los comparecientes no puedan aportar aspectos teóricamente secretos porque, según ha asegurado, algunos ya los adelantó el ministro Bolaños el lunes en la conferencia de prensa desde La Moncloa.
La posición del PP en contra de la comisión de investigación no se ha conocido hasta avanzada la mañana, porque tenían algunas dudas sobre el comportamiento del Gobierno en este caso. Los populares han pedido más información y algunas aclaraciones. La portavoz en el Congreso y secretaria general, Cuca Gamarra, ha justificado más tarde el rechazo porque quiso resaltar “el sentido de Estado y de lealtad a los españoles” del PP sobre todo frente a las críticas y cuestionamientos contra ese Estado y muchas de sus instituciones que entiende que formularon un socio de coalición, Unidas Podemos, y muchos de investidura que le sustentan.
El PP, eso sí, ha registrado una petición para que el jefe del Ejecutivo comparezca en un pleno monográfico, en línea con una solicitud similar registrada el 22 de abril por varios grupos independentistas y aliados parlamentarios del Gobierno como Más País y Compromís y que sí prosperó tras la reunión de la Junta de Portavoces de este martes. Ciudadanos también apoyó esa idea, que finalmente ha salido adelante. Unidas Podemos ya había avanzado que votaría contra esa iniciativa junto al PSOE porque consideran que no es el mejor momento, pero otros partidos socios, como el PNV, sí avisaron de que si no se permite la comisión de investigación, respaldarían la comparecencia de Sánchez.
Vox se situó en el bloque del no a la comisión, porque entienden que no se corresponde con los límites que marca la ley a las actuaciones del CNI, pero sí vio “sentido” a que el presidente se explaye sobre Pegasus en un pleno.
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